La asociación Periodismo y Libertad de Expresión exigió una revisión integral del funcionamiento de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) tras el homicidio del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar. La organización oaxaqueña pidió además que esa instancia atraiga todas las carpetas del fuero común en las que estén involucrados periodistas por su ejercicio profesional.
Política | 27 de julio de 2026
Evaluar eficacia, respuesta y resultados
La asociación civil planteó que la revisión debe evaluar la eficacia, la capacidad de respuesta y los resultados de la fiscalía especializada de la Fiscalía General de la República en la investigación y persecución de los delitos cometidos contra periodistas.
Sostuvo que la corrupción, la impunidad y la falta de independencia que persisten en diversas fiscalías estatales vuelven indispensable que la FEADLE ejerza la facultad de atracción prevista en la Constitución, sin formalismos excesivos que retrasen el acceso a la justicia.
El planteamiento va más allá de los homicidios: la organización pidió que la atracción se aplique de manera pronta y efectiva a todas las carpetas de investigación del fuero común en las que se encuentren involucrados periodistas o medios de comunicación en el marco de su ejercicio periodístico.
Demandas por daño moral y violencia política, bajo la lupa
Uno de los señalamientos centrales del pronunciamiento apunta a un terreno menos visible que la violencia física: el uso de instrumentos legales como forma de presión. La organización pidió revisar el incremento de los procedimientos civiles por daño moral promovidos contra periodistas, para verificar que no constituyan mecanismos de censura ni litigios estratégicos destinados a inhibir la libertad de expresión.
Advirtió también sobre el uso indebido de procedimientos relacionados con la violencia política cuando son empleados por servidores públicos de manera desproporcionada para inhibir, sancionar o restringir el trabajo periodístico. Señaló que la protección de los derechos políticos debe coexistir con la garantía plena de la libertad de expresión, y que ninguna figura jurídica debería servir para silenciar el escrutinio público.
Finalmente, planteó que el Gobierno Federal establezca un diálogo permanente con periodistas, comunicadores y personas defensoras de derechos humanos, mediante reuniones periódicas de carácter nacional, estatal y municipal que permitan identificar riesgos y construir políticas públicas de fortalecimiento de los mecanismos de protección.
El antecedente que pesa sobre la exigencia
La demanda de revisar a la FEADLE adquiere una dimensión particular al considerar la propia historia del caso. El 14 de julio de 2025, Alejandro Leyva presentó una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca contra el gobernador Salomón Jara Cruz. Dos días después, el 16 de julio, interpuso una denuncia ante la FGR contra el mandatario, el consejero jurídico Geovany Vásquez Sagrero y el secretario de Gobierno Jesús Romero López.
El 30 de julio de 2025, la FGR se declaró incompetente para investigar esa denuncia, con el argumento de que se trataba de hechos sobre presuntas amenazas. Por su parte, la Defensoría señaló que de los hechos denunciados no se advertía algún acto atribuible a servidor público estatal o municipal.
Un año después, el comunicador fue asesinado y la misma instancia federal terminó atrayendo el caso.
La federación tomó el expediente
La FGR informó el jueves 23 de julio la atracción del caso a través de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, que será la responsable de las indagatorias. Para ejercer esa facultad, la FEADLE se puso en contacto con la Fiscalía de Oaxaca, con el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y con la familia del comunicador.
Leyva Aguilar, de 58 años, fue asesinado de tres disparos la mañana del miércoles 22 de julio en el fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla. Fue director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y autor de la columna «El Zumbido del Moscardón», cuya última entrega se publicó horas antes del crimen. La fiscalía estatal reportó cuatro personas presentadas con presuntos vínculos con el caso.
La respuesta del gobernador
En un encuentro con periodistas realizado el viernes 24 de julio en el Palacio de Gobierno, Salomón Jara Cruz descartó solicitar licencia al cargo y se dijo dispuesto a comparecer ante la FGR si es citado formalmente. Aseguró que no existen elementos que lo vinculen con el asesinato y sostuvo que su administración fue la primera en solicitar la intervención federal para evitar dudas sobre la imparcialidad.
El gobernador afirmó que no habrá protección para ningún funcionario, dirigente sindical, organización o partido político si las investigaciones acreditan responsabilidades, e incluyó expresamente en esa lista a su hermano, Noé Jara Cruz.
El encuentro estuvo marcado por reclamos del gremio. Una periodista increpó al mandatario y sostuvo que el ataque provino del Estado. Otros comunicadores señalaron que no todos habían sido convocados inicialmente al encuentro; tras las inconformidades, personal del gobierno extendió la invitación a quienes permanecían afuera, aunque varios decidieron no ingresar.
El video en el que Leyva responsabilizaba al gobernador y a los dos funcionarios de cualquier agresión en su contra fue grabado en noviembre de 2025 y volvió a circular tras su muerte.
Nota: el homicidio de Francisco Alejandro Leyva Aguilar se encuentra bajo investigación y no existe persona sentenciada. Las cuatro personas presentadas ante la autoridad no han sido vinculadas a proceso al cierre de esta edición. En apego al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona señalada tiene derecho a la presunción de inocencia. Los señalamientos formulados en vida por el comunicador contra funcionarios estatales no han sido acreditados por ninguna autoridad judicial.
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