El Gobierno presenta una ley general para homologar el delito de feminicidio en todo México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el envío al Senado de una iniciativa de reforma constitucional con la que busca enfrentar de manera integral el feminicidio, uno de los delitos más graves y persistentes en el país. La propuesta plantea la creación de una Ley General en materia de prevención, investigación y sanción de este crimen, con el objetivo de unificar criterios en todo el territorio nacional y combatir la impunidad.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la reforma permitiría establecer la obligación de que todas las fiscalías investiguen cualquier muerte violenta de una mujer como feminicidio desde el inicio. Con ello, se pretende evitar que los casos sean clasificados erróneamente como suicidios o accidentes, una práctica que, reconoció, ha ocurrido con frecuencia. Este cambio, subrayó, representa un avance sustancial en el acceso a la justicia.

La iniciativa contempla penas de entre 40 y 70 años de prisión para quienes cometan este delito, además de multas económicas y un conjunto de 21 agravantes que podrían incrementar las sanciones. Entre estas se incluyen circunstancias como que la víctima sea menor de edad, adulta mayor, esté embarazada, tenga alguna discapacidad, o que el agresor sea servidor público. También se consideran factores como la existencia de violencia previa, signos de abuso sexual o contextos de desigualdad de poder.

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, destacó que la reforma busca homologar el tipo penal en todo el país, reconociendo diversas razones de género que configuran el feminicidio. Señaló que este esfuerzo no solo implica cambios legales, sino también una transformación institucional que involucra a autoridades, academia y sociedad civil en lo que calificó como una “lucha permanente”.

Además de las penas de cárcel, la propuesta incluye sanciones adicionales como la inhabilitación para ejercer cargos públicos, la pérdida de derechos hereditarios y la suspensión de la patria potestad o custodia. Asimismo, se prevé la unificación de protocolos de actuación para garantizar una investigación con perspectiva de género y una adecuada atención a las víctimas y sus familias.

El proyecto también incorpora medidas de reparación del daño y acceso a servicios médicos y psicológicos, así como la protección de la dignidad de las víctimas, incluyendo la prohibición de difundir imágenes en plataformas digitales.

De acuerdo con cifras oficiales, en 2024 se registraron 1,538 casos de feminicidio en México, aunque especialistas advierten que solo una fracción de ellos llega a judicializarse. Si bien los índices han mostrado una reducción respecto a años anteriores —cuando se alcanzaron picos cercanos a 10 asesinatos diarios—, organizaciones feministas coinciden en que los avances aún son insuficientes.

Con esta reforma, el Gobierno federal busca no solo endurecer las penas, sino también garantizar investigaciones eficaces, coordinación institucional y políticas de prevención que permitan reducir de manera sostenida la violencia contra las mujeres.