Ocho núcleos agrarios de Valles Centrales rechazan el Corredor Vial Zapoteco y exigen consulta previa

Representantes de ejidos y comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca acordaron rechazar la ejecución del Corredor Vial Zapoteco BinniZa (antes Libramiento Sur) y conformaron un frente conjunto para exigir una consulta previa, libre e informada antes de cualquier obra en sus territorios. Acusan además que el gobierno estatal ha buscado dividir a las comunidades mediante negociaciones por separado.

Regiones de Oaxaca | 23 de julio de 2026

Un frente conjunto contra el proyecto carretero

Durante una asamblea realizada en Santa María Zaachila, representantes agrarios de Cuilápam de Guerrero, Santa María Zaachila, Santa María Asunción Roaló, Barrio La Guadalupe, La Raya Zimatlán, Reyes Mantecón, Santa Catarina Quiané y Santa Ana Zegache conformaron el Frente de Ejidos y Comunidades Agrarias en Defensa del Territorio contra el Corredor Vial Zapoteco, según consignó El Imparcial de Oaxaca. El encuentro tuvo como objetivo analizar los avances del proyecto impulsado por los gobiernos estatal y federal y definir una postura conjunta frente a lo que consideran una falta de participación comunitaria.

El proyecto, promovido por la administración de Salomón Jara Cruz bajo el nombre de Corredor Vial Zapoteco o Corredor Binnizá, corresponde en realidad al histórico Libramiento Sur de Oaxaca, un trazo carretero de más de 67 kilómetros que había sido detenido en 2010 tras la resistencia de comunidades indígenas frente a gobiernos anteriores. De acuerdo con reportes previos de este medio, la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto fue modificada en 2019 y aprobada en 2021 por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales sin que mediara entonces una consulta pública.

Denuncian falta de información y de consulta

En el acta de la asamblea, las autoridades agrarias señalaron que hasta ahora las comunidades no han recibido los estudios técnicos, ambientales, sociales y culturales necesarios para conocer el impacto real de la obra. Afirmaron que no les han sido presentados documentos como la Manifestación de Impacto Ambiental actualizada ni estudios especializados sobre las posibles afectaciones al territorio, los recursos naturales, el patrimonio biocultural y las formas tradicionales de vida.

El Frente sostuvo que cualquier proyecto que impacte territorios indígenas debe cumplir con procesos de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, conforme a los derechos reconocidos en normas nacionales e internacionales.

Los representantes agrarios señalaron en el documento que ejecutar el proyecto sin garantizar esa participación equivale a una imposición contraria a los derechos colectivos de los núcleos agrarios y de las comunidades indígenas zapotecas y mixtecas de los Valles Centrales.

Acusan intentos de división comunitaria

Durante la reunión, los representantes comunitarios cuestionaron la forma en que, según ellos, se ha presentado el proyecto en sus localidades. Señalaron que personal de la Delegación de Paz Social del Gobierno de Oaxaca ha acudido a las comunidades para promover la obra, lo que aseguran ha generado divisiones internas. Las autoridades agrarias acusaron que la estrategia oficial busca establecer acuerdos separados con municipios y núcleos agrarios en lugar de impulsar un proceso colectivo con todas las comunidades involucradas.

Los acuerdos aprobados durante la asamblea rechazan de manera explícita la intención de «fragmentar a nuestras comunidades, ejidos y bienes comunales».

Esta denuncia coincide con testimonios recogidos previamente por El Imparcial de Oaxaca entre autoridades agrarias de la Villa de Zaachila, quienes han señalado que la administración estatal recurre a las presidencias municipales para negociar el proyecto, pese a que estas autoridades carecen de facultades legales sobre la propiedad social de la tierra, un asunto que, afirman, corresponde exclusivamente a los representantes agrarios.

Cuestionan el discurso oficial de desarrollo

Los integrantes del Frente señalaron que existe una contradicción entre la promoción de la identidad cultural de Oaxaca y la ejecución de proyectos de infraestructura que podrían modificar territorios donde se mantienen prácticas comunitarias, agrícolas y ceremoniales. En el documento expresaron que, mientras el estado reconoce la importancia de las comunidades indígenas como base cultural de la entidad, al mismo tiempo impulsa proyectos que, consideran, podrían afectar esos mismos espacios sin garantizar plenamente sus derechos colectivos.

Indicaron también que la justificación oficial del proyecto, relacionada con mejorar la movilidad y conectividad de la zona metropolitana de Oaxaca, no contempla las actividades productivas, ambientales y culturales de las comunidades involucradas. Otras organizaciones comunitarias, agrupadas desde meses atrás en el Frente de Comisariados por la Defensa de la Tierra y su Territorio, han documentado que la obra amenazaría tierras agrícolas de riego, pastizales y ecosistemas de vegetación primaria y secundaria en al menos 18 ejidos y comunidades de los Valles Centrales.

Acuerdan rechazo total y mantienen asamblea permanente

Tras el análisis del proyecto, las asambleas ejidales y comunales acordaron rechazar el Corredor Vial Zapoteco «o como en lo futuro lo denominen», al considerar que pretende construirse sobre sus territorios sin cumplir con los procedimientos de participación comunitaria. Entre sus acuerdos destacan exigir una consulta previa, libre, informada y de buena fe; el respeto a la autonomía comunitaria; el cumplimiento de la Ley Agraria, y el reconocimiento de los derechos indígenas.

También determinaron mantener la asamblea como permanente y convocarla de manera urgente ante cualquier situación relacionada con el proyecto. Los representantes agrarios acordaron que no habrá diálogo con el gobierno mientras el Estado mexicano no cumpla con el respeto a los derechos humanos colectivos de las comunidades, la Ley Agraria y el proceso de consulta.

Un conflicto territorial con más de una década de historia

El proyecto tiene su origen hace más de una década, cuando fue diseñado como Libramiento Sur, y fue abandonado por distintas administraciones estatales hasta que el gobierno actual lo retomó bajo un nuevo nombre. La postura de las comunidades representa un nuevo capítulo en la disputa por el desarrollo de infraestructura en Oaxaca. Mientras los gobiernos estatal y federal han planteado el corredor como una alternativa para mejorar la movilidad regional, los pueblos involucrados advierten que cualquier intervención deberá pasar primero por el reconocimiento de sus derechos colectivos.

El futuro del proyecto dependerá ahora de la capacidad de las autoridades para establecer mecanismos de diálogo que incorporen las demandas comunitarias y eviten una mayor confrontación social en los Valles Centrales.