La magistrada de la Sala Penal del Poder Judicial de Oaxaca, Alba Osorio Velasco, revocó la vinculación a proceso y la prisión preventiva de un docente de la secundaria «Jaime Torres Bodet», en Santo Domingo Tehuantepec, acusado de pederastia y acoso sexual contra alumnas del plantel. Familiares de las víctimas y la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad denuncian que el número real de adolescentes afectadas podría superar los 17, señalan irregularidades en el proceso y acusan a una funcionaria del Centro de Justicia para las Mujeres de haberles exigido dinero a cambio de avanzar en la investigación. El fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, responsabilizó directamente a la magistrada por la liberación del imputado y confirmó una investigación interna por presuntos actos de corrupción en ese centro de atención.
Regiones de Oaxaca
24 de junio de 2026
La resolución que lo dejó libre
El docente, identificado con las iniciales J.M.J.S., fue detenido y vinculado a proceso por un juez en el marco de la causa penal 571/2025, judicializada por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca el 6 de diciembre de 2025. Se le dictó además la medida cautelar de prisión preventiva. Su defensa impugnó la resolución con el argumento de que el periodo de un mes establecido para preparar su defensa resultaba insuficiente. La magistrada Osorio Velasco acogió ese planteamiento y revocó tanto la vinculación a proceso como la prisión preventiva, dejando al imputado en libertad.
Hasta el momento, existen tres denuncias penales formales contra el maestro: dos por pederastia y una más por acoso sexual, presentadas por alumnas del plantel. El fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla señaló públicamente a la magistrada como responsable de la liberación y confirmó que la Fiscalía mantiene abiertas sus investigaciones.
Más de 17 víctimas, según familias y organizaciones
Familiares de las afectadas e integrantes del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad sostienen que el número de adolescentes víctimas supera ampliamente las denuncias formalizadas hasta ahora, y podría ascender a 17 o más. En conferencia de prensa celebrada en el centro histórico de Oaxaca, padres de familia relataron que las alumnas habrían denunciado los hechos ante la dirección escolar y que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) fue informado de los señalamientos. Sin embargo, acusan que la respuesta institucional se limitó a autorizar un cambio de adscripción del docente a otro plantel, sin separarlo definitivamente del servicio.
La defensora de derechos humanos Yesica Sánchez Maya, del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, advirtió que este caso no es el primero de su tipo detectado en escuelas oaxaqueñas y llamó a las autoridades educativas y al sindicato magisterial a no proteger a presuntos responsables: «No es el primer caso que registramos, pero sí es uno de los casos que decide hacerlo público, justamente denunciando la falta de protección en el centro escolar y la negligencia de la Fiscalía en cómo toma las denuncias y cómo trata a las víctimas», expresó.
Acusaciones de corrupción en el CEJUM de Juchitán
La cadena de irregularidades no se limita a la resolución judicial. Familiares de una de las víctimas acusaron a Citlali Cortés Villalobos, funcionaria adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) de Juchitán de Zaragoza, de haberles solicitado 47 mil pesos a cambio de atender el caso de su hija. Denunciaron, además, que la misma funcionaria negó a las víctimas y testigos la posibilidad de rendir su declaración, argumentando que sus testimonios no eran necesarios para la investigación. Al no recibir el dinero, las familias aseguran que la investigación fue obstaculizada de forma deliberada. El fiscal Rodríguez Alamilla confirmó que se abrió una investigación interna en el CEJUM por esos presuntos actos de corrupción.
Los señalamientos contra la dependencia no son nuevos. En una causa anterior relacionada con el mismo imputado, tramitada ante el Juzgado de Matías Romero, la misma funcionaria habría omitido presentar la acusación en la fecha fijada por el juez, el 12 de febrero de 2026, lo que derivó en el sobreseimiento de ese proceso. Las familias de las víctimas acusan que esa omisión fue deliberada y que la Fiscalía rechazó además integrar a más alumnas afectadas como parte del expediente, impidiendo acreditar la sistematicidad de los delitos.
Un patrón de desprotección institucional
El caso de Tehuantepec condensa en un solo expediente tres fallas institucionales que organizaciones feministas y de derechos humanos llevan años señalando en Oaxaca: la omisión de las autoridades educativas ante denuncias dentro de las escuelas, la negligencia o presunta corrupción en la atención ministerial a víctimas menores de edad y la reversión de medidas cautelares por parte de instancias judiciales superiores. La combinación de estos factores deja a las adolescentes afectadas frente a un agresor en libertad, sin acompañamiento jurídico efectivo y en la misma zona geográfica donde ocurrieron los hechos. Al cierre de esta edición, ni el IEEPO ni la magistrada Osorio Velasco habían emitido una postura pública al respecto.
En apego al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario ante un juez. El proceso penal contra el imputado J.M.J.S. continúa abierto. En cumplimiento de los estándares de protección periodística a la infancia, este reportaje omite cualquier dato que permita identificar a las víctimas menores de edad.
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Fuentes: El Universal Oaxaca, Diario de Yucatán, NVI Noticias, Milenio, El Imparcial de Oaxaca, La Jornada.