San Raymundo Jalpan, Oax., a 10 de enero de 2025.- El diputado Isaías Carranza Secundino, impulsa una iniciativa de ley con el fin de tipificar y sancionar el delito de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes para la comisión de delitos por parte de la delincuencia organizada.

La propuesta establece que quien transgreda la ley se le impondrá una pena de siete a 14 años de prisión y una multa de 500 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), por emplear, obligar, incitar, inducir, manipular o coaccionar mediante amenazas de manera física, moral y/o emocional a una o varias personas menores de 18 años para incurrir en actos ilícitos.

En este sentido, el legislador del Grupo Parlamentario Fuerza por Oaxaca plantea adicionar el artículo 194 Ter al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, con el objetivo de proteger a esta población y al mismo tiempo, enviar un mensaje claro de cero impunidad a las organizaciones criminales que vulneren los derechos de la niñez y adolescencia.

Mencionó que si bien, el estado ha implementado mecanismos jurídicos para reconocer, garantizar y proteger los derechos de esta población contra cualquier forma de violencia ejercida en su perjuicio, existen formas de interacción las cuales se ven afectadas por las relaciones familiares, ideología, educación, cultura, religión y recientemente el uso de nuevas tecnologías, en donde los cárteles han incorporado a las niñas, niños y adolescentes para cometer delitos del fuero común y federal.

En el documento se precisa que las actividades más comunes que realiza la niñez y adolescencia producto del reclutamiento por parte de asociaciones delictuosas van desde la extorsión y tráfico de personas, hasta el narcotráfico, “son usados principalmente como informantes de las asociaciones ilícitas o grupos armados, los cuales los involucran en prácticas paramilitares, procesamiento de prácticas prohibidas, homicidios, mutilaciones, desapariciones, entre otros”.

Esta proposición fue respaldada también por algunas y algunos representantes populares de la LXVI Legislatura local; asimismo fue turnada para su estudio y dictaminación correspondiente, a la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia.