Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.– Una crisis sanitaria de gran magnitud ha detonado un paro laboral indefinido por parte del personal de salud adscrito a la subsección 02 del IMSS Bienestar en la región del Istmo de Tehuantepec. La protesta, iniciada este lunes 10 de junio, responde a una situación que califican como insostenible y de alto riesgo para la vida de los pacientes: hospitales sin medicamentos, clínicas sin material de curación, equipos descompuestos y centros de salud operando en condiciones de precariedad extrema.

Los trabajadores de diversas unidades médicas de primer y segundo nivel en municipios como Juchitán, Salina Cruz, Ciudad Ixtepec, Santo Domingo Tehuantepec, Unión Hidalgo, Matías Romero y otros puntos de la región se han sumado a esta jornada de protesta, que incluye plantones, cierre parcial de servicios y movilizaciones en la vía pública.

“Ya no hay condiciones para trabajar dignamente”

Durante la jornada de protesta, médicos generales, enfermeras, camilleros, técnicos laboratoristas y personal administrativo expusieron a través de mantas, consignas y declaraciones a medios de comunicación que desde hace meses trabajan sin lo mínimo indispensable para brindar atención médica básica. Denuncian el desabasto sistemático de insumos esenciales como jeringas, guantes, gasas, medicamentos para fiebre, antibióticos, material quirúrgico y hasta suturas.

“Estamos hartos de tener que decirle a un paciente que no hay paracetamol, de improvisar vendajes con lo que encontramos, de arriesgar nuestra propia salud. No podemos seguir así”, expresó una enfermera del Hospital General de Juchitán.

Uno de los reclamos más graves apunta a la falta de medicamentos oncológicos y tratamientos crónicos, afectando a personas con cáncer, diabetes e hipertensión, quienes deben acudir de manera frecuente a las unidades médicas y muchas veces regresan a casa sin recibir atención adecuada.

Demandas concretas

El paro indefinido tiene como principales exigencias:

• Abasto inmediato y regular de medicamentos e insumos médicos, incluyendo fórmulas controladas, vacunas y materiales de laboratorio.

• Reparación urgente de equipo médico, que lleva meses fuera de funcionamiento por falta de refacciones o mantenimiento.

• Condiciones dignas de trabajo, incluyendo ropa quirúrgica, aire acondicionado en quirófanos y seguridad sanitaria.

• Contratación de personal suficiente para evitar sobrecarga laboral.

• Transparencia en la gestión de recursos del programa IMSS Bienestar y rendición de cuentas sobre los fondos asignados al sector salud en Oaxaca.

Afectaciones para la población

Aunque el personal ha garantizado la continuidad de servicios esenciales como urgencias, hospitalización y atención obstétrica de alto riesgo, advierten que consultas, cirugías programadas, análisis clínicos, servicios de prevención y programas comunitarios están suspendidos hasta nuevo aviso.

Esto impacta directamente a miles de personas que dependen exclusivamente del sistema público para recibir atención médica, sobre todo en comunidades indígenas, rurales y marginadas del Istmo, donde el IMSS Bienestar es la única opción de atención gratuita.

Autoridades sin respuesta

A pesar de que la movilización fue anunciada con anticipación, ni la delegación estatal del IMSS ni la Secretaría de Salud federal han emitido un pronunciamiento oficial al respecto. La Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) ha respaldado la protesta, denunciando que el abandono del sistema de salud es sistemático y no exclusivo del Istmo.

“Esto es parte del deterioro estructural del sistema de salud pública, a pesar del cambio de modelo a IMSS Bienestar. Lo que se prometió como una solución integral se ha convertido en un modelo insuficiente y opaco, sin mejora tangible para trabajadores ni pacientes”, señalaron líderes sindicales.

Escenario crítico en plena transición federal

La protesta ocurre en un contexto nacional complejo: con un nuevo gobierno electo y promesas de transformación en el sistema de salud, el paro en Oaxaca refleja el rezago persistente en estados del sur del país, donde la infraestructura sanitaria es más vulnerable.

Organizaciones civiles y colectivos médicos han comenzado a documentar el paro, solicitando la intervención de organismos de derechos humanos, al considerar que la falta de medicamentos y atención médica puede constituir una violación al derecho a la salud.