Investigación de EU revela red de precursores de fentanilo que operaba en México desde 2019

Documentos de una investigación estadounidense revelan que una organización vinculada con el Cártel de Sinaloa habría traficado sustancias químicas utilizadas para fabricar fentanilo desde al menos 2019, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El expediente identifica rutas internacionales, cargamentos interceptados y presuntos operadores de la red, mientras que las autoridades de Estados Unidos también han señalado posibles conexiones con personajes políticos mexicanos.

Nacional | 12 de octubre de 2026

Una investigación de autoridades estadounidenses ha puesto nuevamente bajo escrutinio las declaraciones del expresidente Andrés Manuel López Obrador sobre la producción de fentanilo en México, al documentar operaciones de tráfico de precursores químicos que se remontan al inicio de su administración.

El expediente identifica a José Ángel Rivera Zazueta, conocido como El Flaco o Don Flaco, como presunto coordinador y financiador de una organización dedicada a introducir sustancias químicas procedentes de Asia para la fabricación de drogas sintéticas, particularmente fentanilo.

Rivera Zazueta fue detenido el pasado 22 de septiembre en la Ciudad de México, en cumplimiento de una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos.

Su captura y los detalles de la investigación adquieren relevancia porque las operaciones investigadas coinciden con el periodo en el que López Obrador sostuvo públicamente que el fentanilo no se producía en territorio mexicano, afirmación que generó desacuerdos con autoridades estadounidenses.

Una ruta internacional de China a México, con escala en Alaska

Las investigaciones de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), con participación de autoridades de Taiwán, identificaron una presunta red de abastecimiento de precursores químicos que utilizaba rutas de transporte aéreo desde Asia hacia América del Norte.

De acuerdo con el expediente de extradición, entre 2019 y el 15 de marzo de 2022, Rivera Zazueta habría coordinado operaciones relacionadas con una sustancia conocida como 4-AP, utilizada en procesos de fabricación ilícita de fentanilo.

Los investigadores identificaron envíos procedentes de China y Taiwán, transportados mediante aerolíneas internacionales y con conexiones en Anchorage, Alaska, antes de su posible traslado a la Ciudad de México.

La investigación permitió ubicar al menos dos cargamentos de 25 kilogramos de 4-AP cada uno, interceptados el 5 de agosto y el 20 de noviembre de 2020 por autoridades estadounidenses en Alaska.

Ambos aseguramientos sumaron 50 kilogramos de un precursor químico que podía ser utilizado para sintetizar fentanilo.

Las autoridades también analizaron comunicaciones de presuntos integrantes de la organización, en las cuales se hacía referencia al traslado de estas sustancias desde Hong Kong hacia México.

Aunque los decomisos acreditan la existencia de cargamentos interceptados, no demuestran por sí solos que esas dos remesas hayan ingresado a territorio mexicano, pues fueron aseguradas antes de completar su trayecto. Sin embargo, los documentos estadounidenses identifican a México como uno de los destinos de la red investigada.

Estados Unidos había identificado a la organización desde 2023

El caso no comenzó con la detención de septiembre. El 30 de enero de 2023, el Departamento del Tesoro estadounidense ya había sancionado a Rivera Zazueta por su presunta participación en el tráfico internacional de sustancias utilizadas para fabricar drogas sintéticas.

En aquel momento, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) identificó operaciones de su organización en Culiacán, Sinaloa, y la Ciudad de México, así como conexiones con otros continentes.

También señaló que la red mantenía relaciones comerciales con Shanghai Fast-Fine Chemicals, empresa china previamente sancionada por enviar precursores químicos a organizaciones criminales mexicanas, presuntamente mediante documentación o etiquetados engañosos.

La dependencia estadounidense indicó entonces que sus acciones contra Rivera Zazueta habían contado con la colaboración del Gobierno de México.

Esto significa que, desde enero de 2023, existían señalamientos oficiales públicos sobre la participación de una organización asentada en México en la fabricación de fentanilo, aunque ello no permite establecer qué información específica conocía personalmente el entonces presidente.

Las declaraciones de López Obrador sobre el fentanilo

Durante su administración, López Obrador rechazó en distintas ocasiones que México fuera un país productor de fentanilo y sostuvo que buena parte de la sustancia provenía de Asia.

