El restaurante del periodista Ignacio Santiago Martínez fue atacado a balazos durante la madrugada del 7 de noviembre en Juchitán, Oaxaca. El comunicador denunció que desde julio había recibido amenazas y exigencias de 50 mil pesos por cobro de piso, cantidad que se negó a entregar. La Fiscalía estatal inició una investigación y activó sus áreas especializadas en delitos contra la libertad de expresión.
Regiones | 8 de noviembre de 2026
El restaurante de mariscos Rockaway, propiedad del periodista José Ignacio Santiago Martínez, director del portal informativo Pluma Digital Noticias, fue atacado a balazos durante la madrugada del sábado 7 de noviembre en Juchitán de Zaragoza, en la región del Istmo de Tehuantepec.
La agresión ocurrió en el establecimiento ubicado sobre la carretera Canal 33, en la colonia 19 de Marzo, donde sujetos armados dispararon contra la fachada antes de escapar. De acuerdo con el testimonio del periodista, los responsables serían dos personas que se desplazaban a bordo de una motocicleta.
El ataque dejó múltiples impactos de bala en el inmueble, aunque no se registraron personas lesionadas, ya que el restaurante se encontraba vacío al momento de los hechos, confirmó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).
Había denunciado amenazas y cobro de piso desde julio
Tras conocer lo ocurrido, Ignacio Santiago realizó una transmisión en vivo desde su establecimiento, donde mostró los daños ocasionados por los disparos y solicitó la intervención de las autoridades estatales y federales.
El periodista explicó que desde julio de este año había recibido amenazas relacionadas con una exigencia económica de 50 mil pesos para permitirle continuar con sus actividades comerciales. Aseguró que recibió un video con la exigencia y que presentó una denuncia ante las autoridades correspondientes.
En su testimonio, señaló que el ataque podría estar vinculado tanto con su negativa a entregar el dinero como con las denuncias públicas que ha realizado sobre la inseguridad en Juchitán.
Durante los últimos días, Santiago Martínez había difundido señalamientos sobre presuntas extorsiones contra comerciantes, transportistas y otros sectores de la población, además de cuestionar la actuación de determinados actores políticos de la región.
El comunicador también relató que alrededor de las 5:50 de la mañana recibió una llamada de la Policía Municipal para informarle sobre un establecimiento que había sido atacado. Minutos después confirmó que se trataba de su restaurante.
De acuerdo con su versión, al inspeccionar el inmueble se identificaron al menos 11 impactos de bala, presuntamente de calibre nueve milímetros. También afirmó que personal de la Fiscalía le comunicó la posible existencia de indicios de una agresión anterior contra el mismo negocio, aunque esta circunstancia no ha sido confirmada públicamente por la institución.
El periodista ya contaba con protección federal
José Ignacio Santiago Martínez es un periodista de origen zapoteco que ha dedicado parte importante de su trayectoria a la cobertura de hechos policiacos, violencia e inseguridad en el Istmo de Tehuantepec.
El comunicador ya había sido víctima de agresiones relacionadas con su actividad profesional y cuenta con medidas del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente del Gobierno federal.
Uno de los antecedentes ocurrió el 26 de enero de 2022, cuando sujetos armados persiguieron y dispararon contra el vehículo en el que viajaba sobre la carretera Yosonicaje-Tlaxiaco, en la región Mixteca de Oaxaca.
En aquella ocasión, el periodista viajaba acompañado de escoltas asignados por el mecanismo federal, quienes consiguieron evadir la agresión. Tanto Santiago Martínez como sus acompañantes resultaron ilesos.
El nuevo ataque contra su establecimiento vuelve a generar preocupación por las condiciones de seguridad en las que desarrolla su trabajo, especialmente porque ocurrió después de las denuncias de amenazas y extorsiones que había hecho públicas.
Fiscalía abre investigación especializada
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó que inició una carpeta de investigación por la agresión armada contra el restaurante del periodista.
Debido a la actividad profesional del propietario, la institución instruyó la intervención de la Vicefiscalía Regional del Istmo, en coordinación con las áreas especializadas en delitos contra la libertad de expresión de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trascendencia Social.
Personal de la Agencia Estatal de Investigaciones y especialistas en criminalística realizaron diligencias en el establecimiento, donde recolectaron indicios balísticos que fueron incorporados a la investigación para tratar de identificar a los responsables.
La Fiscalía también informó que brinda atención y acompañamiento a las víctimas y mantiene coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Policía Estatal para reforzar las acciones de seguridad en Juchitán.
Por su parte, Ignacio Santiago solicitó la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del gobernador Salomón Jara Cruz, a quienes pidió atender la situación de violencia y garantizar su seguridad y la de su familia.
Periodistas del Istmo exigen justicia y mayores garantías de seguridad
Después de conocerse la agresión, la Alianza de Comunicadores del Istmo de Tehuantepec condenó el ataque y exigió una investigación que permita identificar tanto a los autores materiales como a quienes pudieran haber ordenado los disparos.
La organización pidió que se considere la labor periodística de Santiago Martínez entre las principales líneas de investigación y que se revisen las medidas de protección con las que cuenta actualmente.
Asimismo, advirtió que este tipo de agresiones no solamente comprometen la seguridad de quienes ejercen el periodismo, sino también el derecho de la ciudadanía a recibir información sobre asuntos de interés público.
Un nuevo episodio de violencia contra la prensa en Oaxaca
El ataque contra el establecimiento de Santiago Martínez se suma a los antecedentes de agresiones y amenazas que han enfrentado periodistas en distintas regiones de Oaxaca, particularmente aquellos que documentan actividades delictivas, conflictos sociales y asuntos de seguridad pública.
La situación adquiere especial relevancia debido a que el comunicador ya se encontraba incorporado a un mecanismo federal de protección tras haber sobrevivido a una agresión armada en 2022.
Aunque contar con medidas de protección no elimina completamente los riesgos asociados con el ejercicio periodístico, su existencia implica el reconocimiento institucional de una situación de peligro que requiere seguimiento y atención.
En este caso, la investigación deberá esclarecer si los disparos fueron consecuencia de las amenazas de extorsión denunciadas desde julio, de las publicaciones del periodista sobre presuntas actividades criminales o de alguna otra circunstancia.
También será necesario determinar si existieron omisiones en la atención de las denuncias anteriores y si las medidas de seguridad vigentes resultaban suficientes frente a las amenazas que el comunicador asegura haber recibido.
La relación entre las exigencias económicas y el ataque armado constituye, por ahora, una hipótesis sustentada en las declaraciones del propio afectado, pero no una conclusión oficial de las autoridades investigadoras.
Sin detenidos ni responsables identificados públicamente
Hasta este domingo 8 de noviembre, no se han anunciado detenciones relacionadas con el ataque, ni existe una conclusión oficial sobre sus motivos.
La Fiscalía mantiene abierta la investigación y deberá determinar quiénes participaron en la agresión, cómo se organizó y si existe alguna relación con las denuncias previamente presentadas por el periodista.
El caso también ha puesto nuevamente sobre la mesa la situación de inseguridad que denuncian comerciantes y habitantes de Juchitán de Zaragoza, particularmente por los señalamientos relacionados con amenazas y cobros de piso.
Para Ignacio Santiago Martínez, los disparos contra su restaurante representan una nueva amenaza después de varios años de enfrentar riesgos relacionados con su actividad periodística.
El esclarecimiento de los hechos será fundamental no solamente para garantizar justicia al comunicador, sino también para determinar si se trató de una agresión destinada a intimidarlo por su trabajo informativo o por su negativa a entregar dinero a presuntos extorsionadores.
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