Hace poco más de cuatro años, Oaxaca anunciaba la despenalización del aborto. Se trata de una de las entidades más pobres y con más desigualdad de México, que aquel 26 de septiembre de 2019 ponía un ejemplo al país y a Latinoamérica. Pero pasado ese tiempo, el acceso al aborto seguro sigue siendo un pendiente. Aunque fue el segundo Estado en permitir el aborto tras 12 semanas de gestación, las mujeres que buscan interrumpir su embarazo desconocen que es un derecho, se enfrentan a negativas en la prestación del servicio, falta de traductores en lenguas indígenas o el trato racista y discriminatorio a mujeres afromexicanas o indígenas.
Con un embarazo producto de una violación, María acudió a denunciar y solicitar un aborto. Era 1995 y en Oaxaca, como en el resto del país, el aborto era considerado un delito, salvo en algunas causales como la de ella. Sin embargo, no logró obtenerlo debido a que las autoridades prolongaron el proceso deliberadamente hasta que rebasó el tiempo permitido.
Este episodio de violencia institucional dejó una huella indeleble en Zoila Ríos Coca, defensora de derechos humanos que en ese momento formaba parte de la Agencia de Delitos Sexuales de la Fiscalía Estatal en donde luchó para que le practicaran el aborto a la víctima.
“En pláticas oí que le darían largas para no realizarle el aborto”, recordó. La indignación que sintió por lo que le hicieron a María la llevó a renunciar y a ayudar a las mujeres, desde la clandestinidad, a acceder a este servicio sin riesgo y de manera amorosa.
«Difícilmente logramos la despenalización del aborto quienes estuvimos posicionando el tema. Han pasado muchos años y pareciera que la mirada actual es que se logró a partir del movimiento de Marea Verde, sin embargo, este es un movimiento que tiene mucho tiempo, solo que las condiciones ahora son diferentes», relata Ríos Coca.
La experiencia recogida a lo largo de casi tres décadas le confirmaron que, para las mujeres, antes y ahora, no es nada fácil tomar esta decisión. No obstante, a partir de 2019, con la reforma al Código Penal que despenalizó el aborto antes de la semana 12 de gestación, hay menos carga emocional y económica.
Fotos: Citlali López Vázquez
Con un embarazo producto de una violación, María acudió a denunciar y solicitar un aborto. Era 1995 y en Oaxaca, como en el resto del país, el aborto era considerado un delito, salvo en algunas causales como la de ella. Sin embargo, no logró obtenerlo debido a que las autoridades prolongaron el proceso deliberadamente hasta que rebasó el tiempo permitido.
Este episodio de violencia institucional dejó una huella indeleble en Zoila Ríos Coca, defensora de derechos humanos que en ese momento formaba parte de la Agencia de Delitos Sexuales de la Fiscalía Estatal en donde luchó para que le practicaran el aborto a la víctima.
“En pláticas oí que le darían largas para no realizarle el aborto”, recordó. La indignación que sintió por lo que le hicieron a María la llevó a renunciar y a ayudar a las mujeres, desde la clandestinidad, a acceder a este servicio sin riesgo y de manera amorosa.
«Difícilmente logramos la despenalización del aborto quienes estuvimos posicionando el tema. Han pasado muchos años y pareciera que la mirada actual es que se logró a partir del movimiento de Marea Verde, sin embargo, este es un movimiento que tiene mucho tiempo, solo que las condiciones ahora son diferentes», relata Ríos Coca.
La experiencia recogida a lo largo de casi tres décadas le confirmaron que, para las mujeres, antes y ahora, no es nada fácil tomar esta decisión. No obstante, a partir de 2019, con la reforma al Código Penal que despenalizó el aborto antes de la semana 12 de gestación, hay menos carga emocional y económica.
El desafío actual, afirma la activista por los derechos sexuales y reproductivos, es lograr que la sociedad comprenda el aborto como un derecho de las mujeres, eliminar el estigma social que lo rodea y garantizar que los hospitales públicos cumplan con tener medicamento para ofrecer abortos gratuitos y seguros.
Hoy en día, Zoila Ríos Coca, desde Diosas de la Oxitocina, una colectiva de mujeres parteras, sigue brindando servicio a las mujeres que eligen abortar, aunque con una menor demanda que antes de 2019. Al no ser un delito, existen distintas colectivas que están dando acompañamientos en todas las regiones del estado, supliendo de alguna manera la tarea que le corresponde al Estado.
Más de mil 100 abortos en Oaxaca desde la despenalización
Desde la despenalización del aborto el 25 de septiembre de 2019 hasta el 12 de septiembre de 2023 un total de mil 172 mujeres interrumpieron su embarazo en unidades médicas de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO). De este número, el 56.56 por ciento de los abortos se realizaron únicamente en este año.
La información proporcionada por los SSO indica que la mayoría de los abortos se realizaron en el Hospital Civil Doctor Aurelio Valdivieso, la Clínica de la Mujer y el CESSA de Tlalixtac, que brindan atención a mujeres en la capital del estado y municipios circundantes. Solo el 3.9 por ciento de los procedimientos se hicieron en hospitales regionales que atienden a mujeres indígenas, uno de los sectores más vulnerados en acceso a salud sexual.
A pesar de que existen 11 unidades de salud en toda la entidad con personal capacitado para realizar abortos, los informes indican que solo se han reportado procedimientos en siete de estos puntos. El estado cuenta con 14 hospitales generales, 19 hospitales comunitarios, tres de atención especializada y 746 centros de salud.
Los SSO también informaron que en 2022 se capacitó a mil 235 profesionales de la salud, incluyendo médicos generales, técnicos de salud, especialistas y personal paramédico en las seis jurisdicciones sanitarias de la entidad.
En lo que va de 2023, se ha capacitado a 801 profesionales de la salud, incluyendo médicos generales, médicos especialistas, personal de enfermería y personal paramédico. Lo anterior no se refleja en mayor acceso. Es mayor la cantidad de profesionales de la salud capacitados que el número de mujeres a quienes le realizaron un aborto.
Interrumpir y seguir
Valentina Jaso, coordinadora de la colectiva «Las Consejeras en Oaxaca», menciona que se ha observado una voluntad política dentro de los SSO para brindar servicios de interrupción legal del embarazo en diversas regiones del estado, pero aún existen desafíos, como la falta de servicios en todas las regiones y la necesidad de difundir información sobre los derechos reproductivos.
La colectiva «Las Consejeras en Oaxaca» brinda información a través de redes sociales y busca espacios públicos para compartir información sobre el aborto legal y el acceso a servicios. Colaboran con otras colectivas y organizaciones en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la sensibilización sobre estos temas.
Mensualmente atiende entre 25 a 30 mujeres a quienes les proporciona misoprostol para la interrupción del embarazo. En cuanto al perfil de quienes buscan sus servicios, predominan las jóvenes de entre 17 y 22 años y mujeres de 33 a 37 años.
Aunque no se preguntan las razones que las llevan al aborto, quienes compartieron sus experiencias señalaron que decidieron interrumpir sus embarazos para buscar una mejor calidad de vida, continuar con sus estudios, alejarse de situaciones de violencia, o porque no habían planeado tener más hijos.