La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó este martes la discusión de un proyecto que podría obligar a empresas maquiladoras a realizar dos pagos de IVA por operaciones relacionadas con mercancías importadas. La propuesta, presentada por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, también contempla un mecanismo de pagos mensuales para reducir el impacto financiero sobre las compañías. El conflicto involucra al menos 44 mil millones de pesos que el SAT busca recuperar y un crédito fiscal adicional de más de 6 mil millones de pesos determinado a Samsung. La medida todavía no está aprobada y no representa un incremento general del IVA para los consumidores.

Nacional | 10 de noviembre de 2026

La Suprema Corte de Justicia de la Nación pospuso este martes 10 de noviembre la discusión de un proyecto que podría cambiar la manera en que las empresas maquiladoras deben cumplir sus obligaciones relacionadas con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en determinadas operaciones de importación.

La propuesta, elaborada por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, respalda el criterio del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que considera que algunas operaciones realizadas por empresas manufactureras generan dos obligaciones fiscales distintas.

El asunto ha provocado una controversia entre las autoridades hacendarias y el sector maquilador, debido a que las empresas sostienen que ya cubrieron el IVA correspondiente al importar las mercancías, mientras que el SAT reclama un segundo pago relacionado con su adquisición a proveedores extranjeros.

Además de definir qué interpretación debe prevalecer, la Corte analiza una alternativa para evitar que las compañías tengan que cubrir en una sola exhibición los adeudos acumulados.

Aunque el asunto estaba previsto para discutirse este martes, el Pleno aplazó su revisión y no se ha confirmado una nueva fecha para resolverlo.

¿Por qué el SAT quiere cobrar dos veces el IVA?

El conflicto se relaciona con determinadas operaciones de empresas que participan en el programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX).

Este esquema permite importar temporalmente mercancías y componentes que se utilizan en procesos industriales destinados principalmente a la exportación.

En algunas operaciones, los materiales ingresan al país bajo un régimen temporal y posteriormente se transmiten a otra empresa mediante una figura conocida como retorno virtual.

Esta figura permite considerar que una mercancía ha salido y regresado al país para efectos aduaneros, aunque físicamente permanezca en territorio mexicano.

El SAT sostiene que estas operaciones pueden generar dos obligaciones de IVA.

La primera corresponde a la importación de las mercancías, que debe cubrir la empresa adquirente al introducirlas al país bajo el régimen correspondiente.

La segunda surge cuando la compañía mexicana compra esos mismos insumos a una empresa extranjera sin establecimiento en México, pues la autoridad considera que se trata de una operación de compraventa realizada dentro del territorio nacional.

Bajo esa interpretación, la empresa mexicana tiene la obligación de retener y enterar el IVA correspondiente a la operación con el proveedor extranjero.

Por su parte, las compañías que han impugnado este criterio argumentan que, debido al mecanismo de retorno virtual y a las disposiciones fiscales aplicables, no corresponde exigir una segunda retención.

La controversia no implica que la tasa general del IVA aumente del 16% al 32%, sino que se discute si existen dos hechos gravados distintos relacionados con las mismas mercancías.

SAT busca recuperar al menos 44 mil millones de pesos

La importancia económica del litigio radica en los créditos fiscales que la autoridad ha determinado contra empresas del sector.

De acuerdo con las cifras difundidas sobre el conflicto, el SAT reclama al menos 44 mil millones de pesos por retenciones de IVA que considera omitidas durante operaciones realizadas entre 2019 y 2023.

A esta cantidad se suma el caso de Samsung, empresa de origen surcoreano a la que la autoridad fiscal determinó un crédito de 6 mil 371 millones de pesos relacionado con operaciones correspondientes a 2015 y 2016.

Estos montos forman parte de controversias fiscales y no deben interpretarse como cantidades que ya hayan sido pagadas o que cuenten necesariamente con una resolución judicial definitiva.

El resultado del asunto podría tener consecuencias para otros procedimientos pendientes, especialmente para compañías que realizaron operaciones bajo esquemas similares.

Una resolución favorable al criterio del SAT fortalecería la posición de la autoridad hacendaria para exigir las retenciones correspondientes en los casos a los que resulte aplicable.

Sin embargo, el monto que finalmente pudiera recuperarse dependerá de las circunstancias particulares de cada empresa, los créditos determinados y las resoluciones de los procedimientos respectivos.

