Un juez federal aceptó la demanda colectiva interpuesta por una organización civil en contra de cinco constructoras del Tren Maya, a las que reclama por iniciar las obras del Tramo 5 sin contar con todos los permisos ambientales que exige la ley. 

Dicha demanda fue interpuesta por la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado (ONRE), en contra de Grupo México, la española Acciona y otras tres razones sociales de la constructora ICA. 

La demanda, que fue admitida el pasado 13 de mayo por el Juzgado Octavo de Distrito en Material Civil en la Ciudad de México, reclama daños iniciales de las obras por hasta 27 mil millones de dólares que, en caso de que la justicia sentencie a favor de la ONRE, deberán pagar las constructoras. 

“Que sean constructoras poderosas no nos inhibe; al contrario, nos estimula. Y nuestro mensaje en esta demanda es claro: sin Manifestación de Impacto Ambiental y sin todos los permisos, no hay obra. Y si no saben el impacto ecológico que tendrán las obras del tren en cuevas y cenotes, tampoco puede haber obras”, dijo Jesús Alberto Guerrero, director de la ONRE, asociación civil que se ha especializado en la representación colectiva de afectados por políticas públicas o acciones de privados. 

Guerrero explicó que para presentar la demanda 60 científicos elaboraron un expediente de más de 300 fojas, en el que se denuncia que más de 240 hectáreas de obras del Tren Maya ya provocaron “una devastación total de selva media y alta, que está en excelente estado de salud”.