Oaxaca de Juárez, Oaxaca — 30 de marzo de 2026.

El asesinato de Reina García, maestra de origen ayuuk (mixe), ha generado indignación entre organizaciones sociales, colectivas feministas y comunidades indígenas en Oaxaca, quienes exigen a las autoridades una investigación con perspectiva de género y justicia por el crimen.

De acuerdo con reportes difundidos por organizaciones y medios locales, Reina García era docente y formaba parte de procesos comunitarios y educativos en la región mixe. Su muerte fue confirmada tras ser localizada sin vida, en un caso que activó pronunciamientos de colectivos feministas y organizaciones indígenas que señalan que podría tratarse de un feminicidio.

Diversas colectivas y organizaciones sociales han denunciado que el caso debe investigarse bajo el protocolo de feminicidio, y no como homicidio doloso, debido al contexto de violencia de género que se vive en el estado y a las circunstancias en las que ocurrió el crimen. También han señalado la necesidad de garantizar justicia y evitar la impunidad.

A través de pronunciamientos públicos, activistas recordaron que Reina García no solo era maestra, sino también promotora de la educación y de la cultura ayuuk, por lo que su asesinato ha impactado a su comunidad, donde era reconocida por su labor educativa y social.

Organizaciones feministas en Oaxaca han reiterado que la violencia contra las mujeres en el estado continúa siendo una problemática grave, pese a que existe una Alerta de Violencia de Género en varios municipios. En este contexto, exigieron a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca avances en la investigación, la identificación de los responsables y que el caso no quede impune.

Hasta el momento, autoridades estatales no han informado públicamente sobre detenciones relacionadas con el caso, mientras que colectivas y ciudadanos continúan difundiendo el nombre de la maestra y realizando pronunciamientos para exigir justicia.

El caso de Reina García se suma a otros hechos de violencia contra mujeres registrados en Oaxaca en los últimos años, lo que ha reactivado el reclamo social por mayor seguridad, prevención de la violencia de género y acceso a la justicia para las víctimas.