La propuesta de que calles, escuelas, hospitales y demás obra pública dejen de pintarse con los colores del partido en el poder ha regresado al debate legislativo en México. En las últimas semanas, congresos estatales y la Cámara de Diputados han recibido iniciativas que buscan una imagen institucional neutral y prohibir símbolos partidistas en bienes públicos, con el argumento de garantizar la imparcialidad en el uso de recursos y evitar el gasto que implica repintar todo en cada cambio de administración.
Nacional | 11 de julio de 2026
La propuesta más reciente
El 1 de julio, el diputado Toño Carreño Sosa, de Movimiento Ciudadano, presentó ante el Congreso de Michoacán una iniciativa para que la obra pública en la entidad se realice sin colores partidistas, eslóganes de gobierno o nombres de candidatos. En tribuna, el legislador sostuvo que la infraestructura pública no pertenece a un partido, a un gobierno o a una administración en turno, sino a la ciudadanía.
La propuesta plantea que las obras financiadas con recursos públicos no puedan incorporar colores, emblemas, logotipos, lemas o cualquier elemento visual que razonablemente se identifique con partidos, candidaturas o servidores públicos. «No se trata de prohibir colores; se trata de impedir que los bienes de todos se utilicen para promover a unos cuantos», señaló Carreño Sosa, quien lamentó que se gasten millones de pesos únicamente para sustituir una identidad política por otra, dinero que, dijo, podría destinarse a más obra, medicamentos, becas o seguridad.
Un planteamiento que se repite en varios estados
La idea no es nueva ni exclusiva de un partido. En mayo pasado, en Baja California, el diputado Adrián Humberto Valle Ballesteros, del PRI, presentó una reforma a la Constitución estatal para que la imagen institucional del gobierno sea neutral, austera y desvinculada de cualquier identidad partidista. En su exposición de motivos argumentó que pintar el equipamiento urbano con colores de un partido convierte esos bienes en un mecanismo de promoción que vulnera el principio de equidad.
A nivel federal, la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados ha impulsado una reforma a los artículos 73 y 134 constitucionales para facultar al Congreso de la Unión a expedir una Ley General de Imagen Institucional del Estado Mexicano, que prohibiría el uso de colores vinculados a partidos en bienes muebles e inmuebles y sitios web de los tres órdenes de gobierno. En el mismo sentido, se han presentado propuestas para tipificar como falta administrativa grave el uso de colores o símbolos partidistas en instalaciones públicas.
El argumento de fondo
Los promoventes coinciden en dos ejes. El primero es de carácter legal: sostienen que el artículo 134 de la Constitución obliga a que los recursos públicos se ejerzan con imparcialidad y que la propaganda gubernamental tenga fines informativos, educativos o de orientación social, sin promover a personas o partidos. El segundo es de finanzas públicas: señalan que repintar guarniciones, edificios y vehículos oficiales cada cambio de administración representa un gasto que podría redirigirse a servicios.
Hasta ahora, estas iniciativas se encuentran en proceso legislativo, turnadas a comisiones para su análisis y dictamen. Su aprobación dependerá del trámite en cada congreso y, en el caso de las reformas constitucionales, de las mayorías requeridas.
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Fuentes consultadas: Congreso del Estado de Michoacán; Congreso del Estado de Baja California; Cámara de Diputados (Comunicación Social); Milenio; Atiempo; Indicio Michoacán; Multimedios.