Capturan a red de ASAEO y a funcionaria municipal por extorsión

Las seis personas quedaron a disposición del Ministerio Público, que deberá determinar su situación jurídica. Hasta este momento, su detención representa una investigación en curso y no una sentencia de responsabilidad penal.

Por Oscar Valdivieso

Oaxaca.- Una funcionaria del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez y otras cinco personas fueron detenidas en Santa Cruz Xoxocotlán durante un operativo de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), que las señala como presuntas integrantes de una célula vinculada con la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO), investigada por extorsión y cobro de piso.

Entre las personas detenidas se encuentra I. J. M. H., de 27 años, identificada por la Fiscalía como directora de Fomento Cultural del Municipio de Oaxaca de Juárez.

 

También fue detenido B. Y. S., señalado como empleado particular de la funcionaria. La propia dependencia confirmó las identidades mediante iniciales y precisó las ocupaciones de los seis detenidos.

Los otros detenidos son L. E. C. G., comerciante y coordinador de la Organización 21 de Diciembre; otro hombre identificado con las mismas iniciales, también señalado como comerciante y coordinador de esa organización; M. P. C. M., comerciante del giro de frutas y verduras, y A. A. A. V., también comerciante.

De acuerdo con la FGEO, las seis personas estarían relacionadas con una estructura cuya zona de mayor operación se ubicaba en Santa Cruz Xoxocotlán y distintos puntos de la Zona Metropolitana de Oaxaca, con actividades que presuntamente alcanzaban a la capital del estado.

La investigación señala que entre las personas afectadas por esta estructura se encontrarían comerciantes establecidos y ambulantes, locatarios y trabajadores del transporte, incluidos taxistas, mototaxistas y conductores de plataformas digitales. La Fiscalía sostiene que el grupo exigía pagos para permitir que las víctimas desarrollaran sus actividades económicas.

Además del denominado cobro de piso, la dependencia investiga una presunta operación de préstamos bajo el esquema conocido como “gota a gota”, en la que, según la Fiscalía, se utilizaban mecanismos de intimidación para garantizar el pago.

El operativo fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación de campo iniciados a partir de denuncias de comerciantes. La FGEO informó que uno de los objetivos de las indagatorias era identificar a operadores encargados de realizar los cobros a transportistas. La intervención se realizó con participación de la Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Defensa, Guardia Nacional y Policía Estatal.

Durante el despliegue fueron asegurados teléfonos celulares que, de acuerdo con la Fiscalía, podrían contener información relacionada con la red de cobros y permitir ampliar las investigaciones hacia otras personas.

La detención de la funcionaria municipal introduce además una dimensión institucional al caso, debido a que la persona señalada ocupaba un cargo dentro del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Registros públicos muestran que Irán Judith Martínez Hernández había participado previamente en actividades oficiales de Fomento Cultural del municipio.

Versiones difundidas tras el operativo también han relacionado a algunos de los detenidos con familiares del fallecido comerciante y transportista Marco Antonio Córdova García, conocido como “El Charangas”.

Las seis personas quedaron a disposición del Ministerio Público, que deberá determinar su situación jurídica. Hasta este momento, su detención representa una investigación en curso y no una sentencia de responsabilidad penal.

La Fiscalía informó que continuará con las diligencias para establecer el alcance de la estructura investigada, identificar a otros posibles integrantes y determinar la responsabilidad individual que corresponda a cada una de las personas detenidas.

El caso vuelve a colocar bajo escrutinio la presencia de organizaciones señaladas por autoridades por presuntas actividades de extorsión en la Zona Metropolitana, pero también abre una pregunta adicional: qué controles existen dentro de los gobiernos municipales para detectar posibles vínculos de servidores públicos con estructuras que son objeto de investigaciones penales. 

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