El 18 de abril, un juez federal dictó vinculación a proceso contra Pedro Martínez Araiza y Domitila Guzmán Olivera, un supuesto matrimonio que se asume propietario de 300 hectáreas de playa en Tilzapote,  comunidad de Santa María Tonameca. Esta resolución supone un avance para comuneros que han denunciado el despojo de sus tierras por décadas, dice la abogada Edith Santibáñez.

Estas dos personas presentaron escrituras falsas de una compra-venta en 2002, de las cuales hay indicios que se prefabricaron con la notaria María Antonieta Velásquez Chagoya, y  que misteriosamente se registraron hasta 2018 en el Registro Público de la Propiedad ubicado en San Pedro Pochutla.

A partir del fallo del juez, las amenazas contra la abogada Edith Santibáñez, el abogado Wiliam Méndez y los comuneros y comunas se incrementaron, por lo que a los defensores se les designaron escoltas para proteger su integridad.

De acuerdo con Juan Carlos Zavala, para el Universal, la demanda de la comunidad de Tilzapote logró avanzar gracias  a la solicitud realizada al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien instruyó a garantizar justicia para la comunidad. Sólo hasta ese momento se judicializó la denuncia que presentaron ante la FGR.