- Oaxaca, Oax. “No basta que el ejecutivo estatal recorra los 570 municipios si no hay atención y solución real a las demandas más sentidas de las y los Oaxaqueños” puntualizó la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) a través de un comunicado en el que rechazaron el tercer informe de actividades del gobernador, Salomón Jara Cruz, mismo que fue entregado este lunes en el congreso del estado.
- “Como Sección 22 rechazamos el tercer informe de gobierno ya que no describe el contexto real de nuestra entidad, instamos al gobierno encabezado por Salomón Jara a dejar la política dilatoria y a resolver en lo inmediato las principales problemáticas que aquejan al pueblo de Oaxaca, así como las justas demandas del magisterio oaxaqueño” señaló la seccional.
- El Comité Ejecutivo Seccional criticó el informe y los discursos entorno a esta actividad, pues consideraron que hace falta autocrítica, y sobre todo veracidad “en los resultados enumerados en lo que lleva su administración”, pero además señalan que la autonombrada “primavera oaxaqueña” no ha dado resultados a la población oaxaqueña.
- Y es que aseguraron que la administración de Jara Cruz “no ha dado soluciones de fondo a los principales problemas que aquejan a la población oaxaqueña, especialmente en materia educativa, laboral, seguridad y salud”.
- En el caso específico de las demandas magisteriales, acusaron que la entrega de mobiliario a escuelas de la entidad no se a completado, esto además de que estos muebles fueron un logro de la movilización del magisterio y el cual se ha comprarlo con recursos federales, mientras que el gobernador, Salomón Jara a utilizado este logro de la sección 22 para hacer proselitismo a su favor, esto además de que la entrega de uniformes y útiles escolares ha sido torpe e incompleta, pues aún no se ha cumplido con todos los alumnos.
- Cuestionó también los índices de violencia que se viven en la entidad, la cual apuntaron también ha padecido la sección 22, en este sentido, señalaron “la lenta intervención del gobierno estatal para garantizar la seguridad de los estudiantes, docentes, madres y padres de familia y población en general. La violencia ha convertido la noble labor de la docencia en una actividad de alto riesgo”.