Defensoría solicita a la Fiscalía de Oaxaca la reparación del daño integral a Pijy, víctima de violación

Oaxaca, México. — A más de una década de la violación sexual cometida contra Pijy, cuando tenía solo 15 años, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió una contundente recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado: garantizar la reparación integral del daño y corregir las graves omisiones que permitieron años de impunidad.

El caso, que involucra al expresidente municipal de San Juan Mazatlán, Mixe, Plácido Martínez Soler, no solo expone una agresión sexual perpetrada en 2013, sino una serie de irregularidades judiciales que revictimizaron a la joven. Entre ellas, destaca la suplantación de identidad realizada por la esposa del exedil, quien se hizo pasar por la víctima para «perdonar» al agresor, provocando que se revocara la orden de aprehensión por violación agravada.

La investigación se activó oficialmente en octubre de 2022, tras una nota publicada por El Universal que reveló la manipulación del proceso judicial sin que las autoridades lo advirtieran. Según la DDHPO, Pijy se enteró de la suplantación años después, cuando solicitó acceso a su expediente en la Fiscalía local de Matías Romero Avendaño. Ahí, descubrió que su caso había sido archivado bajo el argumento de que ella misma había retirado la denuncia tras contraer matrimonio con su agresor, algo que nunca ocurrió.

Los implicados —Plácido Martínez y su esposa— fueron finalmente detenidos el 31 de octubre de 2024, señalados por el delito de suplantación de identidad. Sin embargo, para la DDHPO, el daño va mucho más allá de ese acto criminal.

En la recomendación 12/2025, el organismo documentó que la víctima fue forzada a abandonar su comunidad debido al estigma y la ausencia de justicia. Subrayó también la responsabilidad del personal ministerial que, por omisión o negligencia, contribuyó a la impunidad y a la revictimización de Pijy.

Entre las acciones exigidas a la Fiscalía estatal, la Defensoría solicitó:

• La inscripción inmediata de la víctima en el Registro Estatal de Víctimas.

• La garantía de acceso a atención psicológica, compensación económica y medidas de reparación integral.

• Un acto público de disculpa y reconocimiento de responsabilidad por parte de la Fiscalía.

• Capacitación obligatoria en derechos humanos, justicia con perspectiva de género y verificación de identidad para todo el personal ministerial.

• Una circular interna que refuerce los mecanismos de control en la autenticación de las partes involucradas en procesos penales.

El caso de Pijy no solo expone una falla institucional, sino también el profundo abandono en el que muchas mujeres indígenas permanecen cuando enfrentan la violencia de género. La exigencia de justicia llega tarde, pero aún puede marcar un precedente para impedir que se repita.