La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) resolvió que diversas instituciones públicas del Gobierno dem estado violaron los derechos humanos a la identidad, a la propiedad y a la buena administración, de los hermanos Gómez Conzatti y Martínez.

En su recomendación 02/2023 explicó que el 25 de mayo del 2021 recibió una queja de los hermanos, quienes manifestaron que en septiembre del 2020 realizaron una consulta en la página web de la Dirección del Registro Civil y notaron que sus registros de nacimiento habían desaparecido y que en su lugar se encontraban tres registros a nombre de personas distintas.

Al revisar la información de sus propiedades, detalla la resolución de la DDHPO, las víctimas se percataron que el Instituto de la Función Registral ocultó los registros y que, al realizar una consulta en el sistema del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, advirtieron que los registros catastrales correspondientes a los inmuebles de su propiedad ubicados en el centro de esta ciudad mostraban un movimiento descrito como compraventa realizada en el año 2021.

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“Una vez que se examinaron los hechos y evidencias en el expediente DDHPO/0835/(01)/OAX/2021, iniciado con motivo de la queja presentada ante este organismo por los ciudadanos Gómez Conzatti y Martínez y la señora Martínez Ramírez, y después de una investigación exhaustiva se acreditaron violaciones a sus derechos humanos, relativos al derecho a la identidad, a la propiedad y al derecho a la buena administración, por parte de los servidores públicos involucrados”, afirmó en su sentencia.

El organismo apuntó que es indispensable que a través de los procedimientos legales conducentes, la Dirección del Registro Civil, el Instituto Catastral y el Instituto de la Función Registral, instituciones del estado de Oaxaca, implementen los mecanismos necesarios dentro de su competencia, a efecto de que se restablezcan las cosas al estado en que se encontraban antes de cometerse las violaciones a derechos humanos documentadas y acreditadas en recomendación.

Además, recomendó a las tres dependencias del Gobierno del estado involucradas en los hechos, implementar procesos de formación y capacitación en Derechos Humanos, en Gobierno Abierto y Buena Administración, e investigar la probable responsabilidad en que hubieren incurrido servidores públicos involucrados en los hechos materia y se inicie el procedimiento administrativo correspondiente.

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Entre las recomendaciones también solicitó que se realice un acto público de reconocimiento de responsabilidad del estado y una disculpa pública a quienes sufrieron menoscabo en sus derechos fundamentales.