A casi cinco años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera el histórico conflicto de límites entre Oaxaca y Chiapas, habitantes y autoridades involucradas en Los Chimalapas piden al máximo tribunal concluir el procedimiento que permita dar certeza a la delimitación. La exigencia resurge en medio de la disputa por 4 mil 975 hectáreas ocupadas por el ejido Gustavo Díaz Ordaz, cuyos pobladores mantienen derechos agrarios que no fueron anulados por el fallo de 2021. Tras una jornada de tensión y el ingreso de cientos de comuneros zoques a la zona, el encuentro entre las partes terminó sin un acuerdo definitivo, aunque se mantuvo abierta la vía del diálogo.

REGIONES DE OAXACA | 5 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Una sentencia histórica que todavía enfrenta problemas para su ejecución

En noviembre de 2021, la Suprema Corte resolvió la controversia constitucional 121/2012 y estableció formalmente los límites territoriales entre Oaxaca y Chiapas, luego de décadas de disputa en la región de Los Chimalapas.

El máximo tribunal determinó una línea fronteriza que parte de la Barra de Tonalá, continúa hacia el Cerro del Chilillo y La Jineta y llega hasta el Cerro de Los Martínez.

La resolución significó que una extensa superficie que durante años estuvo en disputa interestatal quedó territorialmente del lado de Oaxaca, incluida la zona donde se localizan diversos asentamientos históricamente vinculados administrativamente con Chiapas.

Sin embargo, el expediente no quedó completamente cerrado en términos de ejecución.

La propia SCJN detectó posteriormente imprecisiones en algunas coordenadas utilizadas para identificar físicamente los puntos establecidos en la sentencia y ordenó nuevas pruebas periciales en topografía.

En septiembre de 2025, la Corte informó dentro del mismo expediente que ya había recibido un dictamen pericial fundamental para resolver la aclaración de la sentencia. El expediente 121/2012 todavía registró actuaciones durante 2026.

Por ello, aunque distintos actores hablan actualmente de una “ratificación” del fallo, jurídicamente la sentencia que definió los límites fue dictada desde 2021; lo pendiente está relacionado con su aclaración y correcta materialización territorial.

Casi 5 mil hectáreas están en el centro del nuevo conflicto

La tensión actual se concentra en aproximadamente 4 mil 975 hectáreas correspondientes al ejido Gustavo Díaz Ordaz.

De acuerdo con antecedentes agrarios, el núcleo fue reconocido mediante una resolución de mayo de 1967. Comuneros de San Miguel Chimalapa sostienen que esa dotación se realizó sobre tierras que previamente formaban parte de su territorio comunal.

La comunidad zoque considera, por ello, que debe recuperarse esa superficie e incorporarse nuevamente al régimen comunal de San Miguel Chimalapa.

Durante las últimas semanas, los comuneros plantearon a las familias asentadas en Gustavo Díaz Ordaz la posibilidad de permanecer en sus viviendas y conservar sus tierras de trabajo, pero sujetándose al estatuto comunal de San Miguel Chimalapa y reconociendo que se encuentran en territorio oaxaqueño.

Los habitantes del ejido, en cambio, han defendido los derechos agrarios que les fueron reconocidos y han rechazado que la resolución territorial de la Corte signifique automáticamente la desaparición de su núcleo agrario.

El fallo de la Corte no anuló derechos agrarios

Este punto es fundamental para entender el conflicto.

Cuando la SCJN concluyó en noviembre de 2021 el análisis de la controversia entre Oaxaca y Chiapas, estableció expresamente que su resolución sobre los límites territoriales no se extendería a las decisiones de autoridades federales o locales mediante las cuales se hubieran reconocido o generado derechos en favor de ejidos o comunidades agrarias.

En otras palabras, determinar que una superficie pertenece territorialmente a Oaxaca no equivale por sí mismo a resolver quién tiene derechos agrarios sobre las tierras.

La disputa entre San Miguel Chimalapa y Gustavo Díaz Ordaz requiere, por tanto, una solución adicional por la vía agraria, política o mediante acuerdos entre las comunidades.

Comuneros ingresaron a Díaz Ordaz tras vencer plazo

El conflicto alcanzó uno de sus momentos de mayor tensión este viernes 4 de septiembre.

Alrededor de 450 comuneros de San Miguel Chimalapa avanzaron hacia Gustavo Díaz Ordaz después de que venció el plazo de 30 días que habían establecido para que sus habitantes definieran si aceptaban incorporarse al régimen comunal.

La movilización estuvo acompañada por representantes del Gobierno de Oaxaca, funcionarios relacionados con la conciliación agraria y personal de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.

En la zona también hubo presencia de la Guardia Nacional, fuerzas federales y policías de Chiapas, incluyendo elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal.

Pese al ambiente de tensión generado por el despliegue de seguridad y la llegada de los comuneros, no se reportaron enfrentamientos durante el ingreso.

Reunión termina sin acuerdo definitivo

Representantes de San Miguel Chimalapa y del ejido Gustavo Díaz Ordaz finalmente sostuvieron un encuentro de varias horas con participación de autoridades federales y de los gobiernos de Oaxaca y Chiapas.

Los comuneros reiteraron que los habitantes pueden permanecer en la zona, pero bajo las reglas de la comunidad agraria de San Miguel Chimalapa.

Del otro lado, representantes de Gustavo Díaz Ordaz mantuvieron su postura de esperar una definición relacionada con el procedimiento que continúa en la Suprema Corte antes de tomar una decisión sobre el futuro del ejido.

La reunión terminó sin un acuerdo de fondo sobre las 4 mil 975 hectáreas.

No obstante, ambas representaciones aceptaron mantener abierta la comunicación y continuar las conversaciones mediante una ruta institucional, con intervención de la Secretaría de Gobernación y autoridades de ambas entidades.

Dos conflictos distintos siguen abiertos

La situación de Los Chimalapas involucra en realidad dos problemas jurídicos que suelen confundirse.

Por un lado, el conflicto territorial entre Oaxaca y Chiapas fue resuelto por la Suprema Corte desde 2021, aunque continúa un procedimiento relacionado con la precisión técnica de las coordenadas necesarias para ejecutar correctamente la sentencia.

Por otro, permanece el conflicto agrario sobre las tierras ocupadas por ejidos cuyos derechos fueron reconocidos por autoridades federales décadas atrás.

La propia Corte dejó claro que su sentencia de límites no anulaba esos derechos.

Así, mientras San Miguel Chimalapa sostiene que llegó el momento de recuperar tierras que considera despojadas desde hace casi seis décadas, los habitantes de Gustavo Díaz Ordaz reclaman certeza sobre sus derechos antes de modificar o abandonar el régimen ejidal.

El reto inmediato será mantener la negociación sin que la disputa territorial y agraria derive en violencia, mientras la Suprema Corte concluye las actuaciones que todavía mantiene abiertas dentro de un expediente iniciado hace casi 14 años.