Capturado 10 años después el presunto transfeminicida de Paola Buenrostro

La audiencia de Arturo “N”, detenido casi 10 años después del asesinato de Paola Buenrostro, derivó en protestas de colectivos trans en instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), luego de que el Ministerio Público formulara imputación por homicidio calificado y no por transfeminicidio.

Kenya Cuevas, activista trans y amiga de Paola Buenrostro, denunció además que durante la audiencia personal de la Fiscalía utilizó su nombre registral y se refirió a ella de manera incorrecta, pese a que cuenta con reconocimiento legal de su identidad.

Cuevas cuestionó que, después de una década de trabajo para establecer protocolos y lineamientos que garanticen el reconocimiento de la identidad de género dentro de las instituciones de justicia, volviera a enfrentar una situación que consideró discriminatoria.

Colectivos exigen reclasificar el delito

La inconformidad aumentó después de que Arturo “N” fuera presentado ante un juez bajo la acusación de homicidio calificado.

La Fiscalía explicó que la orden de aprehensión contra el imputado había sido obtenida en 2016, cuando el delito de transfeminicidio todavía no estaba incorporado al Código Penal de la Ciudad de México. Por esa razón, la judicialización inicial se realizó bajo la clasificación jurídica de homicidio.

La institución, sin embargo, informó que analizará los elementos de la investigación y buscará que el delito pueda ser reclasificado conforme avance el proceso.

La precisión es relevante porque el caso todavía no ha sido reclasificado como transfeminicidio. Hasta el momento, esa es una exigencia de los colectivos y una posibilidad que la propia Fiscalía dijo que analizará ante el juez.

Kenya Cuevas denuncia uso de su nombre registral

Después de la audiencia, Cuevas señaló públicamente que personal del Ministerio Público utilizó durante la diligencia el nombre con el que fue registrada al nacer, pese a que desde hace años cuenta con reconocimiento legal de su identidad.

La activista también denunció que Paola Buenrostro fue referida mediante su nombre registral y pronombres masculinos durante el procedimiento, una situación que calificó como una forma de violencia y discriminación.

Cuevas recordó que durante años participó en procesos de construcción de protocolos y lineamientos para garantizar el reconocimiento de las personas trans dentro de las instituciones de procuración de justicia.

La protesta derivó además en exigencias contra Brenda Bazán, titular de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio, cuya destitución fue solicitada por las manifestantes.

Fiscalía rechaza prácticas institucionales transfóbicas

Ante las acusaciones, la FGJ-CDMX sostuvo que reconoce el derecho de las víctimas y de los colectivos a manifestarse, pero rechazó que dentro de la institución existan prácticas de carácter transfóbico.

La dependencia señaló que mantiene lineamientos para brindar atención respetuosa y con perspectiva de género. Al mismo tiempo, anunció que analizará la posibilidad de solicitar la reclasificación del delito en el caso de Paola Buenrostro.

La Fiscalía también condenó los daños ocasionados en sus instalaciones y las agresiones denunciadas durante las protestas, al considerar que ninguna manifestación justifica ataques contra servidores públicos o bienes institucionales.

Protestas terminan con daños en instalaciones

Tras la audiencia, integrantes de colectivos trans se concentraron frente a instalaciones de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio, donde realizaron protestas y exigieron una respuesta de las autoridades.

Durante la movilización se registraron daños en oficinas y pintas en el inmueble. Posteriormente, las manifestantes se trasladaron a instalaciones de la Policía de Investigación, donde también se registró un enfrentamiento con personal de seguridad.

De acuerdo con La Jornada y Animal Político, durante ese episodio personal de la dependencia utilizó polvo de extintor para impedir el ingreso de las manifestantes.

Después de varias horas de protesta, una comisión de activistas se reunió con la fiscal general capitalina, Bertha Alcalde Luján, para plantear sus demandas relacionadas con el caso de Paola y otras investigaciones que involucran a personas trans.

Entre las principales exigencias estuvieron la revisión de la clasificación jurídica del caso, cambios en la investigación y medidas para garantizar el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans durante los procesos judiciales.

Detienen a Arturo “N” casi 10 años después

Arturo “N” fue detenido en Nicolás Romero, Estado de México, casi una década después del asesinato de Paola Buenrostro, ocurrido el 30 de septiembre de 2016.

La Fiscalía capitalina informó que el hombre fue localizado y posteriormente presentado ante un juez como probable responsable del crimen. La detención fue considerada por la institución como un avance en el caso.

Durante la audiencia inicial, un juez determinó que la detención fue legal y se impuso prisión preventiva al acusado. La continuación del proceso quedó programada para el viernes 4 de septiembre, cuando deberá resolverse su situación jurídica.

Arturo “N” mantiene la calidad de imputado y su responsabilidad penal todavía deberá determinarse mediante el proceso judicial correspondiente.

El caso que impulsó la Ley Paola Buenrostro

Paola Buenrostro fue asesinada el 30 de septiembre de 2016. El crimen se convirtió en un caso emblemático para la comunidad trans y en uno de los antecedentes de la lucha por el reconocimiento del transfeminicidio en la Ciudad de México.

En 2019, la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal documentó irregularidades en la investigación y reconoció afectaciones relacionadas con la falta de reconocimiento de la identidad de género de Paola y de Kenya Cuevas como víctima indirecta.

En 2021, la Fiscalía capitalina ofreció una disculpa pública por las violaciones a derechos humanos documentadas en el caso.

Posteriormente, en 2024, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la llamada Ley Paola Buenrostro, mediante la cual el transfeminicidio fue incorporado al Código Penal local como delito, con penas de entre 35 y 70 años de prisión. La reforma entró en vigor el 24 de agosto de ese año.

El caso de Paola volvió así al centro del debate público después de casi una década, ahora con la detención de Arturo “N” y con la exigencia de que la investigación avance con perspectiva de género y reconocimiento de la identidad de las personas trans.

Mientras el proceso judicial continúa, la Fiscalía deberá determinar si existen elementos jurídicos para solicitar al juez una modificación de la clasificación del delito.