La defensa de Luis Benítez Alcántara niega los cargos y pide que sea juzgado en México; en paralelo, la fiscalía estadounidense acusó a otros dos implicados de operar una red de protección con funcionarios mexicanos
El juez federal mexicano Luis Benítez Alcántara, de 49 años, permanece detenido en Colombia, mientras Estados Unidos tramita su extradición por nueve cargos relacionados con un presunto soborno de 2 millones de dólares para liberar a Andrew Clark, señalado como segundo al mando de la organización criminal atribuida al exatleta olímpico canadiense Ryan Wedding. Los cargos son acusaciones de la fiscalía y deberán ser demostrados ante un tribunal; hasta ahora, el juez no ha comparecido ante ninguna corte estadounidense.
La detención
Benítez Alcántara fue arrestado el domingo 1 de noviembre de 2026 en el aeropuerto internacional de Bogotá, cuando se disponía a abordar un vuelo hacia la Ciudad de México, en un operativo de la Policía Nacional de Colombia coordinado con el FBI. El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer el caso el 5 de noviembre y anunció que solicitará su extradición para que responda ante la corte federal del Distrito Central de California.
De acuerdo con medios que citan la acusación, los cargos corresponden a encubrimiento posterior al hecho, y cada uno podría conllevar una pena máxima de 15 años de prisión.
Lo que sostiene la acusación
Según la fiscalía estadounidense, Clark fue detenido el 8 de octubre de 2024 en Guadalajara, Jalisco, a petición de Estados Unidos, que lo requería por delitos de narcotráfico, homicidio e intento de homicidio. Su proceso de extradición quedó bajo la supervisión de Benítez Alcántara, entonces juez de distrito en la capital del país.
La acusación afirma que, entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, Clark transfirió aproximadamente 2.75 millones de dólares a través de intermediarios y en pequeñas cantidades, y que negoció pagar cerca de 2 millones de dólares al juez a cambio de su libertad. El 24 de febrero de 2025, Benítez Alcántara ordenó su liberación bajo fianza. Clark fue detenido de nuevo cinco días después y enviado a Estados Unidos.
El director del FBI, Kash Patel, señaló que los hechos ocurrieron mientras Wedding dirigía una organización transnacional descrita como el mayor proveedor de cocaína hacia Canadá, con conexiones en Colombia, México y Estados Unidos. Wedding, quien figuraba entre los diez prófugos más buscados por el FBI, fue detenido en México en enero de 2026 y trasladado a Estados Unidos para ser juzgado.
Otras acusaciones por presunta red de protección
El 10 de noviembre, la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Central de California dio a conocer dos acusaciones más dentro del mismo caso.
La primera es contra Roberto Gómez, ciudadano estadounidense de 51 años, fugitivo en México, a quien se acusa de mantener contacto con personas con acceso a información sensible de corporaciones de seguridad de ambos países y de transmitirla a los cárteles de Sinaloa y Nueva Generación, incluido Wedding. Según la fiscalía, esa información incluía operativos, detenciones, aseguramientos, órdenes judiciales y la presentación de cargos.
La segunda es contra Édgar Aaron Vázquez Alvarado, alias «El General», identificado como líder del Cártel Nuevo Imperio, quien murió la semana pasada durante un operativo en el Estado de México. La acusación sostiene que proporcionaba a la organización de Wedding palabras clave, que cambiaban casi a diario, para pasar sin ser detenidos por puestos de control de fuerzas de seguridad y personal militar, y que pagaba a funcionarios mexicanos para retrasar investigaciones, eliminar pruebas y desestimar cargos.
Medios locales señalan que la acusación vincula a Benítez Alcántara con esa red de protección, aunque, hasta el momento, no se ha detallado públicamente cómo se le relaciona con cada uno de los otros acusados.
La postura de la defensa
El abogado del juez, Miguel González Sánchez, rechazó que haya recibido un soborno y sostuvo que la resolución cuestionada, que sustituyó la medida cautelar impuesta a Clark, fue una decisión legítima de un juez de la República. Indicó que Benítez Alcántara se encontraba en Colombia para participar en un foro jurídico.
La defensa pide que cualquier posible responsabilidad se determine en México. Sin embargo, el propio abogado reconoció que en el país no existe un proceso penal abierto contra el juez. El 10 de noviembre, su equipo presentó en Colombia un recurso para solicitar su libertad inmediata, al alegar irregularidades en la notificación de su captura, y anunció que se opondrá a la extradición.
Qué sigue
En Colombia, la solicitud formal de extradición debe pasar por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que verifica el cumplimiento de los requisitos legales sin determinar si el juez recibió o no el soborno. La decisión final corresponde al presidente de ese país.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum informó el 11 de noviembre que su gobierno tenía conocimiento de una orden de aprehensión emitida por Estados Unidos contra el juez, que este salió de México antes de ser detenido y que el tema fue remitido al gabinete de seguridad y al Poder Judicial. Además, el Tribunal de Disciplina Judicial abrió una investigación en su contra.
Fuentes: Departamento de Justicia de Estados Unidos; FBI; Expansión; Infobae; Proceso; Milenio; Excélsior; El Informador; El Tiempo; Mexico News Daily.