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Inicia labores la Plataforma del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias en todo el país
A partir de este martes 9 de julio, los jueces del Poder Judicial del Estado de México tendrán la facultad de reportar a los deudores alimentarios al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
La presidenta del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), Nuria Fernández Espresate, destacó la importancia de este sistema nacional, el cual no solo permitirá tener un estimado de deudores alimentarios, sino que también obligará a estos deudores a cumplir con sus obligaciones.
Actualmente, México no cuenta con una cifra exacta de deudores alimentarios, lo cual dificulta la implementación de medidas efectivas para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones.
Con el nuevo registro, las autoridades podrán llevar un control más riguroso y aplicar las sanciones correspondientes a quienes no cumplan con sus responsabilidades.
Para asegurar el cumplimiento de esta medida, las autoridades de los tres órdenes de gobierno establecerán como requisito un certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias para una serie de trámites.
Entre estos trámites se encuentran:
Estas restricciones tienen como objetivo garantizar que los deudores alimentarios cumplan con sus obligaciones antes de acceder a ciertos servicios y derechos. Además, se prevén medidas de restricción migratoria para impedir que los deudores alimentarios morosos puedan salir del país, especialmente cuando exista evidencia de que su salida se utilizaría como un medio para evadir el pago de la deuda.
La implementación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias representa un paso significativo hacia la protección de los derechos de los niños y las familias. Al obligar a los deudores a cumplir con sus obligaciones, se busca asegurar el bienestar de los menores y garantizar que reciban el apoyo económico necesario para su desarrollo.
El SNDIF, junto con otras autoridades competentes, trabajará para asegurar que esta medida se implemente de manera efectiva y justa, con el fin de promover una cultura de responsabilidad y cumplimiento en todo el país. La creación de este registro no solo beneficiará a las familias directamente afectadas, sino que también contribuirá al fortalecimiento del sistema de justicia y al bienestar general de la sociedad mexicana.
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