Carmela Juárez tiene 41 años, el cuerpo marcado por quemaduras graves y más de dos años esperando que el Estado la reconozca. Sobreviviente de un ataque con gasolina perpetrado por su expareja en enero de 2023 en Matías Romero, Istmo de Tehuantepec, Carmela perdió a sus dos hijas en el incendio intencional. La Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV) de Oaxaca se ha negado a registrarla como víctima, bloqueándole el acceso a atención médica especializada, apoyo jurídico y reparación del daño que la ley le garantiza.
Política
23 de junio de 2026
El ataque: una madrugada de enero de 2023
La madrugada del 3 de enero de 2023, Carmela Juárez dormía en su hogar en Matías Romero junto con su suegra y sus dos hijas pequeñas cuando su expareja, identificado por las autoridades como Leonel M.A., roció gasolina en el interior de la vivienda y le prendió fuego. La FGEO documentó que la agresión fue precedida por una discusión en la que el agresor también golpeó a Carmela. El incendio dejó a las cuatro personas con quemaduras de segundo y tercer grado en todo el cuerpo. Las dos menores fueron trasladadas de urgencia vía aérea al Hospital de la Niñez de San Bartolo Coyotepec, donde fallecieron el 4 y 5 de enero. Carmela y su suegra sobrevivieron, aunque con secuelas físicas severas.
El agresor fue detenido en febrero de 2023, según confirmó la FGEO. Activistas y defensoras de derechos humanos calificaron el caso desde el inicio como un ataque de violencia química y violencia vicaria, la modalidad que se ejerce contra los hijos con el fin de dañar a la madre. El proceso legal contra Leonel M.A. avanza a cuentagotas, y hasta el momento no se ha dictado sentencia.
La segunda agresión: la del Estado
A más de dos años del ataque, Carmela enfrenta lo que organizaciones civiles denominan una segunda forma de violencia: la institucional. La CEAIV de Oaxaca ha obstaculizado su registro oficial como víctima, sin emitir hasta el momento una justificación pública que explique el rechazo al expediente. Sin ese reconocimiento formal, Carmela no puede acceder a los fondos de ayuda contemplados por la Ley General de Víctimas, a los tratamientos reconstructivos especializados que sus quemaduras requieren, ni al acompañamiento jurídico que por ley le corresponde.
La defensora Carmen Sánchez, de la Fundación Carmen Sánchez Mx, quien lleva once años acompañando a sobrevivientes de violencia química en México, se sumó públicamente al caso. «Su situación es devastadora. Además de las lesiones, perdió a sus dos hijas en medio de esta crueldad. Exijo justicia para Carmela, pero no solo eso: una justicia digna que incluya la reparación integral», declaró Sánchez tras reunirse con la sobreviviente. La defensa de Juárez, por su parte, ha manifestado que Carmela no solo debe vivir con las secuelas físicas y la ausencia de sus hijas, sino también «mendigando una justicia que por derecho le pertenece».
La Ley Malena vigente en Oaxaca, ignorada en la práctica
El caso de Carmela ocurre en un estado donde la violencia química está tipificada como delito grave desde que Oaxaca adoptó la llamada Ley Malena, legislación que toma su nombre de María Elena Ríos, saxofonista oaxaqueña sobreviviente de un ataque con ácido perpetrado en 2019 por su expareja, un exdiputado del PRI. Oaxaca es uno de los 13 estados de la república que han incorporado este marco legal. Sin embargo, activistas señalan que la tipificación no se traduce automáticamente en protección real para las víctimas. La Fundación Carmen Sánchez Mx tiene registradas más de 50 mujeres víctimas de violencia ácida en México, y datos del Subsistema de Lesiones y Causas de la Violencia del Sistema de Salud Pública indican que en 2022 al menos 105 mujeres fueron víctimas de ataques con sustancias químicas en contextos de violencia, de las cuales solo 28 lo reportaron al Ministerio Público.
La exigencia: registro, reparación y justicia
Organizaciones civiles y colectivos feministas en Oaxaca han escalado el caso a nivel nacional, señalando que la respuesta de la CEAIV no es un hecho aislado sino una constante que revictimiza a las mujeres que ya sufrieron violencia extrema. «La indiferencia institucional también mata a las mujeres», sostienen las activistas. La prioridad inmediata de la red de apoyo de Carmela es obligar a la Comisión de Víctimas a subsanar la omisión y garantizarle acceso a cirugías reconstructivas, acompañamiento psicológico y representación legal. Al cierre de esta edición, la CEAIV no había emitido ninguna postura oficial al respecto.
El proceso penal contra el presunto agresor, identificado con las iniciales L.M.A., continúa en curso ante los tribunales de Oaxaca. En apego al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario ante un juez competente. En cumplimiento de los estándares de protección periodística, este reportaje omite datos identificadores de las menores fallecidas.
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Fuentes: Chiapas Paralelo, Istmo Press, Aninoticias, La Jornada, Fundación Carmen Sánchez Mx.