Esta mañana, la defensa legal de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, apeló formalmente el juicio y la sentencia de 38 años que le impuso la Corte del Distrito Este de Nueva York al argumentar presuntas violaciones al debido proceso, posible ocultamiento de pruebas y, a la par, fabricar declaraciones falsas de testigos frente al caso que presidía el juez Brian Cogan.

De acuerdo con la documentación ingresada ante la Corte de Apelaciones, los abogados César de Castro y Valerie Gotlib sostienen que el proceso judicial quedó “irremediablemente contaminado”, por lo que solicitan “la anulación del juicio o, en su defecto, la reposición total del procedimiento”.

Cinco ejes centrales de la apelación del exsecretario calderonista

La apelación, integrada por 78 páginas y 22 apéndices con casi 4 mil 600 hojas, fue presentada el 18 de diciembre, fecha límite tras una prórroga concedida a la defensa. En el escrito, los abogados desarrollan cinco grandes argumentos que, aseguran, evidencian violaciones graves al derecho de un juicio justo.

Uno de los puntos centrales es el presunto perjurio de testigos clave presentados por la fiscalía estadounidense. La defensa afirma que al menos dos declarantes ofrecieron versiones falsas bajo juramento sin que estas inconsistencias fueran debidamente evaluadas por el jurado.

Testimonios bajo cuestionamiento

Uno de los casos señalados es el del exagente federal Francisco Cañedo Zavaleta, quien relató un supuesto secuestro de García Luna por sicarios vinculados a Los Beltrán Leyva en la carretera México-Cuernavaca. La defensa sostiene que existe evidencia documental que demuestra que ese día García Luna se encontraba en el Hospital Ángeles al pagar un tratamiento médico de su esposa.

Además, acusan que Cañedo mintió sobre la corporación para la que trabajaba y que nunca denunció formalmente el supuesto secuestro; al contrario, optó por difundir su versión a actores políticos y medios de comunicación.

Otro testimonio impugnado es el de Héctor Villarreal, exsecretario de Finanzas de Coahuila, a quien la defensa acusa de ofrecer relatos cronológicamente imposibles, tales como visitas a instalaciones que aún no existían o la supuesta exhibición de tecnología que nunca fue adquirida por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Ocultamiento de pruebas exculpatorias

Otro eje relevante de la apelación es la acusación de que los fiscales ocultaron evidencia favorable a García Luna. Los abogados señalan que agencias estadounidenses realizaron revisiones de antecedentes, pruebas de polígrafo y múltiples reuniones oficiales con el exfuncionario sin que se detectaran alertas de seguridad, documentos que no fueron presentados al jurado.

También denuncian que la fiscalía omitió informar que al menos uno de los testigos cooperantes continuó delinquiendo mientras negociaba beneficios judiciales con Estados Unidos.

Restricciones al contrainterrogatorio y pruebas prejuiciosas

La defensa acusa al juez Brian Cogan de haber limitado indebidamente el contrainterrogatorio a testigos cooperantes como Sergio Villarreal-Barragán y Harold Poveda-Ortega, lo que —afirman— violó el derecho de confrontación.

Así mismo, cuestionan la admisión de fotografías de propiedades y bienes sin prueba directa de que provinieran de los delitos imputados, lo que consideran altamente prejuicioso para el jurado.

Sentencia desproporcionada

Además del juicio, la apelación impugna la pena de 38 años de prisión y la multa de dos millones de dólares, al considerarlas desproporcionadas frente a casos similares. La defensa sostiene que la condena se basó en hechos no probados y que la multa resulta incongruente con la situación financiera del exfuncionario.