Acusan que el INE no fiscaliza las campañas adelantadas rumbo a 2027

Mientras cientos de aspirantes recorren sus estados, reparten propaganda y movilizan simpatizantes rumbo a la elección de 17 gubernaturas en 2027, especialistas y un consejero del propio Instituto Nacional Electoral señalan que el organismo carece de reglas para fiscalizar esa actividad política anticipada. La crítica central es que se permiten campañas adelantadas sin conocer el origen ni el destino de los recursos que las financian, lo que, advierten, rompe la equidad en la contienda.

Política |  12 de julio de 2026

«Un árbitro que no está arbitrando»

De acuerdo con un reportaje del diario Reforma, más de 300 aspirantes de Morena recorren el país para posicionar su imagen de cara a los comicios de 2027, sin que el INE haya emitido lineamientos para regular y fiscalizar esos procesos internos anticipados. El consejero electoral Arturo Castillo advirtió que el Instituto «está siendo un árbitro que no está arbitrando un partido que empezó hace ya mucho tiempo», al reprochar que el Consejo General ha postergado la emisión de esas reglas.

Según la información, Morena adelantó seis meses la definición de sus candidaturas bajo la figura de «coordinadores de comités de la 4T», un mecanismo que, señalan los críticos, ya se utilizó en procesos electorales previos para operar fuera de los tiempos que marca la ley.

El vacío legal que dificulta las sanciones

El problema de fondo, de acuerdo con especialistas citados en el reportaje, es que el Tribunal Electoral ha acotado a tal grado los criterios para acreditar actos anticipados de campaña que en la práctica casi nunca pueden sancionarse. Actualmente, para que una conducta se considere ilegal deben coincidir varios elementos —personales, temporales y subjetivos—, incluido un llamado expreso al voto, condición que permite a los aspirantes promover su imagen sin pedir directamente el sufragio.

Ese escenario, apuntan, ha permitido que presidentes municipales con licencia sigan presumiendo obras de gobierno, que aspirantes distribuyan propaganda personalizada y que se organicen movilizaciones masivas sin rendición de cuentas sobre los recursos empleados.

Un método que se extendió a todos los partidos

El modelo de anticiparse a los tiempos electorales tuvo su antecedente más visible en las llamadas «corcholatas», los aspirantes que en 2023 compitieron por la candidatura presidencial de Morena mediante giras y asambleas. En su momento, el Tribunal Electoral avaló ese proceso con medidas de cautela: los participantes podían realizar recorridos y actos siempre que no llamaran al voto, no usaran tiempos oficiales, no promovieran la plataforma electoral ni hicieran promesas de campaña.

De acuerdo con análisis de medios y especialistas, ese precedente derivó en que prácticamente todas las fuerzas políticas replicaran la estrategia. El PAN, por ejemplo, ha impulsado sus propias figuras de aspirantes anticipados, mientras que Movimiento Ciudadano y el PRI han oscilado entre denunciar la práctica y sumarse a ella. El resultado, según el portal Expansión Política, es que hasta principios de julio se habían acumulado cientos de quejas por promoción adelantada ante las autoridades electorales.

El reclamo desde lo local

Ante lo que describen como inacción de las autoridades electorales nacionales, han sido los organismos locales los que en algunos casos han intentado frenar el proselitismo anticipado. En Tlaxcala, un funcionario morenista con licencia fue objeto de medidas cautelares y se le ordenó retirar decenas de bardas con propaganda personalizada; en Baja California, el Tribunal Electoral estatal revocó el desechamiento de una queja y ordenó abrir un procedimiento sancionador. Especialistas consultados por diversos medios coinciden en que, ante los vacíos normativos, la vía que queda a partidos y ciudadanos es seguir presentando denuncias.