Oaxaqueño participa en la XX Cumbre Internacional de Derechos Humanos organizada en la ONU

Nueva York.— La defensa de los derechos de los pueblos indígenas de Oaxaca llegó a uno de los principales escenarios internacionales de discusión sobre derechos humanos. El oaxaqueño Irvin Uriel Hernández Sosa, originario de San Pablo Villa de Mitla, participó como delegado de México en la 20ª Cumbre Internacional de Derechos Humanos, celebrada en Nueva York del 30 de julio al 1 de agosto de 2026.

El encuentro, realizado en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reunió a jóvenes líderes, activistas, diplomáticos, representantes gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil procedentes de más de 70 países. La edición de este año tuvo como eje la educación para la paz y el papel de la formación en derechos humanos para construir sociedades más incluyentes.

Durante su intervención, Hernández Sosa puso sobre la mesa una problemática que, sostuvo, continúa limitando el ejercicio pleno de los derechos de comunidades indígenas en Oaxaca y otras regiones de México: las barreras lingüísticas que dificultan conocer, ejercer y defender los derechos fundamentales.

El planteamiento adquiere especial relevancia en un estado caracterizado por su diversidad cultural y lingüística. Para el joven de Mitla, la educación en derechos humanos no puede depender exclusivamente del dominio del español, sino que debe desarrollarse también en las lenguas que hablan las comunidades.

Su propuesta consiste en acercar la Declaración Universal de los Derechos Humanos mediante materiales educativos, traducciones y estrategias comunitarias que permitan que la información jurídica y sobre derechos llegue directamente a las poblaciones indígenas.

Una problemática que trasciende el idioma

La falta de información accesible en lenguas originarias no es un asunto exclusivamente educativo. También puede convertirse en un obstáculo para acceder a la justicia.

Un reporte de El País sobre el trabajo de intérpretes indígenas señala que las barreras lingüísticas pueden afectar a personas que requieren atención jurídica, médica o social, particularmente cuando no dominan el español. La labor de los intérpretes, apunta el medio, va más allá de traducir palabras: también implica tender un puente cultural entre las comunidades y las instituciones.

En Oaxaca se han desarrollado esfuerzos para atender esta problemática. En noviembre de 2025, por ejemplo, 80 personas participaron en un proceso de evaluación para certificarse como intérpretes de lenguas indígenas nacionales, mientras que el gobierno estatal reportó la capacitación de otros 75 intérpretes en servicios públicos con enfoque de derechos humanos, justicia social e interculturalidad.

El propio estado también ha impulsado materiales informativos en lenguas originarias. En 2025 fue presentado un decálogo traducido a 15 lenguas indígenas de Oaxaca, con contenidos relacionados con los derechos lingüísticos y la obligación de garantizar servicios públicos en las lenguas de las comunidades.

La experiencia de Mitla como parte de su planteamiento

Para Hernández Sosa, la defensa de los derechos no es un tema exclusivamente académico. Su propia familia ha enfrentado durante años un conflicto relacionado con la propiedad de tierras en San Pablo Villa de Mitla.

En mayo de 2025, El Universal Oaxaca documentó las denuncias de familias de ese municipio que señalaron presuntas irregularidades y despojos de terrenos. En ese contexto, Hernández Sosa habló públicamente sobre el caso de un predio familiar ubicado en el paraje conocido como El Macahuite y cuestionó la actuación de autoridades agrarias. Las acusaciones fueron planteadas por los afectados y no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial sobre responsabilidades.

Esa experiencia, de acuerdo con el planteamiento presentado por el joven oaxaqueño en la cumbre, le permitió conocer de primera mano las dificultades que pueden surgir cuando una persona busca defender su patrimonio y hacer valer sus derechos frente a instituciones y procedimientos jurídicos complejos.

El problema, desde esta perspectiva, se vuelve todavía mayor cuando quien enfrenta un procedimiento legal no domina el idioma en el que están redactadas las leyes, resoluciones o documentos que determinarán su situación.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha reconocido que las personas indígenas tienen derecho a recibir asistencia de intérpretes y defensores que conozcan su lengua y cultura, precisamente como una condición para garantizar su acceso efectivo a la jurisdicción del Estado.

Llevar los derechos a las comunidades

La propuesta de Hernández Sosa busca que el conocimiento de los derechos humanos deje de concentrarse en instituciones, especialistas y documentos elaborados únicamente en español.

Su objetivo, según expuso, es que niñas, jóvenes, campesinos, mujeres, personas mayores y hablantes de lenguas originarias puedan identificar sus derechos y conocer las herramientas disponibles para defenderlos.

El planteamiento coincide con una discusión que ha cobrado fuerza en Oaxaca: la necesidad de que las instituciones no solamente reconozcan la diversidad lingüística, sino que generen mecanismos concretos para garantizar que las personas puedan interactuar con ellas en su propia lengua.

En marzo de 2026, por ejemplo, se anunció la traducción de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres a 69 variantes lingüísticas, una medida presentada como un avance para ampliar el acceso a la información y a la justicia de mujeres indígenas.

Hernández Sosa busca ahora trasladar esa lógica al ámbito de la educación en derechos humanos: que las comunidades no tengan que abandonar su lengua para conocer las garantías que les corresponden.

El joven cuenta además con experiencia académica y de trabajo comunitario. La Universidad Autónoma Chapingo registra su ingreso al Doctorado Interinstitucional en Economía Social Solidaria, mientras que La Jornada del Campo ha publicado trabajos suyos relacionados con economía solidaria y soberanía alimentaria en comunidades de Oaxaca.

Desde esa trayectoria, su participación en la cumbre internacional colocó una problemática local en una conversación global: los derechos humanos solamente pueden ejercerse plenamente cuando las personas pueden conocerlos, comprenderlos y defenderlos en condiciones de igualdad.

Para el representante oaxaqueño, garantizar ese acceso implica reconocer que las lenguas originarias no son una barrera que deba superarse, sino parte de la identidad y de la dignidad de los pueblos que las mantienen vivas.