Caso Cornell: reabren investigación por presunta violación grupal y siete estudiantes quedan bajo escrutinio

Una demanda civil presentada por una exestudiante de la Universidad de Cornell reavivó un caso ocurrido en 2024 que durante casi dos años no produjo cargos penales. La mujer, identificada judicialmente como “Jane Doe”, acusa a siete integrantes de la fraternidad Chi Phi de haberla agredido sexualmente durante varias horas cuando se encontraba bajo los efectos del alcohol y drogas. La Fiscalía del condado de Tompkins reabrió ahora la investigación, Cornell aceptó una revisión externa de su actuación y la Fiscalía General de Nueva York también examina la respuesta de la universidad. Los siete hombres señalados niegan, total o parcialmente, las acusaciones y, hasta este 1 de octubre, ninguno ha sido formalmente acusado de un delito. 

Internacional | 1 de octubre de 2026

Un caso ocurrido hace casi dos años dentro de una fraternidad de la Universidad de Cornell, una de las instituciones que integran la Ivy League estadounidense, se convirtió esta semana en un asunto de repercusión nacional después de que salieran a la luz una demanda civil, mensajes intercambiados entre estudiantes y nuevos detalles sobre la investigación inicial.

La controversia, conocida en redes sociales como el caso de “los siete de Cornell”, gira alrededor de una mujer que tenía 20 años cuando, según su demanda, fue víctima de múltiples agresiones sexuales entre la noche del 19 y la madrugada del 20 de octubre de 2024 dentro de la residencia de la fraternidad Chi Phi, en Ithaca, Nueva York. 

Lo que la mujer afirma que ocurrió aquella noche

De acuerdo con la demanda civil, la estudiante había consumido alcohol durante varias horas antes de dirigirse alrededor de las 23:00 horas a la casa de Chi Phi para encontrarse con Matthew Ingalls, a quien consideraba amigo.

El documento sostiene que llegó visiblemente intoxicada y que, una vez dentro de la residencia, algunos miembros de la fraternidad le proporcionaron más alcohol, marihuana y ketamina. La demandante afirma que fue presionada para consumir esta última sustancia, que nunca había probado anteriormente.

Según su relato judicial, lo que comenzó como una interacción con dos estudiantes derivó después en la entrada de más hombres a la habitación y en una serie de actos sexuales para los que asegura no haber dado consentimiento. La mujer sostiene que llegó a encontrarse completamente incapacitada y que los hechos continuaron hasta aproximadamente las 5:45 de la mañana. 

La demanda contiene además una captura de un grupo de Snapchat denominado “Chi Phi Actives”. En ella, uno de los demandados habría enviado alrededor de la 1:42 de la madrugada un mensaje que decía “free pussy upstairs”, invitando a otros miembros de la fraternidad a subir.

La existencia y significado de ese mensaje forman parte de las pruebas que ahora vuelven a ser examinadas por las autoridades. 

Los siete hombres nombrados en la demanda

La acción civil identifica por nombre a siete estudiantes o exestudiantes de Cornell:

Estos nombres aparecen públicamente porque los siete son demandados en un procedimiento civil, pero esa condición no equivale a una condena penal ni a una declaración judicial de culpabilidad.

Hasta este 1 de octubre de 2026, ninguno de ellos ha sido formalmente imputado penalmente por los hechos descritos en la demanda. Documentos internos revisados por medios estadounidenses indican que los hombres sostuvieron ante investigadores de Cornell que los encuentros fueron consensuados. Abogados de algunos de los demandados han rechazado públicamente las acusaciones y aseguran contar con pruebas que contradicen la versión de la demandante. 

La denuncia existía desde 2024

Uno de los puntos que ha provocado mayor controversia es que el caso no surgió en 2026.

La mujer reportó lo ocurrido a la Policía de la Universidad de Cornell en noviembre de 2024. La universidad suspendió temporalmente a Chi Phi y abrió posteriormente un procedimiento bajo el Título IX, la legislación federal estadounidense que prohíbe la discriminación por razón de sexo en instituciones educativas que reciben fondos federales.

Cornell ha asegurado que su investigación derivó en expulsiones, suspensiones y otras sanciones, aunque por razones de privacidad no ha precisado públicamente qué medida recibió cada estudiante.

La demanda sostiene, además, que algunos de los involucrados pudieron presentar ensayos para intentar mitigar determinadas sanciones temporales. Cornell ha rechazado la interpretación de que escribir ensayos haya sido el único castigo impuesto y subraya que hubo estudiantes expulsados y suspendidos. El abogado de Jane Doe afirma que únicamente dos de los siete fueron expulsados. 

La organización nacional Chi Phi aseguró esta semana que tanto el capítulo de Cornell como la fraternidad nacional expulsaron de sus filas a los miembros que entendieron estaban involucrados en el episodio. El capítulo de Cornell permanece cerrado y fuera del campus. 

¿Por qué no hubo cargos penales en 2024?

La actuación de la Fiscalía del condado de Tompkins se encuentra ahora en el centro de las preguntas.

El fiscal Matthew Van Houten explicó que en 2024 decidió no presentar cargos después de recibir una declaración escrita elaborada a partir de la investigación de la policía universitaria. Según su explicación, el documento describía el consumo de alcohol y drogas y parte de la actividad sexual como voluntarios y conscientes y, a juicio de la Fiscalía, no contenía entonces elementos suficientes para configurar un delito conforme a la legislación de Nueva York.

Van Houten también reconoció que su oficina no realizó una investigación independiente, sino que se basó en el trabajo remitido por la policía de Cornell. 

