Oaxaca, 29 de abril de 2025 —La esperanza de encontrar con vida a Sandra Estefana Domínguez Martínez terminó en luto. La familia de la activista indígena confirmó este lunes que sus restos fueron localizados en una fosa clandestina en el municipio de Santiago Sochiapan, Veracruz, tras más de seis meses de angustiosa búsqueda.
“Yo anhelaba que mi hija apareciera viva, no fue así. Yo quería que la localizaran con vida, y no fue así. Lo importante es que mi hija ya está en Oaxaca”, expresó con profunda tristeza Aracely Martínez, madre de Sandra, durante una conferencia de prensa realizada en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca.
Sandra desapareció el pasado 4 de octubre de 2024 junto a su esposo, Alexander Hernández Hernández. Ambos fueron vistos por última vez cuando salieron de su comunidad para realizar actividades de gestión social. Desde entonces, su familia, colectivos de derechos humanos y organizaciones indígenas emprendieron una incansable lucha para exigir su aparición.
Finalmente, el 24 de abril de 2025, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que, en coordinación con autoridades de Veracruz, fueron localizados sin vida en una zona rural de difícil acceso. El traslado de los cuerpos a Oaxaca se realizó bajo estrictas medidas de seguridad y resguardo de derechos forenses.
Sandra Domínguez, de origen mixe, era ampliamente reconocida por su trabajo en defensa de los derechos de las mujeres indígenas y por su valentía al denunciar violencia digital: en 2023 reveló la existencia de chats de funcionarios públicos donde se difundían imágenes íntimas de mujeres sin consentimiento, un acto que desató amenazas y hostigamientos en su contra.
Desde su desaparición, familiares y colectivos señalaron que Sandra era víctima de un patrón de criminalización hacia mujeres defensoras en Oaxaca y Veracruz. La comunidad mixe también había pedido apoyo internacional, logrando que organismos como ONU Mujeres y Amnistía Internacional exigieran acciones contundentes al Estado mexicano.
Acompañada por representantes de colectivos feministas, pueblos indígenas y organizaciones de derechos humanos, la familia Domínguez Martínez demandó este lunes que el caso de Sandra no quede impune.
“Exigimos respeto para nuestras desaparecidas y desaparecidos, para sus familias y un alto total a la revictimización y criminalización”, señaló su hermana Kisha Domínguez ante decenas de personas reunidas en un acto simbólico de memoria.
La familia también pidió que las investigaciones incluyan la posible participación de autoridades locales en el hostigamiento previo que sufrió Sandra, y recordaron que la defensora había solicitado medidas de protección que nunca fueron plenamente garantizadas.
El asesinato de Sandra Domínguez reabre la conversación sobre el riesgo extremo que enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos en México, especialmente en zonas indígenas y rurales. Datos de organizaciones civiles señalan que México es uno de los países más peligrosos para quienes defienden la tierra, el territorio y los derechos de las mujeres.
Tan solo en 2024, se registraron más de 30 agresiones mortales contra activistas en el país, de acuerdo con Front Line Defenders. Oaxaca, Guerrero y Veracruz figuran entre los estados más letales.
“Hoy enterramos a Sandra, pero no su lucha”, afirmó una de sus compañeras de militancia. “Su voz resonará en cada demanda de justicia, en cada mujer que alce la voz, en cada rincón donde aún soñamos con un México sin miedo.”
El cuerpo de Sandra fue recibido este lunes en su comunidad natal en Oaxaca, donde familiares, amigos y simpatizantes organizaron una ceremonia tradicional para despedirla. Entre flores, música mixe y lágrimas, el mensaje fue claro: “Sandra, siempre viva en la memoria de los pueblos que luchan”.
La familia anunció que continuarán impulsando acciones legales, exigiendo justicia nacional e internacional, y llamaron a que el caso no quede como una cifra más en las estadísticas de violencia contra defensoras.
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