En marzo de 2023, tras ser cuestionado sobre la existencia de laboratorios clandestinos, reconoció que en México se realizaban procesos relacionados con esa droga, particularmente la elaboración de pastillas, aunque insistió en distinguir esas actividades de la producción de la sustancia.

Posteriormente, el 17 de abril y el 31 de mayo del mismo año, volvió a sostener que el fentanilo no se producía en territorio mexicano y argumentó que las materias primas llegaban desde países asiáticos.

Sus declaraciones contrastaban con las investigaciones estadounidenses que señalaban la existencia de laboratorios de síntesis y redes de importación de precursores químicos en México.

No obstante, es importante distinguir entre el tráfico de precursores, la fabricación de fentanilo y el acondicionamiento de la droga en pastillas, pues son actividades diferentes que pueden formar parte de una misma cadena criminal.

La documentación estadounidense contradice la negación general de que existiera producción ilícita de fentanilo en México, pero no constituye, por sí misma, una prueba de que López Obrador haya participado en esas operaciones o las haya protegido.

Investigación también alcanza a personas con vínculos políticos

El caso adquirió una nueva dimensión el 29 de septiembre de 2026, cuando el Departamento del Tesoro estadounidense anunció sanciones contra integrantes y presuntos colaboradores de distintas estructuras del Cártel de Sinaloa.

Entre los señalados aparece Rafael Buenrostro Martín, quien se desempeñó como funcionario aduanal en Chihuahua y asesor legislativo en Baja California.

La OFAC lo identificó como una persona cercana a Rivera Zazueta y afirmó que habría utilizado contactos e influencia política para favorecer sus actividades criminales a cambio de sobornos.

En esa misma investigación, las autoridades estadounidenses señalaron a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, por presuntas actividades de apoyo y protección a integrantes del Cártel de Sinaloa.

Además, Estados Unidos volvió a incluir a Rivera Zazueta en sus medidas de sanción y señaló que presuntamente utilizaba una casa de cambio y una empresa de transporte para facilitar operaciones financieras vinculadas con la organización criminal.

Las sanciones estadounidenses tienen consecuencias económicas y financieras, pero no equivalen a una sentencia penal condenatoria. Tampoco permiten atribuir automáticamente responsabilidad a otros funcionarios o integrantes de partidos políticos.

Rivera Zazueta enfrenta un procedimiento de extradición

La detención de Don Flaco ocurrió el 22 de septiembre de 2026 en la colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

La operación fue realizada por autoridades federales mexicanas, con intercambio de información del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la DEA.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que el detenido era requerido por la justicia estadounidense por delitos relacionados con el tráfico de drogas y el traslado internacional de precursores químicos.

Tras su captura, quedó sujeto al procedimiento judicial correspondiente. Un juez federal concedió un plazo de 60 días a las autoridades estadounidenses para formalizar la solicitud de extradición y presentar la documentación necesaria.

Su entrega a Estados Unidos no es automática, ya que debe tramitarse conforme al procedimiento legal aplicable.

Hasta el momento, los señalamientos penales contra Rivera Zazueta deben entenderse como acusaciones sujetas a resolución judicial.

¿Qué revela el caso sobre el combate al fentanilo en México?

La investigación permite reconstruir parte de una red de suministro de precursores químicos que operaba internacionalmente desde hace varios años y que tenía vínculos con territorio mexicano.

También muestra que las autoridades estadounidenses habían identificado estas actividades durante el sexenio de López Obrador, al grado de imponer sanciones desde enero de 2023, antes de que concluyera su administración.

El expediente vuelve a plantear interrogantes sobre la capacidad de las instituciones mexicanas para detectar el ingreso de sustancias químicas, vigilar las cadenas de suministro e identificar posibles redes de corrupción que facilitan las operaciones de las organizaciones criminales.

Sin embargo, todavía es necesario diferenciar la información confirmada mediante decomisos, detenciones y sanciones oficiales de las acusaciones individuales que deberán ser probadas ante los tribunales.

Por ahora, el elemento central del caso es que Estados Unidos había documentado una estructura dedicada al abastecimiento de sustancias para fabricar fentanilo en México mientras el entonces presidente negaba públicamente que esa droga se produjera en el país.

La investigación y el procedimiento de extradición podrían aportar nuevos elementos para esclarecer el alcance de la organización y las responsabilidades de sus presuntos integrantes.