El caso ha abierto además un debate sobre la propia ley de Nueva York. La normativa distingue entre una persona incapacitada después de haber consumido sustancias voluntariamente y alguien a quien se le administraron sin su consentimiento, una diferencia que puede dificultar determinadas acusaciones por violación cuando la víctima tomó alcohol o drogas por decisión propia antes de quedar incapacitada.

Legisladores estatales han retomado propuestas para modificar esa distinción y establecer con mayor claridad que una persona intoxicada puede ser incapaz de consentir independientemente de cómo llegó a ese estado. 

La transcripción que volvió a poner todo en duda

La explicación de la Fiscalía recibió un nuevo cuestionamiento esta semana.

CBS News obtuvo la transcripción de una entrevista realizada por la policía universitaria a Jane Doe los días 14 y 15 de noviembre de 2024. En esa conversación, la joven diferenció lo ocurrido inicialmente de los actos posteriores y declaró de manera explícita que estaba segura de haber sido violada.

También dijo que había intentado apartar a uno de los hombres, que manifestó incomodidad, que en otros momentos estaba demasiado cansada para continuar respondiendo y que terminó encontrándose “completamente” incapacitada.

El fiscal Van Houten dijo a CBS que nunca había visto esa transcripción antes de decidir no presentar cargos. La versión escrita de seis páginas que recibió su oficina aparentemente no incluía algunas de esas afirmaciones expresas. Tras conocer la existencia del documento, dijo que solicitaría revisarlo y volvería a consultar con la policía de Cornell. 

La diferencia entre la entrevista completa y el resumen enviado a los fiscales se ha convertido así en una de las principales preguntas del caso: qué información estaba disponible en 2024, qué llegó realmente a la Fiscalía y por qué no se profundizó entonces en la investigación.

La demanda civil revive el caso casi dos años después

A mediados de septiembre de 2026, Jane Doe presentó una demanda de más de 100 páginas en un tribunal de Nueva York contra los siete hombres, Cornell University, distintas organizaciones relacionadas con Chi Phi, entidades vinculadas con su propia hermandad estudiantil y otros demandados.

Además de las acusaciones contra los siete estudiantes, responsabiliza a la universidad y a otras organizaciones de no haber prevenido adecuadamente los hechos o de haber respondido de manera insuficiente posteriormente.

Cornell rechaza haber minimizado el caso y sostiene que inició una investigación exhaustiva, aplicó sanciones y cerró el capítulo de Chi Phi. 

La investigación penal está oficialmente reabierta

La presión pública generada tras conocerse la demanda produjo un cambio importante.

El fiscal Van Houten confirmó el 28 de septiembre que reabrió la investigación penal y que el caso será presentado ante un gran jurado, que podrá valorar las pruebas y determinar si existen fundamentos para formular cargos.

La nueva investigación contempla la declaración de Jane Doe y la revisión de evidencia adicional que, según la Fiscalía, no había sido valorada de la misma forma en 2024. 

Esto tampoco significa que los siete hombres hayan sido imputados. El gran jurado deberá determinar si existen elementos suficientes para formular alguna acusación penal y, de ser así, contra quién y por qué delitos.

Cornell también será investigada de forma independiente

La controversia dejó de limitarse a determinar qué ocurrió aquella noche.

Este 1 de octubre, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, informó que habló con el presidente de Cornell, Michael Kotlikoff, y que la universidad aceptó contratar asesoría externa para realizar una revisión independiente de la forma en que manejó el caso.

La investigación deberá evaluar si Cornell cumplió con sus obligaciones de protección, investigación y respuesta ante una denuncia de violencia sexual. 

Al mismo tiempo, la oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, confirmó que inició su propia revisión civil sobre la actuación de la universidad.

Por separado, dirigentes políticos como el senador Chuck Schumer también han pedido que la investigación externa sea exhaustiva e independiente. 

Un caso que también cuestiona la cultura de las fraternidades

La polémica ocurre en una universidad que ya había enfrentado episodios graves relacionados con fraternidades.

Cornell ha adoptado durante años medidas para controlar novatadas, consumo excesivo de alcohol y violencia dentro de estas organizaciones. Después de una muerte relacionada con novatadas en 2019, reforzó controles sobre fiestas; en 2022 suspendió temporalmente reuniones de fraternidades después de denuncias sobre agresiones sexuales y posibles casos de estudiantes drogados.

El episodio denunciado en Chi Phi habría ocurrido apenas dos años después. 

El caso también ha provocado protestas, pronunciamientos de estudiantes y exalumnos y una discusión nacional sobre la manera en que las universidades estadounidenses investigan la violencia sexual.

El periódico estudiantil independiente The Cornell Daily Sun, que dio amplio seguimiento a la demanda, incluso publicó un editorial con los nombres de los siete demandados, argumentando que la universidad debía rendir cuentas por su respuesta. Los nombres ya formaban parte de documentos judiciales públicos. 

Qué está probado y qué continúa bajo investigación

Hasta ahora existen varios hechos verificables: Jane Doe denunció el episodio ante la policía universitaria en 2024; Cornell abrió un procedimiento interno y aplicó sanciones; la Fiscalía decidió entonces no presentar cargos; una demanda civil fue presentada en septiembre de 2026; y la investigación penal ha sido reabierta.

En cambio, las circunstancias exactas de los encuentros sexuales, el grado de consentimiento o incapacidad de la mujer, la responsabilidad individual de cada uno de los siete demandados y la eventual existencia de delitos siguen siendo materia de investigación y litigio.

La reapertura del expediente significa que el caso vuelve ahora al terreno penal, pero será el proceso judicial —y no la presión en redes sociales— el que deberá establecer si existen elementos suficientes para formular cargos y, posteriormente, responsabilidades.

Etiquetado ,