Fortuna Mining se va de Oaxaca tras 13 años de operación, dejando atrás una comunidad dividida

La empresa minera canadiense Fortuna Mining Corp anunció oficialmente la venta de Minera Cuzcatlán, su filial en México con sede en San José del Progreso, tras más de una década de explotación de oro y plata en los Valles Centrales de Oaxaca. Las razones, de acuerdo con la compañía, responden al incremento de los costos operativos y al agotamiento de las reservas minerales en la zona.

Sin embargo, el retiro de la minera no solo marca el fin de una etapa extractiva: deja tras de sí un pueblo marcado por la violencia, la impunidad y una profunda división social que se gestó desde su llegada en 2006.

Una década de conflicto y sangre

El 15 de marzo de 2012, el activista Bernardo Vásquez Sánchez, líder opositor al proyecto minero, fue asesinado a balazos en un ataque armado. Con apenas 28 años, recién egresado de la Universidad de Chapingo como ingeniero agrónomo, Vásquez encabezaba la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (Copuvo), que desde 2010 lideraba la resistencia comunitaria contra la minera.

En el mismo ataque fue herida de gravedad Rosalinda Dionisio Sánchez, también activista. Recibió dos impactos de bala, uno de ellos le destrozó la pierna derecha. El atentado, uno de los más emblemáticos, no fue el único. En enero del mismo año, Bernardo Méndez, otro integrante de la Copuvo, fue asesinado cuando intentaba impedir la conexión de la minera a la red de agua potable de la comunidad.

La violencia, sin embargo, ya había comenzado mucho antes. En 2010, el entonces presidente municipal, Oscar Venancio Martínez Rivera, y el regidor de Salud fueron asesinados en medio de un enfrentamiento atribuido a tensiones relacionadas con el conflicto minero. El autor material fue identificado como el escolta del edil, pero el caso se cerró sin consecuencias judiciales claras.

Permisos sin consulta y promesas divididas

El origen del conflicto se remonta al año 2002, cuando el gobierno federal otorgó cuatro concesiones mineras a Minera Cuzcatlán por un periodo de 50 años y una extensión de más de 700 hectáreas. Para 2006, la empresa ya había iniciado acercamientos con autoridades municipales y suscrito contratos de arrendamiento con ejidatarios, sin que la mayoría de la población fuera informada o consultada.

Según testimonios locales, muchos creyeron inicialmente que se trataba de la perforación de un pozo profundo, hasta que en 2008 se reveló que se trataba de una empresa minera. En respuesta, la comunidad se organizó y, en 2009, realizó una marcha y un plantón frente a las instalaciones de la empresa, que fue desalojado violentamente por cuerpos de seguridad estatales.

Sobornos, amenazas y destrucción del tejido social

A medida que crecía la oposición, también lo hizo la estrategia de la empresa para contrarrestarla. Según denuncias de la Copuvo, Fortuna recurrió a sobornos, amenazas, hostigamiento e incluso homicidios para garantizar su permanencia.

“El dinero y las amenazas dividieron al pueblo”, dice Rosalinda Dionisio. “Familias enteras se fracturaron. Se construyeron dos iglesias, se celebran dos fiestas patronales. Hay calles y espacios que ya no se comparten. La empresa sembró la división y se fue sin asumir las consecuencias”.

Algunas familias apoyaron a la empresa, incentivadas por empleos o pagos, mientras que otras resistieron hasta el final, denunciando la falta de consulta previa, libre e informada, así como el daño ambiental y social causado.

Salida sin justicia

El retiro de Fortuna Mining Corp cierra un capítulo en San José del Progreso, pero no ofrece justicia a quienes perdieron familiares, fueron heridos o vieron sus derechos vulnerados. Los asesinatos de Bernardo Vásquez, Bernardo Méndez y otros siguen sin esclarecerse, y las heridas —tanto físicas como sociales— siguen abiertas.

La comunidad de San José del Progreso, dividida y marcada por la violencia, es hoy testigo del costo que puede tener el desarrollo impuesto sin consulta ni consenso