Organizaciones y expertos cuestionan qué tanta será la autonomía del órgano creado «fast track» por Morena y aliados, pues el ente se ha utilizado a modo por el Ejecutivo; se repiten vicios del PRI, señalan.

El nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción, nacido luego de que diputados de Morena y partidos aliados extinguieron en ocho minutos el órgano autónomo anterior, estará compuesto por magistradas y magistrados vinculados a los exgobernadores como Gabino Cué, en cuyo sexenio el gobernador Salomón Jara (Morena) fue secretario are Desarrollo Agropecuario, así como al fiscal general Bernardo Rodríguez Alamilla e incluso a la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). 

Pero sobre todo incluye a personajes con relacionados con integrantes de alto perfil del gabinete estatal, como Jesús Romero, titular de la Secretaría de Gobierno (Sego), y el consejero Jurídico Goevany Vásquez Sagrero, por lo que especialistas consultados por EL UNIVERSAL cuestionan qué tanta será su independencia. 

A diferencia del tribunal anterior que contaba con 12 magistrados, el nuevo sólo tendrá siete, tres en la Sala Superior, quienes ostentarán el cargo por siete años, y cuatro en Salas Unitarias, quienes se desempeñarán por cinco años. 

Entre los designados para ocupar la Sala Superior se encuentran perfiles como el de Manuel de Jesús López, el de mayor trayectoria y quien siempre ha estado en puestos jurídicos y de administración de justicia donde la encomienda ha sido “cuidar las espaldas” de quien tiene el poder, por ejemplo, fue procurador general de Justicia en el Estado de Oaxaca (PGJEO) desde el inicio del gobierno de Gabino Cué Monteagudo, en 2010, hasta el 13 de noviembre del 2013.

Dejó el cargo para asumir la Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, promovido por el mismo mandatario, y posteriormente se desempeñó como jefe de Asesores del Poder Ejecutivo y el 7 de enero del 2015 fue designado por el mismo gobernador como magistrado del Tribunal Superior de Justicia, puesto en el que estuvo ocho años hasta enero pasado. Además, fue acusado por el Partido del Trabajo en 2016 de ser protector de Jorge “El Coco” Castillo, brazo financiero y para realizar presuntos actos de corrupción para Gabino Cué.

En la misma sala figura la abogada Cruz Itzel Espinosa Rojas, quien se desempeñó hasta antes de su nombramiento como directora jurídica y extitular del Órgano interno de Control del Congreso local. Fuentes consultadas por este medio la identifican como gente cercana a Jesús Romero López, secretario de Gobierno, pues fue promotora y operadora de su intento por ganar la candidatura a la presidencia municipal de la capital. Según datos del Congreso local también fungió como Directora de Asistencia Jurídica entre 2016 y 2017 en la asociación «Plataforma Oaxaca Solidario”, una agrupación política que se encargó fugazmente de impulsar la carrera política de Romero López.

El tercer magistrado de la Sala Superior esMateo Martínez Martínez, quien fue coordinador Jurídico de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) de 2021 a la fecha; sin embargo, entre las organizaciones defensoras locales aseguran no tiene antecedentes en el tema y que su cargo en dicha institución estuvo ligado al anterior ómbudsman, hoy convertido en Fiscal General: Bernardo Rodríguez Alamilla. Además se le vincula a Vásquez Sagrero, el consejero jurídico del gobierno estatal.

En lo que respecta a las Salas Unitarias, éstas estarán encabezadas por Amparo Arias Rivas, profesora e investigadora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), quien también se desempeñó como asesora jurídica en el Poder Judicial del Estado y fue una de las 10 finalistas para encabezar la fiscalía oaxaqueña en el reciente proceso. 

También figura Raúl Oswaldo Bernal Flores, quien se desempeñó como juez de Control del Circuito de Valles Centrales y posteriormente como Visitador General del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca (TSJO). 

Además, se incluye a Javier Martín Villanueva Hernández, maestro en Derecho y quien permaneció en su cargo como magistrado en tribunal administrativo anterior, por lo que fue el único ratificado por los diputados de la 65 Legislatura oaxaqueña. Antes de ser designado como magistrado del TJAO, durante el gobierno del priista Alejandro Murat Hinojosa, se desempeñó como delegado de la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) en Oaxaca, a finales de la administración de Gabino Cué.

Por su parte, a Anneliese Danae Echeverría Clavel se le relaciona con el magisterio oaxaqueño, puesto que desde el anterior Comité Ejecutivo Seccional fue secretaria jurídica de la sección 22 del SNTE. Se retiró de dicho cargo en marzo pasado, cuando se inscribió para contender por un cargo en la Defensoría.

Un golpe al Poder Judicial

Para la representante de la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Yésica Sánchez Maya, la extinción del tribunal, luego de críticas del gobernador a los magistrados y asegurar que estaba al servicio del PRI, rompe la autonomía y avasalla al Poder Judicial.defensora expuso que la determinación del Poder Legislativo y la creación exprés de un órgano nuevo, no permitió llevar a cabo un proceso de selección interno en el Tribunal.

La defensora expuso “Me parece muy delicado, porque fue un día para otro, no puede crearse un órgano de esa manera. El Poder Ejecutivo y Legislativo avasallan de una manera autoritaria al Poder Judicial, violentando su autonomía”, dijo.

Aunque señaló que organizaciones sociales mantienen el interés en el combate a la corrupción, reprueban la forma en la que se generó de esa magnitud, sin los procesos debidos, pues pone en entredicho el tema democrático y la autonomía de las instituciones.

Respecto a los señalamientos que hiciera el gobernador respecto al desempeño de quienes hasta hace unos días integraban el Tribunal de Justicia Administrativa, en particular de ser partícipes de presuntos actos de coprrupción, Sánchez Maya indicó que antes de su destitución, debieron iniciarse los procedimientos correspondientes y liberar las plazas para que fueran ocupadas por personas con los perfiles idóneos.

Mencionó que existe contradicción en el actuar y señalamientos del Ejecutivo, que mantiene en la función pública a Donato Vargas, coordinador de Delegados por la Paz de Oaxaca, y quien tiene procesos por violencia de género y ha sido señalado directamente por ocupar un cargo público.

Y destacó que hasta el momento se desconoce el perfil de cada uno de los magistrados designados, por lo que se ignora si tienen especialización para los cargos que ahora ostentan.

“La designación fue totalmente arbitraria, sin apegarse a procedimientos. Tuvieron que haberse cubierto los procedimientos correspondientes. Con ello se repite lo que hizo en su momento el exgobernador Alejandro Murat, designando a las y los magistrados a modo. ¿Cuál es la diferencia con el PRI?”, cuestionó.

Tribunal a modo en un día 

Especialistas consultados por este medio, pero que pidieron no revelar su identidad por miedo a represalias, afirmaron que la forma en que el Congreso local concretó  la desaparición del tribunal  fue una “arbitrariedad con mucho cinismo”, ya que los mismos diputados que desaparecieron la institución crearon otra con casi las mismas funciones a la que sólo le cambiaron de nombre y de “cereza del pastel” convirtieron al tribunal en una agencia de colocaciones  donde pusieron a sus incondicionales. Todo en menos de un día.

“Se trata de algo que ya sabíamos, el Tribunal Administrativo, encargado de litigar asuntos económicos, como pagos, multas, infracciones, cuestiones económicas y monetarias siempre fue un asunto de quien estaba en el poder y lo usaba para validar cosas, siempre fue un tribunal a modo para el Ejecutivo, ahora sólo se confirmó su naturaleza de forma burda”, sostuvo una fuente especialista en derecho penal.