Según el informe “La militarización en los pueblos indígenas de México”, elaborado por IPRI-México, con ella se busca ejercer control sobre las comunidades para concretar la implementación de los parques industriales.

El informe “La militarización en los pueblos indígenas de México”, elaborado por Indigenous Peoples Rights International (IPRI-México), asegura que la estrategia militar busca ejercer un control sobre las tierras y territorios indígenas, para la implementación de los Polos de Desarrollo, incluidos en el Corredor Interoceánico a cargo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con el estudio, que incluye testimonios de activistas indígenas deMogoñé Viejo, San Juan Guichicovi, y Puente Madera, San Blas Atempa, ambas comunidades del Istmo de Tehuantepec de Oaxaca, explica que han documentado un proceso específico de militarización, que recae en una estrategia diferente a la tradición contrainsurgente.

“Las comunidades han relatado para IPRI una serie de proyectos económicos, que se desarrollan en el marco de los procesos de militarización en Oaxaca, Chiapas y Michoacán: la extracción de grava, la privatización de un ojo de agua y la amenaza de la instalación de una planta de Coca Cola en Bachajón, la operación legal e ilegal de la minera Ternium en la costa de Michoacán y el Corredor Interoceánico”, destaca el texto.

Estos proyectos, sostiene, son muestras constantes de cómo la presencia de las fuerzas armadas genera condiciones de seguridad para la inversión, y hasta ahí pareciera que está bien; sin embargo, sostiene que estos procesos de inversión se imponen en las comunidades indígenas, sin respetar sus derechos colectivos.

“La persistencia de los impactos de la militarización en el tiempo se puede observar con claridad en Oaxaca. El mismo proyecto al que se opuso la comunidad zapoteca de Juchitán en 1979 ahora se ha implementado en dicha región. El Corredor Interoceánico es una realidad con el establecimiento de los Polos de Desarrollo como modelo. Este proyecto no tuvo el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades”, apunta.

Según el IPRI, la manera de operación política de las Fuerzas Armadas consiste en una coordinación con los poderes locales para el control de las autoridades agrarias, además de violentar el derecho a la autonomía.

La estrategia, agrega, en los hechos desconoce el derecho al territorio de los pueblos indígenas, “pues los restringe a lo contemplado por las leyes agrarias, cuando ese marco legislativo es restrictivo y no se apega a los controles de convencionalidad. Asimismo, alimenta una dinámica de división y confrontación entre comunidades”.

Otra de las maneras indirectas en las que impacta la militarización al derecho al territorio, asegura, es la prohibición del uso de armas por parte de las comunidades, cancelando de esa manera la posibilidad de continuar con actividades ancestrales como la caza.

“Esto limita el aprovechamiento de las comunidades de sus recursos e influye en el control de su territorio con otras prohibiciones militares para circular libremente o atender sus parcelas, esto afecta la realización de fiestas tradicionales y modifica la relación sociocultural de las comunidades con su territorio”, afirma.