Ministra propone pagos mensuales para reducir el impacto financiero

Uno de los principales cambios de la nueva propuesta judicial es la incorporación de un mecanismo para disminuir las consecuencias económicas del cobro.

La ministra Yasmín Esquivel plantea que las obligaciones fiscales derivadas de estas operaciones no tengan que cubrirse mediante un desembolso único que pudiera comprometer la liquidez de las empresas.

El proyecto contempla que los pagos realizados mensualmente puedan aplicarse contra las retenciones no efectuadas en periodos posteriores, de manera sucesiva, conforme a las condiciones establecidas en la propuesta.

Con este mecanismo, las compañías cubrirían las diferencias que correspondan en cada periodo, en lugar de enfrentar inmediatamente el importe acumulado bajo una sola exigencia de pago.

La propuesta también contempla un tratamiento específico para determinadas cantidades originalmente adeudadas y su oportunidad de pago.

El objetivo sería equilibrar las facultades de recaudación del Estado con la capacidad financiera de las empresas manufactureras.

No obstante, estas facilidades todavía forman parte de un proyecto judicial y no constituyen un esquema aprobado que las compañías puedan aplicar automáticamente.

Tribunales mantienen criterios diferentes sobre el impuesto

El expediente que analiza la Suprema Corte corresponde a una contradicción de criterios identificada con el número 8/2025.

El problema surgió porque distintos órganos jurisdiccionales interpretaron de manera diferente las consecuencias fiscales del retorno virtual de mercancías.

Por una parte, el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte consideró que determinadas operaciones no generaban la obligación adicional de retener IVA, debido a los efectos jurídicos del retorno virtual.

En cambio, un tribunal colegiado sostuvo que esta figura tiene consecuencias principalmente aduaneras y no elimina la obligación tributaria derivada de una compraventa que ocurre físicamente en México.

El proyecto de Esquivel propone adoptar el segundo criterio, al considerar que la importación y la adquisición de mercancías a un proveedor extranjero constituyen operaciones jurídicamente distintas.

La resolución permitiría establecer una interpretación obligatoria para los tribunales que conozcan asuntos similares, dentro de los alcances legales de la jurisprudencia.

El Pleno está integrado por nueve ministros y se requieren al menos cinco votos para aprobar el criterio propuesto.

La Corte no resolverá en este expediente todas las posibles controversias constitucionales relacionadas con las reglas fiscales, sino la diferencia de interpretación que dio origen al procedimiento.

¿Qué consecuencias tendría para las maquiladoras y los consumidores?

De aprobarse la propuesta, las empresas involucradas en operaciones de retorno virtual tendrían que considerar las obligaciones de retención de IVA conforme al criterio que establezca la Suprema Corte.

Esto podría representar una carga financiera importante para compañías que mantienen créditos fiscales pendientes o que realizan habitualmente operaciones de importación y adquisición de insumos extranjeros.

El impacto sería especialmente relevante para el sector manufacturero de exportación, que tiene una presencia importante en estados como Chihuahua, Baja California, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.

Las empresas tendrían que revisar sus operaciones, determinar las obligaciones aplicables y, en su caso, ajustar sus procedimientos de cumplimiento fiscal.

Sin embargo, la discusión no representa la creación de un nuevo impuesto ni un aumento generalizado del IVA que pagan las personas al adquirir bienes y servicios.

Se trata de una controversia específica sobre la interpretación de obligaciones tributarias vinculadas con operaciones de comercio exterior.

Tampoco puede afirmarse que todos los negocios que importan mercancías quedarían sujetos automáticamente a un doble cobro, pues el expediente se concentra en un mecanismo aduanero determinado y en las disposiciones aplicables a esas operaciones.

La resolución sigue pendiente

El aplazamiento anunciado este martes deja abierta una de las controversias fiscales más relevantes para la industria maquiladora en México.

La Suprema Corte deberá decidir si confirma la interpretación del SAT y, en su caso, bajo qué condiciones se aplicaría el mecanismo de pagos mensuales planteado por la ministra Yasmín Esquivel.

La decisión podría influir tanto en litigios fiscales pendientes como en la manera en que las empresas estructuran sus operaciones futuras.

Por ahora, no existe una resolución definitiva de la Corte que apruebe el criterio de doble pago ni las facilidades propuestas.

El asunto permanece pendiente mientras las autoridades fiscales buscan recuperar recursos millonarios y las empresas esperan una definición sobre las obligaciones que legalmente les corresponden.