Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 1 de abril de 2026.
La aprobación de la nueva Ley de Expropiación del Estado de Oaxaca por parte del Congreso local generó controversia política, jurídica y social debido a la incorporación de nuevas figuras como la ocupación urgente o posesión inmediata, la reducción de plazos para indemnizaciones y el contexto de conflictos legales relacionados con expropiaciones recientes en la capital oaxaqueña.
La nueva legislación sustituye la ley vigente desde 1950 y establece un nuevo marco jurídico para los procesos de expropiación en el estado, con el objetivo de definir con mayor claridad las causas de utilidad pública, los procedimientos legales y los derechos de los propietarios, de acuerdo con información difundida por el Congreso del Estado.
Qué establece la nueva ley
La nueva Ley de Expropiación define un catálogo específico de causas de utilidad pública, entre ellas la construcción de infraestructura urbana, ampliación de calles, hospitales, escuelas, parques, oficinas públicas, proyectos de saneamiento, salud pública, protección ambiental y otras obras destinadas a servicios públicos.
También establece plazos dentro del procedimiento de expropiación y reduce el tiempo máximo para el pago de indemnizaciones, pasando de diez a cinco años. Asimismo, mantiene que la facultad de expropiar corresponde al Poder Ejecutivo estatal, aunque los ayuntamientos y organismos públicos pueden solicitar el inicio del procedimiento.
La ley también distingue entre diferentes figuras jurídicas como la ocupación previa, la limitación de dominio y la expropiación, con procedimientos distintos en cada caso.
Ocupación urgente y debate jurídico
Uno de los puntos que ha generado mayor polémica es la figura de ocupación urgente o posesión inmediata, que permite al Estado tomar posesión de un inmueble antes de que concluya el procedimiento completo de expropiación cuando exista una causa de utilidad pública.
Especialistas en derecho han señalado que esta figura podría generar controversias constitucionales si no se garantiza plenamente el derecho de audiencia, la indemnización y el debido proceso, ya que el derecho de propiedad está protegido por la Constitución.
El caso Novopan y el Parque Primavera
La discusión sobre la nueva ley también se relaciona con el caso del predio de la ex fábrica Novopan, incluido dentro de un polígono expropiado para la construcción del Parque Primavera, ubicado entre la carretera a Monte Albán y las riberas del río Atoyac.
Representantes legales de la propietaria del predio han denunciado presuntas irregularidades en el proceso de expropiación, señalando que incluso se habría expropiado un paraje que no existe oficialmente denominado “Guria Guligu”, lo que habría afectado un terreno con escrituras registradas desde 1943 y 1975.
Los abogados del caso anunciaron que podrían acudir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por presuntas violaciones a los derechos de propiedad y legalidad.
Gobierno analiza publicación de la ley
En medio de la controversia política y jurídica, también se dio a conocer que el gobernador Salomón Jara Cruz analiza la posibilidad de no publicar la nueva Ley de Expropiación en el Periódico Oficial del Estado, lo que impediría su entrada en vigor, con el objetivo de revisar el contenido ante las críticas y la polémica generada.
Debate sobre propiedad privada y obras públicas
La nueva legislación abrió un debate sobre el equilibrio entre el interés público, el desarrollo urbano y la protección del derecho a la propiedad privada, por lo que especialistas consideran que la aplicación de la ley podría derivar en amparos, litigios administrativos, controversias constitucionales e incluso procedimientos en instancias internacionales en los próximos años.
La nueva Ley de Expropiación se ha convertido en uno de los temas políticos y jurídicos más relevantes en Oaxaca, debido a sus implicaciones en materia de propiedad privada, obras públicas y desarrollo urbano.
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