A un año del desplazamiento forzado, familias de Buenavista siguen sin poder volver a sus casas

A un año de que un grupo armado de Santa María Yolotepec irrumpiera en la comunidad de Buenavista, perteneciente al municipio de Santiago Yosondúa, en la región Mixteca de Oaxaca, 225 personas desplazadas por ese ataque continúan sin poder regresar a sus hogares. Autoridades municipales y comunales de Yosondúa reclamaron la falta de una solución por parte del gobierno estatal, encabezado por Salomón Jara Cruz, mientras las familias, integradas en 86 núcleos familiares, siguen viviendo desde entonces en la azotea y los corredores del palacio municipal.

Regiones de Oaxaca | 23 de agosto de 2026

Qué pasó hace un año

De acuerdo con el relato de las autoridades y pobladores de Buenavista, el 18 de agosto de 2025 un grupo de hombres armados de la comunidad vecina de Santa María Yolotepec irrumpió de manera violenta en la agencia, con disparos de armas que, según denunciaron, son de uso exclusivo del Ejército. Cerca de 225 personas, entre ellas alrededor de 90 niñas y niños, huyeron de sus casas ese mismo día. Los atacantes incendiaron un primer grupo de 14 viviendas, cifra que en los meses posteriores aumentó hasta alcanzar unas 29 casas quemadas, además de vehículos, cultivos destruidos y ganado sustraído. Este relato corresponde a la versión de las autoridades de Santiago Yosondúa y de las propias personas desplazadas; hasta el cierre de esta nota no se localizó un pronunciamiento público de las autoridades de Santa María Yolotepec sobre estos hechos.

Un conflicto agrario de 77 años

Detrás del ataque hay un conflicto agrario de más de siete décadas entre ambas comunidades por la posesión de mil 625 hectáreas. Representantes de la Defensoría Popular «Ricardo Flores Magón», que acompañan a los desplazados, han señalado que en 2010 un juez federal otorgó un amparo que reconoció esa superficie como parte de Santiago Yosondúa, y que un posterior recurso promovido por Santa María Yolotepec habría ratificado esa resolución, por lo que consideran que ya no se trata de una disputa agraria sin resolver, sino de una invasión de tierras. Sin embargo, la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos de Oaxaca (CADH), dependiente del gobierno estatal, ha descrito el caso como un conflicto que se desarrolla «en un contexto donde existe una sentencia agraria que reconoce la propiedad del territorio a favor de Santa María Yolotepec». Se trata de dos lecturas jurídicas contrapuestas sobre la propiedad de las tierras en disputa, que ninguna instancia ha resuelto públicamente de manera definitiva.

Un año viviendo en una azotea

Desde el día del ataque, la mayoría de las familias desplazadas vive en una sección techada con láminas sobre la azotea y los corredores del palacio municipal de Santiago Yosondúa, donde las mujeres cocinan en anafres y las autoridades instalaron lavaderos de concreto para la ropa; por las noches, tienden sus cobijas directamente en el suelo para dormir. Otras familias se refugiaron con parientes o amistades, y un número no determinado decidió emigrar fuera de Oaxaca en busca de trabajo y mejores condiciones de vida. Reportes de comunidades y organizaciones civiles documentaron, hacia enero de este año, condiciones de hambre y frío entre los desplazados, la mayoría de ellos personas de la tercera edad, mujeres, hombres y niñas y niños que, según remarcaron sus propias autoridades, «no son solamente números ni expedientes», sino familias con derecho a vivir en paz.

Una escalada con más violencia

El conflicto no se detuvo tras el desplazamiento inicial. Hacia noviembre de 2025, organizaciones que documentan el caso reportaron un recrudecimiento de la violencia entre ambas comunidades, con nuevas viviendas incendiadas y dos homicidios asociados al conflicto, sin que se detallara públicamente la identidad de las víctimas ni de los responsables. En ese mismo periodo, una persona identificada como comisariado de bienes comunales de Santa María Yolotepec fue detenida en relación con el desplazamiento forzado, de acuerdo con un reporte de La Jornada; no se cuenta con información adicional sobre el estado actual de ese proceso legal. En noviembre también se instaló una mesa de diálogo entre los gobiernos estatal y federal y representantes de Santiago Yosondúa, en la que se acordó, entre otros puntos, el retorno inmediato de las familias desplazadas a sus hogares, acuerdo que, a un año de distancia, no se ha concretado.

La intervención de organismos de derechos humanos

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió medidas cautelares tras los hechos de violencia, en las que solicitó al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) garantizar el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes desplazados, y al Sistema DIF Oaxaca implementar programas emergentes de asistencia social para las familias afectadas. En diciembre de 2025, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Paula Gaviria Betancur, visitó Oaxaca y sostuvo un encuentro directo con integrantes de la comunidad de Buenavista para conocer su situación. De acuerdo con la organización EDUCA, el caso se encuentra además ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hasta el momento no ha resuelto una solicitud de medidas cautelares relacionada con este desplazamiento.

Lo que piden hoy los desplazados

En su pronunciamiento de este fin de semana, las autoridades municipales y comunales de Buenavista insistieron en que buscan una solución pacífica y rechazaron cualquier intento de hacer justicia por propia mano, al señalar que los conflictos agrarios y territoriales deben resolverse mediante el diálogo, la conciliación y los procedimientos que marca la ley. Al mismo tiempo, exigieron que los delitos cometidos durante este año (entre ellos la quema de viviendas, vehículos y el saqueo de sus casas) sean investigados y sancionados, pues consideraron que la paz no puede significar impunidad. Los desplazados solicitaron a los gobiernos federal y estatal garantizar su seguridad, avanzar en las investigaciones correspondientes, instalar una nueva mesa de diálogo y conciliación, y garantizar su derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición, además de generar las condiciones necesarias para un eventual retorno voluntario, seguro, digno y sostenible a sus tierras.

Hasta el cierre de esta nota, el gobierno de Oaxaca no ha anunciado una fecha para el retorno de las familias desplazadas de Buenavista, y las investigaciones sobre los delitos cometidos durante el último año continúan sin que se conozca públicamente algún avance. Conforme al artículo 20 de la Constitución mexicana, toda persona debe presumirse inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por un juez.