Oaxaca de Juárez, 30 de abril de 2025 — En un hecho sin precedentes en la historia reciente del sistema judicial oaxaqueño, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo una sentencia condenatoria de 300 años de prisión contra H.M.G., exsecretario municipal de San Francisco Jayacaxtepec, por su responsabilidad en el delito de desaparición forzada agravada en perjuicio de cinco personas.

El fallo fue dictado por un Tribunal de Enjuiciamiento tras años de trabajo por parte del Ministerio Público, peritos forenses, testigos y víctimas indirectas, quienes documentaron la cadena de hechos que derivaron en uno de los casos más graves de desaparición forzada cometida por autoridades municipales en el estado.

Detención y desaparición de las víctimas

De acuerdo con la carpeta de investigación 69/IVRM/2017, el 28 de enero de 2017, las víctimas —identificadas como L.A.A.F., A.A.A., F.F.V., H.M.M. y V.M.M.— fueron detenidas arbitrariamente por elementos de la autoridad municipal de San Francisco Jayacaxtepec, comunidad perteneciente a Totontepec Villa de Morelos, en la región Mixe del estado de Oaxaca.

Los detenidos fueron trasladados a la cárcel municipal bajo cargos no aclarados y sin haber sido puestos a disposición del Ministerio Público. Durante semanas, sus familiares buscaron información sobre su paradero, sin obtener respuestas claras por parte de la autoridad local.

Finalmente, el 3 de abril de 2017, más de dos meses después, los cuerpos sin vida de las cinco personas fueron localizados en distintos parajes de la región. Los exámenes forenses revelaron signos de violencia, lo que configuró el delito de desaparición forzada agravada con resultado de muerte.

Sentencia ejemplar

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales que acreditaron la participación directa de H.M.G. en los hechos, en su calidad de servidor público con facultades para detener y retener personas.

El tribunal determinó su responsabilidad penal y lo condenó a 300 años de prisión, es decir, 60 años por cada una de las cinco víctimas, como lo establece la legislación vigente en casos de desaparición forzada agravada.

Además, se ordenó el pago de una multa y la reparación del daño en abstracto a los familiares de las víctimas, así como la inscripción del caso en el Registro Estatal de Víctimas.

Un paso firme contra la impunidad

La FGEO calificó la sentencia como un acto de justicia histórica, que manda un mensaje claro sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos y la gravedad de las desapariciones cometidas desde el poder.

“Este fallo demuestra que ningún cargo o función puede estar por encima de la ley. En Oaxaca no habrá tolerancia para quienes violenten los derechos humanos desde una posición de autoridad”, señaló en un comunicado el fiscal general, Bernardo Rodríguez Alamilla.

Organizaciones de derechos humanos y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas reconocieron la resolución del tribunal, aunque señalaron que faltan otros responsables por procesar, ya que los hechos habrían sido ejecutados por más de una persona dentro de la estructura municipal.

Contexto alarmante

Oaxaca se mantiene como uno de los estados con mayor número de desapariciones en el sur del país. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, más de 750 personas permanecen desaparecidas en la entidad.

Casos como el de San Francisco Jayacaxtepec reflejan un patrón de abuso de poder, complicidad institucional y encubrimiento local que persiste en zonas rurales e indígenas del estado, donde los mecanismos de fiscalización son débiles y el acceso a la justicia suele ser limitado.

El desafío continúa

Si bien esta sentencia representa un hito en la lucha contra la desaparición forzada en Oaxaca, familiares de víctimas y defensores de derechos humanos advierten que aún queda mucho por hacer para erradicar este tipo de crímenes y garantizar justicia plena a los afectados.

“La impunidad sigue siendo la norma, no la excepción. Por cada caso juzgado, hay decenas más que no llegan ni a una investigación formal”, denunció Alejandra Toledo, abogada del Colectivo Oaxaqueño de Familiares Desaparecidos.

Mientras tanto, la Fiscalía informó que continuará con las indagatorias para ubicar y procesar a otros posibles responsables en este caso y en otros expedientes abiertos por desaparición forzada.