Detenidos por el asesinato del periodista Alejandro Leyva tienen presuntos vínculos con el sindicato ASAEO

Las cuatro personas presentadas ante el Ministerio Público por el homicidio del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, ocurrido el 22 de julio en San Pablo Etla, tendrían presuntos vínculos con la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO), organización señalada reiteradamente por el propio comunicador en sus columnas. El caso, que la Fiscalía General de la República atrajo a través de la FEADLE, mantiene como principal línea de investigación la labor periodística de la víctima.

Política | 31 de agosto de 2026

Un ataque planeado en segundos

La mañana del 22 de julio de 2026, Alejandro Leyva Aguilar desayunaba en un puesto de comida sobre la vía pública, cerca de su domicilio en el fraccionamiento La Esmeralda, municipio de San Pablo Etla. De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), dos sujetos a bordo de una motocicleta lo vigilaron durante casi dos horas antes de interceptarlo. Uno de los agresores descendió del vehículo, realizó una llamada telefónica y disparó contra el periodista, quien recibió tres impactos de bala. El ataque, según las cámaras de videovigilancia analizadas por las autoridades, se consumó en apenas 28 segundos.

Tras el homicidio, los responsables huyeron hacia el municipio de San Lorenzo Cacaotepec, donde cruzaron el río Atoyac por un puente y tomaron un camino de terracería. Ahí abandonaron la motocicleta, una sudadera y el arma de fuego, la cual fue desarmada y arrojada en distintos puntos. Posteriormente abordaron un automóvil Peugeot modelo 2026 sin placas, en el que finalmente escaparon.

Leyva Aguilar era director del portal Objetivo 7, exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) y autor de la columna en redes sociales «El Zumbido del Moscardón», donde abordaba de forma crítica temas de corrupción, delincuencia organizada y el desempeño de funcionarios públicos estatales.

Cuatro personas presentadas: un estatus procesal en disputa

A 36 horas del crimen, el fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, informó en conferencia conjunta con la Fiscalía General de la República (FGR) que cuatro personas se encontraban en calidad de presentadas ante el Ministerio Público. Según el fiscal, estas personas habrían tenido contacto con los presuntos autores materiales del crimen y aportan información a la investigación, aunque en ese momento no habían sido formalmente detenidas ni vinculadas a proceso.

Existe una discrepancia entre las fuentes consultadas sobre el estatus legal de estas cuatro personas: mientras algunos medios reportaron la captura como una «detención» formal, otros precisaron que se trataba únicamente de comparecencias voluntarias o forzadas ante el Ministerio Público, sin que mediara una vinculación a proceso confirmada en las primeras horas. Los identificados de manera preliminar son A.M., A.M. y F.J.P., mientras que los datos generales de una cuarta persona se mantienen bajo reserva.

La FGEO también dio a conocer el retrato hablado de uno de los presuntos autores materiales, además de asegurar la motocicleta, el automóvil y el arma de fuego presuntamente utilizados en el ataque.

El señalamiento hacia ASAEO

La Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO) es una organización social que agrupa a transportistas, comerciantes y prestadores de servicios, formada con sectores desprendidos de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y de la Catem. Su líder fáctico es identificado como Iván Ríos, conocido como «El Cuqui». La organización ha sido señalada por controlar la Central de Abastos de Oaxaca, participar como grupo de choque contra manifestaciones y respaldar al candidato afín al gobernador en las pasadas elecciones de rectoría en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO).

En sus columnas, Leyva Aguilar había señalado de manera insistente presuntos vínculos entre Noé Jara, hermano del gobernador Salomón Jara, y la dirigencia de ASAEO. Testigos citados por medios locales reportaron además la presencia de un mototaxi de ASAEO cerca del lugar del crimen al momento de los hechos, unidades que según esas versiones habrían ingresado recientemente a la zona sin autorización de la Secretaría de Movilidad, aunque con anuencia de la autoridad municipal.

Tras conocerse las presentaciones ante el Ministerio Público, integrantes de ASAEO se movilizaron en la región de los Valles Centrales y convocaron, a través de grupos de mensajería instantánea, a concentrar unidades de carga como forma de presión para exigir la liberación de los presentados. La dirigencia de la organización desistió de la protesta luego de establecer comunicación con las autoridades, por lo que no se registraron alteraciones al orden público.

Amenazas denunciadas sin respuesta institucional

Leyva Aguilar había denunciado amenazas de muerte desde julio de 2025, cuando presentó denuncias formales contra el gobernador Salomón Jara, el secretario de Gobierno, Jesús Romero, y el consejero jurídico del gobierno estatal, Geovany Vásquez Sagrero, ante instancias estatales y federales. Según reportes periodísticos, ninguna autoridad le brindó medidas de protección, y el expediente remitido por la Fiscalía General de la República a la fiscalía estatal se habría extraviado.

El comunicador responsabilizó públicamente a estos funcionarios de cualquier situación que pudiera ocurrirle a él o a su familia, señalamientos que hasta el momento no han derivado en imputaciones formales por parte de la autoridad.

Un gremio golpeado por la violencia

Organizaciones defensoras de la libertad de prensa documentaron que el asesinato de Leyva Aguilar fue el quinto homicidio de un periodista registrado en México en un lapso de seis semanas. La organización Artículo 19 México y Centroamérica exigió al Estado mexicano mantener como línea prioritaria de investigación la actividad periodística de la víctima y esclarecer el crimen conforme a estándares internacionales.

El homicidio también evidenció divisiones dentro del gremio periodístico oaxaqueño, atribuidas por algunos comunicadores a la existencia de convenios de publicidad oficial con ciertos medios. Organizaciones como el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores Capítulo Oaxaca, la Asociación de Periodistas de Oaxaca (APO), el Sindicato Nacional de Medios de Comunicación (SINMCO) y el Movimiento Periodismo en Riesgo conformaron un frente común el 1 de agosto para exigir justicia y garantías de seguridad para el ejercicio periodístico en la entidad.

Al menos una periodista, corresponsal de un medio nacional en Oaxaca, recibió amenazas de muerte tras condenar públicamente el crimen y fue dotada de escoltas por la Fiscalía estatal como medida de protección.

Nota: El artículo original de Reforma sobre este tema no pudo ser consultado debido a restricciones de acceso del sitio. Esta nota fue elaborada y verificada con base en reportes de El Universal Oaxaca, La Jornada, Excélsior, El Imparcial de Oaxaca, NVI Noticias, Página3, Estado20, LatAm Journalism Review y Artículo 19 México y Centroamérica.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona señalada como probable responsable de un delito goza de presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme. Ninguna de las personas mencionadas en esta nota ha sido vinculada a proceso ni sentenciada al momento de esta publicación.