Piden libertad a Pablo López Alavés, preso político en Oaxaca

Desde hace doce años, Pablo López Alavés, defensor de derechos humanos y del bosque fue encarcelado y acusado por el gobierno del priísta, Ulises Ruiz Ortiz de un homicidio que no cometió, pese a que se demostró tortura, desaparición del detenido, entre otros vicios en el proceso, este fue declarado culpable, no obstante mediante un amparo, un juez federal desechó el proceso y ordenó la reposición del mismo, informó Yésica Sánchez Maya, integrante de Consorcio para el el Diálogo Parlamentario.

En conferencia de prensa, donde se anunció la jornada internacional “Exigimos Libertad para Pablo – Seguimos Sembrando Esperanza”, en la que se efectuarán diversas actividades como la siembran de 144 árboles que representarán los 144 meses en los que López Alavés ha permanecido como un preso político en Oaxaca.

Acompañada de integrantes de diversas organizaciones sociales y ex presos políticos, explicó que desde hace dos alla mediante un amparo un juez federal, desechó este proceso en el que Pablo López originario de San Isidro Aloapan, había sido sentenciado a 30 años de prisión, sin embargo puntualizó que esta determinación afecta directamente los derechos del defensor de los bosques, pues se comprobó que los delitos de los que se le acusan no fueron cometidos por él, y que el proceso estuvo plagado de anomalías.

“No tuvo intérprete al momento de la declaración, no se cumplieron las formalidades de ratificación y detención, se validó una detención que no correspondía en términos legales, hubo desaparición temporal, hubo tortura”, entre otras vejaciones, lo que por si mismo debía he har abajo este caso.

Destacó que desde el 2017 el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas emitió la opinión 23/2017 en la que ha exigido la liberación de Pablo López y la reparación integral del daño, sin embargo a 5 años de esto, el defensor continúa preso y bajo proceso.

Sánchez Maya puntualizó que el caso que el estado creó en contra de López Alavés es claramente una situación de criminalización en contra de un defensor del bosque y del agua, ya que el originario de Aloapan llevaba cerca de 20 años de lucha por la defensa de su comunidad donde buscaba detener la tala inmoderada, pero al ser un obstáculo fue sacado de su comunidad bajo una acusación falsa.

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Redacción

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Jorge Perez Alfonso

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