Congreso aprueba suspensión del Ayuntamiento de Zapotitlán Palmas, Oaxaca

En medio de señalamientos por violencia política de género y acusaciones de uso faccioso del poder, el Congreso de Oaxaca aprobó la suspensión del Ayuntamiento de Zapotitlán Palmas, en la región Mixteca, decisión que ha generado una fuerte reacción de organizaciones indígenas y colectivas feministas que acusan al Legislativo de revictimizar a la primera presidenta municipal de esa localidad, Inés Martínez Reyes.

El dictamen, que fue subido de última hora a la Gaceta Parlamentaria y aprobado en menos de una hora con 35 votos a favor y cinco en contra, también revocó el mandato del síndico José Longinos Martínez y del regidor de Hacienda, Damián Reyes Longinos. Con ello, se cesa del cargo a Martínez Reyes, quien había sido electa en 2022 bajo el Sistema Normativo Indígena (SNI), marcando un hecho histórico como la primera mujer en presidir el gobierno municipal.

“Desaparición de poderes perpetúa violencia política”: colectivos

Colectivas de mujeres indígenas y organizaciones como la Red Nacional de Abogadas Indígenas (RAI), el Observatorio Ciudadano de Participación Política de Mujeres Indígenas y Afromexicanas (MUJINAF) y CLADEM México, entre otras, exigieron al Congreso local y al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) no validar la desaparición de poderes como respuesta ante conflictos que, aseguran, tienen un trasfondo de violencia de género e intereses políticos.

“No puede ser que en la legislatura de la paridad se utilice la figura de desaparición de poderes para destituir a una mujer que ya ha sido reconocida como víctima de violencia política. Esto no solo revictimiza, sino que institucionaliza la violencia contra las mujeres en cargos públicos”, advirtieron las organizaciones en un comunicado.

También hicieron un llamado al gobernador Salomón Jara para que instruya a la Secretaría de Finanzas a transparentar el manejo de los recursos federales destinados al municipio, particularmente los provenientes de los ramos 28 y 33, los cuales —según denuncias— han sido retenidos desde enero, afectando directamente el ejercicio de gobierno y los derechos de la ciudadanía.

Diputadas acusan misoginia política en el Congreso

Durante la sesión legislativa, las diputadas Concepción Rueda (Morena) y Alejandra García Morlan (Movimiento Ciudadano) criticaron severamente la aprobación del dictamen, calificándolo como un acto de violencia política contra la presidenta municipal.

Rueda denunció que fue presionada por el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Benjamín Viveros, para no intervenir en el debate. “A mí nadie me calla. Para eso somos diputadas”, expresó, visiblemente molesta.

Por su parte, García Morlan lamentó que el Congreso destine su tiempo a “ejercer violencia política” en lugar de atender los efectos del huracán Erick en otras regiones del estado. Recordó que en los últimos meses han sido asesinadas varias autoridades municipales —entre ellas una presidenta y un regidor— sin que el Congreso actúe con contundencia.

“Una agresión a la autonomía indígena”

El diputado Dante Montaño (PT) también votó en contra y calificó la decisión como un “asalto a la autonomía” de Zapotitlán Palmas, que se rige por sistemas normativos propios. Señaló que la suspensión daña no solo a la presidenta municipal, sino también a la estructura democrática comunitaria. “Esto se parece más a una venganza política que a un acto de gobernabilidad”, afirmó.

En contraste, otros legisladores de Morena y del PRI defendieron el dictamen argumentando que había ingobernabilidad en el municipio. La diputada morenista Dulce Uribe afirmó que la suspensión “dará inicio a una etapa de diálogo” y aseguró que se busca “alejar a las mujeres del círculo de la violencia”.

Contexto de violencia y bloqueos institucionales

Desde diciembre de 2023, Inés Martínez y su cabildo han denunciado múltiples actos de hostigamiento. Ese mes, el síndico y el regidor de Hacienda la expusieron públicamente ante la asamblea para acusarla, sin pruebas, de desvío de recursos. Posteriormente, ambas —la presidenta y la regidora de Salud, Elodia López— fueron reconocidas por el TEEO como víctimas de violencia política de género.

Además, la Secretaría de Finanzas ha sido señalada por las organizaciones por presuntamente retener las participaciones federales, lo que imposibilitó el ejercicio del cargo y vulneró el funcionamiento institucional del ayuntamiento.

Una lucha por el derecho a gobernar

Las colectivas advierten que el caso de Zapotitlán Palmas es representativo de los obstáculos que enfrentan las mujeres indígenas para ejercer el poder en sus comunidades, incluso cuando llegan al cargo de forma legítima y legal.

“La violencia política en razón de género no distingue sistemas de gobierno. Lo que está ocurriendo en Zapotitlán Palmas es un mensaje desalentador para todas las mujeres que aspiran a cargos públicos en contextos indígenas”, subrayaron.

También solicitaron medidas de protección urgentes para la expresidenta y las regidoras, así como el seguimiento judicial a las sentencias emitidas que reconocen la violencia sufrida.