Lo que en 1992 fue declarada como la zona de reserva ecológica más grande de la ciudad de Oaxaca ahora está al borde de la desaparición, ante el crecimiento desmedido de la mancha urbana, que ha devorado al menos 80 por ciento de aquella superficie.

Un decreto emitido hace 31 años por el gobierno estatal elevó a rango de área de preservación ―libre de cualquier obra de infraestructura― 2 mil 400 hectáreas de tierra situadas entre las agencias municipales de San Luis Beltrán, Donají, San Felipe del Agua, Guadalupe Victoria y Trinidad de Vigüera, una extensión que recorre de extremo a extremo el norte de la capital oaxaqueña.

Sin embargo, múltiples inconsistencias en la resolución gubernamental permitieron que autoridades agrarias vendieran predios a diestra y siniestra y que las autoridades municipales y estatales entregaran sin reparo licencias para construcción.

Hoy al menos 48 colonias populares de Oaxaca de Juárez yacen sobre lo que es un área natural protegida, sin contar que las zonas agrarias de las agencias municipales.

“Mire, el decreto, no tengo pruebas documentales, pero sí la herencia hablada de mis bisabuelos y abuelos, de que se implementó por la terquedad de un Gobernador, de abrir un supuesto Libramiento Norte que resolvería la cantidad de vehículos que atraviesan el centro de la ciudad de Oaxaca de Juárez, pero al realizar esa idea nunca se tomó en consideración a los núcleos agrarios que iban a ser afectados; se inició la apertura sin permiso de los grupos agrarios”, cuenta Marcos Reyes, ejidatario de la agencia Guadalupe Victoria y quien actualmente encabeza un movimiento de pequeños propietarios que piden la derogación del Decreto de Reserva Ecológica. 

“Cuando las máquinas comenzaron a abrir, ya de inmediato los ejidatarios fueron a parar el proceso, y ahí empieza un primer diálogo forzoso…

“Como aún así los ejidatarios y comuneros de San Felipe del Agua se negaron, se ordenó entre ellos el cierre de ese libramiento, por eso hasta el día de hoy está cerrado y no lo vamos a permitir, la apertura, hasta que se nos resuelva la situación de lo del Decreto (de 1992l y de la indemnización de las tierras afectadas porque, desgraciadamente, nunca se firmó un contrato, nunca se firmó un trámite ante ninguna autoridad municipal o estatal y jamás se recibió una indemnización alguna por cualquier tipo de afectación”, agrega el hombre.

El trazo de lo que iba a ser aquella carretera marca el inicio y final de la reserva ecológica.

En la zona de reserva existen obras hechas por las propias autoridades, como el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas) del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, construido en 2014; también hay universidades particulares, hoteles, gimnasios, antenas de radiocomunicación y centros comerciales; todos, dotados de servicios básicos.

“Alrededor de la línea, desde su inicio, como no se elaboró un polígono como tal y no se llevó a cabo el trámite administrativo y jurídico pertinente, que se debió haber elaborado, nunca se aceptó el Decreto.

“Por esa razón, los habitantes empezaron a desenvolverse y ahorita existen colonias. Las más afectadas de aquí sería la Loma Linda. Muchos de sus habitantes no saben que están dentro de la línea; ellos mismos están solicitando que esas áreas se rescaten, cuando no saben que les van a quitar sus predios. Están las propiedades de El Crestón, Microondas, Río Blanco y, todavía, la parte alta de Santa Rosa”, explica Reyes, en entrevista.

Después de 30 años en que se desarrollaron media centena de colonias, la tensión comenzó a escalar a partir de 2020, cuando el gobierno municipal de Oaxaca de Juárez intentó vender un terreno de 3 mil metros cuadrados ubicado en el cerro de El Crestón, en los alrededores del área reservada.

Al enterarse de ello, grupos de ambientalistas comenzaron a realizar movilizaciones y a denunciar que las autoridades capitalinas pretendían vender la zona natural.

En noviembre de 2021, el gobierno municipal se desistió, pero decidió fortalecer el decreto gubernamental de 1992 y emitir un dictamen a través del cual prohibió la expedición de licencias para construir, subdividir y vender.