A finales del año pasado, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Vías Generales de Comunicación para castigar hasta con hasta siete años de prisión a quienes tomen las casetas de cobro y bloqueen carreteras con fines de lucro.
Los imputados fueron detenidos el pasado 3 de abril por elementos de la Guardia Nacional (GN) por la toma de la caseta de cobro 79 de Caminos y Puentes Federales (Capufe), ubicada en Carretera Federal 135-D, kilómetro 219+920, en San Pablo Huitzo, al noroeste de la capital.
Se trata de Noé «M», Gabildo «G», Pablo «M», Leonel «M», Carlos «R», Diego «J» y Abraham «G», quienes presuntamente impedían el cobro de peaje y solicitaban dinero a los conductores para permitirles el paso, con el argumento de pertenecer a una organización social.
Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal dictó vinculación a proceso por dichos delitos.
El juzgador fijó un plazo de dos meses para concluir la investigación complementaria y les impuso como medida cautelar prisión preventiva justificada en el Cefereso 13, en Miahuatlán de Porfirio Díaz.
La nueva ley dice: Quienes dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación serán sancionados con 3 meses a 7 años de prisión y una multa que irá desde los 9 mil 622 hasta los 48 mil 110 pesos.
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