Mientras en Mixtequilla e Ixtepec avanza la instalación de los llamados “polos de bienestar”, en San Blas Atempa está en entredicho debido a que la asamblea comunal que autorizó su instalación enfrenta un juicio de nulidad.

De los tres parques industriales que el gobierno federal planea desarrollar en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), con la participación del sector privado, el de San Blas Atempa está en suspenso debido a que la asamblea comunal que autorizó su instalación enfrenta un juicio de nulidad en  el Tribunal Unitario Agrario(TUA) de Tuxtepec por presuntas irregularidades.

El agente municipal comunitario de Puente Madera, en San Blas Atempa, David Hernández Salazar, detenido unas horas el 17 de enero pasado por agentes de la fiscalía estatal, explica que no está en contra del parque industrial, sino del procedimiento por el que se autorizó la venta de tierras de El Pitayal.

“No podemos avalar un procedimiento plagado de vicios, como el hecho de que en la asamblea del 14 de marzo de 2021 aparece la firma del señor Inocencio Morales, comunero que falleció en el mes de enero de 2020, dando su consentimiento para la venta de un poco más de 300 hectáreas y el permiso para que se instale el parque industrial en el paraje Los Robles de El Pitayal”, señala.

David Hernández Salazar supo en diciembre de 2020 de las intenciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de instalar un Polo de Desarrollo para el Bienestar (Podebis) en San Blas. Entonces ya era agente municipal de Puente Madera.

“Me fue a visitar el entonces presidente municipal de San Blas Atempa, Antonino Morales Toledo, actual secretario de Administración de Oaxaca, quien me platicó de ese proyecto y me pidió que juntos buscáramos un terreno. Visitamos los parajes del  Rancho La Fortuna, El Puente Barandal y Los Robles.

“Hablamos con la gente, les informamos del proyecto, el ‘progreso’ era la meta o la palabra prometida. Todo iba bien, aparentemente, cuando nos dimos cuenta que de pronto aparecieron dueños de tierras de uso común del paraje El Roble, donde una asamblea fraudulenta aceptó vender”.

Ahí, afirma, nació su inconformidad, molestia y rechazo, “porque de pronto tierras que no estaban parceladas, que toda la comunidad compartía para ir a cortar la leña o llevar los chivos a comer entre los arbustos, surgieron propietarios que se prestaron a una asamblea amañada con tal de beneficiarse, como finalmente ocurrió con el pago de 52 millones de pesos”.

David Hernández sospecha que autoridades federales fueron corruptas o actuaron de mala fe; de otra forma, “¿por qué procedió lacompra-venta de las tierras si presentamos un juicio de nulidad ante el TUA que aún no se resuelve?”.

Vinculado a los delitos de daños por incendio y lesiones dolosas, el dirigente comunitario, respaldado por la Asamblea Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) y el Foro de Organizaciones Oaxaqueñas (Foro), alista su defensa para una audiencia el 22 de marzo.

Pero no es el único que enfrenta denuncias penales por su lucha de defensa del territorio pues, en total, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ha abierto 14 carpetas de investigación por diversos delitos en contra de integrantes de la asamblea. Se trata, afirman, de la criminalización de la protesta. 

“Vamos a echar abajo sus falsas acusaciones, pero antes, el 9 de febrero, haremos una nueva movilización desde Rancho Llano, San Blas Atempa, en repudio a la asamblea manipulada por el actual secretario de Administración, Antonino Morales.

Estamos en contra del procedimiento fraudulento de venta de tierras y que seguiremos en la defensa de ellas. Ya nos contactó el secretario de Gobierno, Jesús Romero, y esperamos ese encuentro con él, revela.