México se ubicó entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en los que más cayó la carga fiscal sobre el salario en 2023, con un descenso de 0.98 puntos porcentuales hasta situarse en el 20%, debido a una fuerte caída del peso del impuesto sobre la renta (ISR).

En su informe anual sobre la llamada cuña fiscal sobre los salarios publicado este jueves, la OCDE ubicó a México en el antepenúltimo lugar, seguido de Chile, con un 7.1 %, por un aumento de 0.15 puntos porcentuales y Colombia con un 0 %.

En su informe, señaló que la reforma a la Ley Federal de Trabajo que entró en vigor en 2023, conocida como de “vacaciones dignas”, estipuló una prima vacacional del 25% sobre el salario; además del aguinaldo de 15 días de salario del trabajador, con deducciones de 15 y 30 unidades mínimas de actualización o UMAs.

Del mismo modo, señala deducciones por gastos de transporte escolar, gastos médicos, aportes complementarias a las afores, donaciones, entre otras.

La OCDE recordó que desde 2016 se aumentó el monto límite para las deducciones personales, al 15% de los ingresos brutos del contribuyente y una cantidad equivalente a cinco UMAs anuales (189,222 pesos en 2023).

Este límite no se aplica a las colegiaturas de escuelas privadas, las contribuciones complementarias a las cuentas personales de jubilación, los honorarios profesionales y los gastos médicos en caso de incapacidad o discapacidad. Además, desde 2022, este límite se aplica a las donaciones benéficas.

Además, señaló que los estados no cobran impuestos sobre la renta.

La OCDE mencionó que la reforma a La Ley de Seguridad Social de julio de 1997 modificó fundamentalmente la financiación de la seguridad social de los empleados no públicos, que pasó de un sistema de reparto a cuentas individuales financiadas (afores).

“El gobierno no administra estas cuentas; Nuevas instituciones financieras privadas fueron creadas específicamente para este propósito. Sin embargo, la obligación contractual es entre los trabajadores y el gobierno, no con el administrador privado de los fondos, porque legalmente se siguen considerando como aportes a la seguridad social, independientemente de quién administre los fondos”. señaló.

“Cabe señalar que el gobierno federal también contribuye a cada cuenta de pensiones y garantiza una pensión mínima a todos los beneficiarios del sistema de seguridad social, independientemente de la administración de los fondos”, dice el informe.

La organización señaló los cambios en la fiscalidad del trabajo debido a la pandemia de COVID en 2020 y 2021, con la extensión de los plazos para presentar la declaración anual de impuestos y las medidas de apoyo que se tomaron en aquellos años o las suspensiones de las inspecciones fiscales durante la pandemia.