Nayarit: la disputa por la tierra turística escala entre denuncias de despojo, litigios y nuevos proyectos de inversión

Bahía de Banderas, Nayarit.— La disputa por los terrenos de mayor valor turístico de Nayarit ha entrado en una nueva etapa. Mientras el gobierno de Miguel Ángel Navarro Quintero sostiene que el llamado Megaoperativo Nuevo Nayarit permitió recuperar patrimonio público que habría sido transferido irregularmente durante administraciones anteriores, propietarios, ejidatarios, abogados y habitantes de comunidades costeras denuncian que los procedimientos utilizados por las autoridades han derivado en presiones, procesos penales y conflictos por el control de tierras con alta plusvalía.

La controversia, que durante años se concentró en la recuperación de predios vinculados al antiguo Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA), ahora tiene un nuevo componente: el Fondo Soberano Nuevo Nayarit (FOSONN), esquema mediante el cual el gobierno estatal busca asociar activos públicos —principalmente terrenos e infraestructura— con capital privado para desarrollar proyectos turísticos y productivos.

La investigación publicada por Proceso en enero de 2026 planteó una de las versiones más críticas sobre este proceso. El reportaje recogió denuncias de propietarios y abogados que atribuyen al gobierno estatal el uso de carpetas de investigación, órdenes de aprehensión y prisión preventiva como mecanismos de presión para recuperar terrenos. La publicación también cuestionó el destino de los inmuebles recuperados y su eventual incorporación a nuevos proyectos inmobiliarios. 

De la recuperación patrimonial al conflicto por la propiedad

El gobierno estatal sostiene una narrativa distinta. De acuerdo con información difundida por El Universal y Milenio, el Megaoperativo Nuevo Nayarit se diseñó para recuperar terrenos que, según las investigaciones oficiales, fueron vendidos o transferidos irregularmente durante administraciones anteriores.

En noviembre de 2025, autoridades estatales y federales informaron de la recuperación de aproximadamente 9.6 millones de metros cuadrados en la Riviera Nayarit y señalaron que alrededor de 93% del patrimonio identificado como irregular ya había sido recuperado. El gobierno ha vinculado estas operaciones con presuntas irregularidades cometidas durante los gobiernos de Ney González y Roberto Sandoval. 

La Jornada también documentó desde 2023 la recuperación de inmuebles, lotes, playas y embarcaderos en Bahía de Banderas y Compostela, algunos de los cuales, según las autoridades, habían sido vendidos a precios considerados irregulares o habían terminado en manos de particulares mediante operaciones cuestionadas. 

El problema es que la recuperación de patrimonio público y las denuncias de despojo a particulares no son necesariamente la misma historia. El conflicto actual surge precisamente de esa frontera: quién tenía legítimamente la propiedad, qué actos jurídicos fueron válidos y cuáles fueron irregulares, y hasta dónde puede llegar el Estado para recuperar un bien que considera suyo.

Ejidatarios denuncian una nueva presión sobre la costa

Las acusaciones no se han limitado a empresarios.

En agosto de 2026, Excélsior publicó testimonios de ejidatarios de siete comunidades de la costa de Nayarit, quienes denunciaron que autoridades estatales utilizan procesos penales y operativos para presionarlos a entregar derechos sobre terrenos. Según los testimonios recogidos por el medio, algunos habitantes enfrentaron detenciones o investigaciones que relacionan con sus disputas por la propiedad.

La denuncia coincide con uno de los señalamientos centrales del reportaje de Proceso: que el conflicto por la tierra dejó de ser exclusivamente civil o administrativo y comenzó a trasladarse al terreno penal.

Otro frente surgió alrededor de los abogados que representan a propietarios. Excélsior reportó en enero el caso del abogado Joel Marín García, cuya detención fue relacionada por el medio con una disputa inmobiliaria y con los litigios derivados del Megaoperativo. Una síntesis informativa de la Suprema Corte también recogió las acusaciones formuladas por empresarios y abogados sobre presuntas presiones para que propietarios cedieran bienes bajo amenaza de acciones penales. 

Estos señalamientos, sin embargo, forman parte de litigios y denuncias en curso y no equivalen por sí mismos a una determinación judicial de que exista un esquema institucional de despojo.

Notarios y jueces, otro frente de la disputa

La confrontación también alcanzó a integrantes del sistema jurídico.

En agosto, Excélsior publicó testimonios de notarios que, bajo condición de anonimato, denunciaron presiones relacionadas con documentación de predios e inmuebles. El medio señaló que algunos fedatarios temen enfrentar investigaciones penales si sus actuaciones entran en conflicto con los intereses de las autoridades en los litigios inmobiliarios. 

Días después, el mismo periódico publicó un reportaje sobre las acusaciones de abogados respecto de supuestas presiones dentro del Poder Judicial estatal en procesos relacionados con terrenos reclamados por el FIBBA. 

La relevancia de estos señalamientos radica en que el conflicto ya no se reduce a la pregunta de quién es propietario de determinado terreno. También involucra la actuación de fiscales, jueces, notarios, abogados y funcionarios encargados de determinar la legalidad de las operaciones.

FOSONN: el nuevo capítulo de las tierras recuperadas

La controversia adquirió una dimensión económica distinta con la creación del Fondo Soberano Nuevo Nayarit.

Presentado públicamente en marzo de 2026, el FOSONN pretende convertir activos estratégicos del estado en proyectos productivos mediante asociaciones con inversionistas privados. El Financiero explicó que el esquema contempla que el gobierno aporte activos y que los inversionistas contribuyan con capital y capacidad operativa, mientras el Estado participa en los beneficios de los proyectos.

El propio fondo sostiene que su objetivo es desarrollar proyectos inmobiliarios, turísticos, industriales y de otros sectores mediante alianzas con capital privado, con la finalidad de generar rentabilidad y beneficios económicos para Nayarit. 

La administración estatal ha defendido este modelo como una manera de convertir patrimonio público recuperado en infraestructura, inversión y recursos para programas sociales y pensiones. En septiembre, durante su quinto informe de gobierno, Navarro afirmó que los bienes recuperados permanecerán como propiedad del pueblo de Nayarit y que el gobierno estatal participará aproximadamente con 18% de las utilidades de los proyectos desarrollados mediante este esquema. 

Es precisamente aquí donde las denuncias retomadas por Proceso adquieren relevancia: los críticos del operativo cuestionan no solamente cómo se recuperaron determinados terrenos, sino quién terminará beneficiándose de su explotación económica.