El militar que encabeza la Aduana de Tijuanaurgió en julio pasado a implementar un sistema para controlar el acceso de vehículos chuecos desde Estados Unidos, porque «mafias» los siguen internando de manera masiva.

Lo anterior, en el contexto de regularización de autos chocolates impulsada desde 2021 por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

«Por Tijuana ingresan diariamente unos 65 mil vehículos por sus dos garitas (50 mil por El Chaparral y 15 mil por Otay), sin la posibilidad de inspecciones con personal de la Aduana ni apoyo tecnológico para realizarlo de manera eficiente; si bien existe tecnología parcialmente, en la realidad no coadyuva en identificar la situación legal de estos vehículos y personas, ya que no están conectados a una base de datos vehicular ni delictiva«, afirmó el Teniente Coronel retirado Fernando Martínez, Administrador de la Aduana de Tijuana, en uno de los correos de la Sedena hackeados por Guacamaya.

«Si bien el decreto emitido por el titular del Poder Ejecutivo para registrar los vehículos llamados chocolate en territorio nacional traerá beneficios a un sector específico de la ciudadanía y permitirá el control de aquellos que se empadronen, no es la solución en un cien por ciento a la problemática, ya que literalmente se debe cerrar la llave de entrada a nuestro País. Los vehículos chocolate continúan ingresando respaldados en lo que la misma ley les permite: ser conducidos por un residente norteamericano».

Martínez destacó que el 90 por ciento de esos autos son usados para delitos, porque son prácticamente desechables; sólo en Baja California circulan unos 800 mil de ellos.

La actual Administración empezó a regularizar autos chocolate en octubre de 2021, con un cobro de 2 mil 500 pesos y mediante un decreto presidencial que se ha ido expandiendo tanto en su vigencia, como en los estados que abarca.

Entre marzo y septiembre, la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC) presumió haber regularizado 557 mil vehículos en 13 estados, 124 mil de ellos en BC, con una recaudación de más de mil 390 millones de pesos que, en teoría, están destinados a tapar baches.

…Y reina caos en zona de exportación 

El corredor de exportación de Tijuana, 2.5 kilómetros que corren paralelos a la línea fronteriza con Estados Unidos, está bajo asedio de narcotraficantes, polleros, vendedores ambulantes y otros grupos criminales, lo que ya provocó reclamos del Gobierno vecino.

Con 20 metros de ancho, el corredor que lleva a la Aduana tiene dos dueños: el Gobierno federal, por medio del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), es propietario de dos kilómetros, pero los otros 500 metros son de un particular que opera una nave industrial en el lugar.

Todos los días, entre 3 mil 500 y 4 mil camiones usan ese camino para pasar exportaciones a EU.

«El corredor de exportación carece de mantenimiento, vigilancia y seguridad.

«(Hay) actos de tráfico de migrantes que aprovechan su nula vigilancia para saltar el muro; subirse a los camiones, ocultarse en la carga e ingresar a EU, así como posible contaminación de la mercancía con algún tipo de droga (colocan la droga en alguna parte del vehículo, sin que el conductor se percate), y vendedores ambulantes», afirmó Martínez García en un reporte dirigido «a la superioridad».

«Todo este descontrol provoca una serie deactividades que dañan la economía y provocan incertidumbre en los usuarios, además de la observación por parte del Gobierno de Estados Unidos», agregó.

Entre las empresas más afectadas por el desorden mencionó a Toyota, Samsung y Hyundai.

Una de las situaciones a las que se atribuye ese descontrol es que el contrato de seguridad privada con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) venció en febrero y no se había renovado, por lo que 80 elementos de la Guardia Nacional estaban tratando de suplir a los privados y vigilar 25 hectáreas del recinto fiscal, más las cinco hectáreas del corredor.

Martínez urgió a expropiar los 500 metros del corredor que son propiedad privada para incorporarlas por completo al recinto fiscal.

El 25 de julio, manifestantes habían bloqueado las vialidades que llegan al corredor de exportación, por lo que Martínez convocó a una reunión con múltiples funcionarios federales y estatales, cinco de ellos militares que operan en la ANAM, así como a la Guardia Nacional y a la Secretaría de Seguridad Pública local.