Oaxaca de Juárez.— Autoridades que conforman el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, exigieron una investigación expedita y exhaustiva en el arroyo El Coyote contaminado por un derrame de la presa de jales de la Compañía Minera Cuzcatlán ocurrido el pasado 25 de septiembre de 2024.

En conferencia de prensa, el presidente municipal de Magdalena Ocotlán, Ricardo Víctor Cosme Aquino, denunció que la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) no ha entregado ninguna información oficial a las autoridades municipales que denunciaron la contaminación del arroyo El Coyote.

Este cauce, detalló, presenta una coloración anormal, con presencia de sedimentos de color blanquecino con espuma, el cual fue constatado por las autoridades municipales en recorridos realizados los días 25 y 26 de septiembre pasados.

Posteriormente, presentaron una denuncia ante la Profepa, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); éstas dos últimas, se deslindaron de realizar cualquier tipo de intervención ante este caso.

Sin embargo, la Profepa emitió un comunicado el 30 de septiembre en el que aseguró que es falso un derrame o liberación de residuos de jales mineros sobre el cauce del arroyo El Coyote.

Cosme Aquino aseguró que el comunicado de la Profepa carece de una investigación exhaustiva sobre la contaminación en el arroyo que contribuye para el pozo de agua potable de la comunidad y constituye una acción completamente irresponsable de esta dependencia con el medio ambiente y la salud de las comunidades zapotecas que habitan en esta región.

“Lejos de respetar, proteger y garantizar los derechos de la ciudadanía, la Profepa favorece los intereses privados de la Compañía Minera Cuzcatlán, ya que en ningún momento se acercó a las comunidades afectadas y a sus respectivas autoridades municipales”.

Las autoridades del Frente No a la Minería, también exigieron que la Semarnat revoque los permisos ambientales a la empresa minera y la cancelación inmediata del proyecto minero, por no ajustarse a los ordenamientos ambientales vigentes.

Y al Juzgado Primero de Distrito, integrar el expediente de la presente denuncia y respetar la determinación de las comunidades afectadas relativas a la cancelación de las concesiones mineras y sancionar a la empresa minera por desacatar el mandato judicial.