Oaxaca concentra la violencia contra personas defensoras; México registra 77 atentados en 25 meses del gobierno de Sheinbaum

OAXACA, OAX.— Defender la tierra, proteger los recursos naturales, exigir justicia o buscar a familiares desaparecidos continúa siendo una actividad de alto riesgo en México. Durante los primeros 25 meses del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, organizaciones civiles documentaron 77 atentados contra la vida de personas defensoras de derechos humanos, entre asesinatos y desapariciones, lo que representa un promedio de tres agresiones mensuales.

De acuerdo con el monitoreo Todos sus Nombres, Todas sus Luchas, elaborado por Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA A.C.), entre el 1 de octubre de 2024 y el 28 de octubre de 2026 se registraron 70 asesinatos y siete desapariciones forzadas. De estas últimas, cuatro personas fueron localizadas con vida, mientras que tres continúan desaparecidas.

Las cifras contrastan con el discurso oficial sobre la reducción de homicidios en el país y evidencian que la defensa de los derechos humanos, el territorio y el medio ambiente sigue desarrollándose en un contexto de violencia, criminalización e impunidad.

El informe, difundido en el marco del Día de Muertos como un ejercicio de memoria y reivindicación, advierte que la violencia contra quienes defienden causas sociales no puede normalizarse ni reducirse a estadísticas, pues detrás de cada caso existen historias de personas que fueron asesinadas por su compromiso con sus comunidades.

Oaxaca, el estado más peligroso para defender derechos

Oaxaca ocupa el primer lugar nacional en asesinatos de personas defensoras, con 20 casos, equivalentes al 28.6 por ciento del total documentado. Le siguen Guerrero y Jalisco, con nueve asesinatos cada uno.

En el último año analizado, Oaxaca y Guerrero registraron seis homicidios de personas defensoras, respectivamente, mientras que Guanajuato contabilizó cuatro.

La situación resulta particularmente preocupante en la región sur-sureste, que concentra el 45.8 por ciento de los asesinatos registrados. Además de Oaxaca y Guerrero, Chiapas reportó tres casos.

EDUCA señala que la violencia en esta región está estrechamente relacionada con los conflictos territoriales, las disputas políticas, la defensa de los bienes naturales y las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan numerosas comunidades indígenas.

Entre las víctimas se encuentran autoridades agrarias, campesinos, integrantes de organizaciones sociales, defensores ambientales y representantes comunitarios que enfrentaban conflictos por la tierra, el agua, los bosques y los proyectos de infraestructura.

Defender el territorio y buscar desaparecidos, entre las actividades más peligrosas

El monitoreo identifica tres grandes ámbitos de defensa que concentran el 75.7 por ciento de los atentados: la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente sano, con 31.4 por ciento; la exigencia de verdad y justicia, con 22.9 por ciento, y la defensa de los derechos civiles y políticos, con 21.4 por ciento.

Uno de los datos más alarmantes corresponde a las personas buscadoras. Desde el inicio del actual sexenio, 16 integrantes de colectivos de búsqueda, madres, padres y familiares de personas desaparecidas fueron asesinados, lo que representa el 22.9 por ciento de los casos.

Estas personas enfrentaban amenazas y agresiones mientras exigían respuestas a las autoridades y realizaban labores de búsqueda para localizar a sus familiares.

Entre las víctimas se encuentran madres buscadoras como María del Carmen Morales, Teresa González Murillo, Patricia Acosta Rangel y Ruby Patricia Gómez Tagle, así como padres buscadores que fueron asesinados en distintas entidades del país.

El informe advierte que buscar a una persona desaparecida se ha convertido también en una actividad que puede costar la vida.

Pueblos indígenas, los más golpeados por la violencia

Otro hallazgo relevante es que el 60 por ciento de las personas defensoras asesinadas pertenecían a pueblos indígenas y comunidades afromexicanas.

De las 70 víctimas, 41 tenían identidad indígena y una identidad afromexicana, lo que revela el impacto diferenciado de la violencia sobre quienes defienden los territorios y derechos colectivos de sus comunidades.

En el registro aparecen integrantes de los pueblos mixteco, mixe, triqui, nahua, zapoteco, purépecha, tsotsil, wixárika, otomí, me’phaa y otros pueblos originarios.

En el caso de Oaxaca, destacan los asesinatos de autoridades comunitarias, dirigentes sociales y defensores territoriales, varios de ellos vinculados con conflictos agrarios y disputas por los recursos naturales.

La memoria como exigencia de justicia

A través de la campaña Alas y Raíces de los Movimientos Sociales en Oaxaca, EDUCA subraya que documentar los nombres de las personas asesinadas no constituye únicamente un ejercicio estadístico, sino una forma de reconocer sus aportaciones y mantener vigentes las causas por las que fueron agredidas.

La organización recuerda historias como la de Gerardo Cruz Palacios, quien defendía el derecho a la vivienda; el sacerdote tsotsil Marcelo Pérez Pérez, comprometido con la construcción de paz en Chiapas; Abraham Alejandro Gobel Gómez, defensor ambiental, y Adriana Ortiz García, quien participaba en la búsqueda de familiares desaparecidas.

Sus historias representan las distintas luchas que atraviesan el país y el costo humano que enfrentan quienes se organizan para defender la vida, la justicia y el territorio.

EDUCA advierte que las autoridades de los tres niveles de gobierno continúan enfrentando dificultades para reconocer plenamente la labor de las personas defensoras. Asimismo, señala que persisten discursos y prácticas que criminalizan sus actividades o cuestionan la información documentada por organizaciones civiles.

El monitoreo se construyó con información de organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas la Red TDT, el Comité Cerezo, CEMDA, IM-Defensoras, Global Witness, Front Line Defenders y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.