En Oaxaca se suman trabajadores del PJF a paro nacional

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En Oaxaca se suman trabajadores del PJF a paro nacional

Más de 1,500 empleadas y empleados dicen estar en riesgo tras la publicación de nueva normativa laboral.

La capital oaxaqueña se convirtió este 6 de noviembre en uno de los epicentros de la protesta nacional del Poder Judicial de la Federación (PJF). Elementos de la institución tomaron la sede ubicada sobre la avenida Juárez y colapsaron la circulación en esta arteria vial —una de las más importantes de acceso al Centro Histórico— en rechazo a la entrada en vigor de una nueva normativa publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

También, trabajadores tomaron los accesos en la sede ubicada en San Bartolo Coyotepec, al sur de la ciudad de Oaxaca.

En el estado de Oaxaca, la aplicación de este esquema, aseguran trabajadores, que pone en riesgo directo el sustento de más de 1,500 trabajadoras y trabajadores. La molestia radica en que la disposición faculta el despido del personal que desapruebe las evaluaciones, sin respetar la base laboral, la antigüedad ni los derechos adquiridos a través de las representaciones sindicales.

Ante el colapso del tráfico y el paro de actividades en las instalaciones locales, la dirigencia del movimiento en Oaxaca sumó su voz a las movilizaciones que se replican en al menos 20 entidades del país, exigiendo la apertura inmediata de mesas de diálogo con las autoridades federales para frenar la aplicación punitiva de la norma.

Los manifestantes oaxaqueños argumentan que garantizar una impartición de justicia eficiente exige fortalecer las capacidades del personal y no atentar contra la estabilidad de sus familias. Su pliego de demandas prioriza:

Acceso continuo a capacitación y actualización profesional en materia judicial.
Oportunidades efectivas de ascenso y desarrollo en la carrera judicial.
Reconocimiento institucional a la experiencia, preparación y trayectoria laboral.

Los trabajadores de la sede de Avenida Juárez advirtieron que mantendrán las acciones de presión y el paro de labores hasta obtener una garantía de respeto a sus derechos laborales por parte del Gobierno Federal

Este viernes 6 de noviembre de 2026, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron un paro nacional de labores en protesta contra los nuevos mecanismos de evaluación del desempeño establecidos por el Órgano de Administración Judicial (OAJ), al considerar que podrían poner en riesgo su estabilidad laboral y los derechos adquiridos durante años de servicio.

Entre las principales razones de la movilización destacan:

Temor a despidos: los trabajadores consideran que las nuevas evaluaciones podrían utilizarse para justificar la separación de sus cargos.
Inconformidad con los criterios de evaluación: cuestionan que el examen de conocimientos represente únicamente el 40% de la calificación, mientras que el resto dependa de valoraciones de superiores, compañeros y otros indicadores.
Defensa de la antigüedad laboral: exigen que se respeten sus años de servicio, experiencia profesional y derechos adquiridos.
Rechazo a posibles represalias: advierten que las evaluaciones podrían generar presiones laborales y decisiones arbitrarias sobre su permanencia.
Exigencia de diálogo: solicitan que el OAJ deje sin efecto el acuerdo publicado el 5 de noviembre y establezca un nuevo mecanismo de evaluación enfocado en la capacitación y el desarrollo profesional, no en los despidos.

De acuerdo con reportes periodísticos, la protesta se extendió a por lo menos 16 estados y diversas sedes judiciales de la Ciudad de México, entre ellas Oaxaca, Morelos, Veracruz, Nuevo León, Puebla y Michoacán.

Por su parte, el Órgano de Administración Judicial sostuvo que la primera evaluación, prevista para diciembre, tendrá carácter diagnóstico y no implicará despidos ni consecuencias individuales inmediatas para los trabajadores. Asimismo, manifestó su disposición al dialogo.

El conflicto refleja las tensiones que persisten tras la reforma judicial de 2024, particularmente respecto a las condiciones laborales, la permanencia del personal y los mecanismos de evaluación dentro del sistema de justicia mexicano.