La iniciativa llega dos semanas después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la prohibición para que los deudores alimentarios puedan postularse a cargos de elección popular en Yucatán, conocida como la Ley Sabina, impulsada en Oaxaca por la activista Diana Luz Vázquez Ruiz.

Fuentes expertas en el tema señalaron a EL UNIVERSAL que la propuesta del gobernador retoma partes de la iniciativa de Yucatán, de la Ley Sabina y de la 3de3 contra la violencia, presentada por Las Constituyentes Feministas; hasta el cierre de esta edición, las colectivas y activistas impulsoras de este proyecto a nivel estatal y nacional no se han pronunciado al respecto.

La propuesta prevé la reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y a siete leyes secundarias, para establecer como requisito para fungir como servidores públicos no ser deudores alimentarios morosos, salvo que acrediten estar al corriente del pago, cancelen esa deuda, o bien, tramiten el descuento correspondiente.

La iniciativa expone que esta limitante sea vinculante para las y los servidores públicos pertenecientes a la Administración Pública Estatal, integrantes del Poder Judicial del Estado -jueces, secretarios y magistrados-, así como las personas titulares e integrantes de los órganos constitucionalmente autónomos.

Entre estos órganos autónomos estatales, destaca la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca; el Tribunal de Justicia Administrativa; el Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno, así como la Fiscalía General del Estado -incluyendo a ministerios públicos, policías investigadores, facilitadores, etc.

Asimismo, se contempla que este requisito sea exigible para las personas que deseen postularse como diputados o diputadas locales. También, para que sea extensiva a las personas integrantes de los ayuntamientos en los 570 municipios del estado. 

Se prevé que la presente modificación, sea vinculante únicamente a partir de las oficinas y todos los niveles burocráticos superiores.

“Es así como la administración pública estatal busca que las personas integrantes del servicio público pongan el ejemplo a toda la sociedad y, a través de este, el derecho a los alimentos sea extensiva a todas las comunidades de la entidad, y se convierta en un principio socialmente arraigado”, señaló el gobierno del estado en un comunicado.