La Secretaría de las Mujeres de Morelos confirmó que brinda acompañamiento a una mujer que denunció públicamente a su expareja por presuntos actos de violencia familiar cometidos frente a sus cuatro hijos. El caso, difundido por la propia víctima en redes sociales, generó indignación ciudadana al conocerse que el señalado permanece en libertad y que, dentro de un proceso judicial familiar, le fueron otorgadas resoluciones favorables que lo consideran apto para convivir con los menores. La gobernadora Margarita González Saravia instruyó acciones inmediatas de protección.
Nacional · 2 de junio de 2026
La denuncia pública y la respuesta institucional
La víctima, identificada únicamente como Paula para proteger su seguridad e integridad dentro del proceso judicial en curso, decidió romper el silencio a través de redes sociales luego de años en los que, según su propio testimonio, los hechos fueron minimizados o negados por las instancias a las que acudió. En su relato, afirmó que sus cuatro hijos fueron testigos de las situaciones de violencia, lo que derivó en afectaciones emocionales, y rechazó versiones que la señalan de obstaculizar la convivencia entre sus hijos y su padre, asegurando que incluso ha facilitado esos encuentros en diversas ocasiones.
La Secretaría de las Mujeres de Morelos, encabezada por Clarisa Manrique, confirmó mediante un pronunciamiento oficial que tanto ella como el equipo de abogadas de la dependencia mantienen contacto directo con la denunciante. Por instrucción de la gobernadora González Saravia, se han activado acciones inmediatas de atención, prevención y protección para Paula y sus hijos. La titular de la secretaría subrayó que el objetivo es garantizar una atención integral y evitar la impunidad.
Indignación por la situación judicial
Lo que más ha encendido la indignación ciudadana y de colectivos de mujeres es el contraste entre la evidencia que circula en redes sociales y la situación legal del señalado: el presunto agresor permanece en libertad y un juzgado familiar le otorgó resoluciones favorables dentro del proceso de custodia, determinando que es apto para convivir con los menores. Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y la infancia han exigido públicamente que las autoridades revisen el expediente y garanticen la seguridad de las víctimas.
Este tipo de situaciones tiene un nombre jurídico en México: violencia vicaria, entendida como la violencia ejercida contra los hijos o personas cercanas a la víctima como mecanismo de control y daño hacia la madre. Aunque ya está tipificada en varios estados de la república, su aplicación en los procesos judiciales familiares continúa siendo inconsistente, lo que deja a muchas mujeres atrapadas en procedimientos que, en lugar de protegerlas, las revictimizan.
Un patrón que se repite
El caso de Paula en Morelos no es un hecho aislado. De acuerdo con datos de El Universal, en México existen 609 denuncias por violencia vicaria sin una sola sentencia condenatoria. El sistema judicial, en múltiples casos documentados, ha otorgado custodia o régimen de visitas a padres señalados como agresores, mientras las madres enfrentan denuncias en su contra por supuesta sustracción de menores cuando intentan proteger a sus hijos.
La Fiscalía General de Morelos tiene como prioridad declarada para 2026 la atención a la violencia familiar, después de que en 2025 se registraron 38 feminicidios en la entidad. El fiscal Fernando Blumenkron ha señalado que se activarán protocolos de manera inmediata en todos los casos en que la institución tenga conocimiento de hechos, y que el avance de las indagatorias determinará la clasificación jurídica del delito.
Redes sociales como último recurso
El hecho de que Paula haya recurrido a las redes sociales para visibilizar su caso refleja una realidad que se repite con creciente frecuencia en México: ante la falta de respuesta institucional efectiva, las víctimas optan por la exposición pública como mecanismo de presión y protección. Si bien esta estrategia ha logrado en algunos casos acelerar la intervención de las autoridades, también conlleva riesgos para la seguridad de la víctima y puede exponer a los menores involucrados.
La propia Paula declaró que su intención es visibilizar su caso y evitar que se distorsione lo ocurrido. La respuesta del gobierno estatal, aunque positiva, llega tras una presión ciudadana masiva, lo que abre el debate sobre si las instituciones actúan por convicción o por escrutinio público.
⚠️ Nota periodística: Los hechos denunciados se encuentran bajo investigación. La persona señalada como presunto responsable no ha sido imputada formalmente y goza de la presunción de inocencia establecida en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En cumplimiento de los protocolos de protección periodística, no se publican datos que identifiquen a los menores involucrados ni se reproducen imágenes o descripciones de los videos en circulación.
Si vives una situación de violencia familiar puedes llamar a la Línea Nacional sin costo: 800 290 0024, disponible las 24 horas.
- Criminalizan la crítica: Uso de la «Ley IA» para encarcelar periodistas enciende alarmas internacionales en SLP
- Visas revocadas a funcionarios: El laberinto legal y político para los gobernadores señalados por EE.UU.
- Confirmado: LEGO Batman llega a Nintendo Switch 2 en septiembre con todo su contenido destructivo [1]
- ¿Adiós al anonimato gratis? Llegó Instagram Plus: precio, funciones y el esperado «modo fantasma»
- Hábitos clave para bajar la presión arterial y proteger tu corazón, según la OMS
Fuentes: 24Morelos; El Universal; Diario de Morelos; Central de Noticias Morelos.