Oaxaca de Juárez, Oax. La denuncia ciudadana contra presuntos despojos de vehículos, extorsiones y abuso de autoridad por parte de agentes de la Fiscalía General del Estado sigue creciendo: al menos 30 casos ya están documentados y el creador de contenido Señor Blue afirma reunir más de 90 reportes. El escándalo, detonado por el video de un taxi con reporte de robo en manos de un comisionado municipal, llevó a la Fiscalía a cancelar la figura de depositaría temporal a favor de municipios, un esquema que en 2023 llegó a 60 unidades y hoy mantiene 22 en proceso de conclusión. El caso revive además un pasado incómodo: en 2024, personal de la propia Fiscalía fue separado de sus cargos precisamente por el manejo irregular de unidades en depositaría.
Política | 21 de julio de 2026
Un GPS destapó el caso
El escándalo se detonó cuando el creador de contenido conocido como Señor Blue difundió el rastreo por GPS de un taxi foráneo asegurado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) bajo un reporte de robo. Pese a que su propietario gestionaba la devolución, la unidad, presuntamente repintada y con modificaciones en la carrocería, fue localizada en posesión de Heriberto Porras Vásquez, comisionado municipal de Mazatlán Villa de Flores, quien acreditó su uso con un documento de depositaría cuya validez es ahora materia de revisión.
La denuncia sostiene que no se trata de un hecho aislado, sino de un presunto esquema en el que vehículos asegurados son sustraídos de corralones, alterados en talleres y devueltos a circulación con documentos de depositaría presuntamente irregulares, señalamientos que se encuentran bajo investigación. La Fiscalía General del Estado abrió los expedientes internos 83/A.I./C.I./2026, de su Contraloría Interna, y 466/vis.gral./2026, de su Visitaduría General, mientras el equipo legal del denunciante, con acompañamiento de legisladores, prepara denuncias ante la Fiscalía General de la República.
El vicefiscal general de Control Operativo, Alejandro Ramírez, reveló el historial de la unidad: el vehículo fue robado en Tlaxcala en junio de 2024 y llegó a Oaxaca «clonado», con una factura apócrifa de agencia y los números de serie alterados para coincidir con la documentación de una unidad siniestrada ya pagada por una aseguradora, una técnica que permite a los autos robados circular sin activar las alertas de la Plataforma México. De acuerdo con esta versión oficial, el taxista lo adquirió de buena fe bajo un aparente esquema de legalidad y lo operaba como taxi colectivo, la propietaria legal resultó ser la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA) y la unidad fue entregada a finales de junio, tras la respuesta de la agencia automotriz que desconoció la factura.
«Yo pido al fiscal que nos apoye con las unidades»
Lejos de deslindarse, el gobernador reconoció en su conferencia semanal que la entrega de vehículos asegurados a autoridades municipales es una práctica que él mismo gestiona. «Yo pido al fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla que nos apoye con las unidades que están en depósito o decomisadas. Hay vehículos que llevan 10, seis u ocho años y los presidentes municipales los arreglan y los tienen», declaró, y precisó que Mazatlán Villa de Flores «no es el único» municipio beneficiado. Sobre el taxi señalado, admitió que «era un vehículo que estaba, efectivamente, sobre la carpeta de una investigación».
La justificación del mandatario, sin embargo, no corresponde al caso que detonó el escándalo: el taxi foráneo localizado en manos del comisionado municipal es una unidad modelo 2023, con reporte de robo vigente apenas desde junio de 2024 y asegurada por la AEI en febrero de este año, es decir, un vehículo reciente y en uso por su poseedor al momento del aseguramiento, no una unidad con seis, ocho o diez años de abandono en un corralón como las que describió el gobernador.
Especialistas en materia jurídica han advertido que un bien asegurado no pasa automáticamente a propiedad del Estado: su resguardo responde a la cadena de custodia prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales y, en el caso de vehículos robados, existen víctimas con derechos sobre esos bienes. Señalan además que la Fiscalía es un órgano autónomo, por lo que el destino de bienes bajo investigación no debería sujetarse a peticiones del Poder Ejecutivo. En medio de las indagatorias, Jara Cruz anunció la creación de un instituto para administrar bienes asegurados, sin que hasta ahora se haya informado quién autorizó las entregas ya realizadas, con qué fundamento legal ni cuántas unidades se encuentran en esa situación.
Fiscalía cancela las depositarías municipales
Dos días después de la declaración del gobernador, la Fiscalía anunció un paquete de medidas de control sobre los vehículos asegurados. La más relevante es la cancelación inmediata de la depositaría temporal a favor de autoridades municipales, un esquema que, según la propia institución, llegó a incluir 60 unidades en 2023 y que hoy se reduce a 22 vehículos en proceso de conclusión. La dependencia estableció además que todo vehículo recuperado deberá devolverse a su propietario legítimo en un máximo de 72 horas una vez acreditada la propiedad, y anunció la puesta en operación, la próxima semana, de un padrón público consultable en línea con el registro de vehículos robados y recuperados en el estado.
El contralor interno, Jorge Cruz Caballero, explicó que la depositaría, regulada por los artículos 239 y 246 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es una figura temporal que requiere inventario previo y permanece siempre a disposición del Ministerio Público, y precisó que cerca del 90 por ciento de los vehículos recuperados por robo en el estado son propiedad de la OCRA y no de particulares. Las medidas derivan de una autorrevisión interna, presentada como Modelo de Integridad Institucional, que identificó espacio para condicionamientos indebidos en cuatro áreas: la integración de carpetas, los peritajes, el resguardo de vehículos y el uso de corralones y grúas, servicio este último que opera sin regulación de tarifas en el estado y para el que la Fiscalía impulsará una reforma.
La institución informó que en la actual administración 102 personas servidoras públicas han sido sancionadas por conductas contrarias al servicio público, entre ellas, según reportes de prensa, elementos de la AEI y agentes del Ministerio Público procesados por sustraer autos de corralones no oficiales y regresarlos a circulación. Anunció además la digitalización de las carpetas patrimoniales para reducir su resolución de hasta tres años a un máximo de tres meses, un centro de atención en línea disponible las 24 horas para denuncias, y el envío al Congreso local, la próxima semana, de una reforma para endurecer sanciones a servidores públicos que condicionen trámites. «Una Fiscalía fuerte no es aquella que nunca reconoce sus errores, sino aquella que tiene la capacidad de identificarlos, corregirlos y evitar que vuelvan a repetirse», declaró el fiscal Rodríguez Alamilla al presentar las medidas.
La denuncia colectiva crece: al menos 30 casos
Lejos de cerrarse con las medidas de la Fiscalía, el caso ha escalado. En los días posteriores, decenas de ciudadanos se sumaron a una denuncia colectiva que reúne testimonios de presuntos despojos de vehículos, detenciones arbitrarias, extorsiones y abuso de autoridad atribuidos a agentes ministeriales y corporaciones estatales. El creador de contenido conocido como Señor Blue informó que ha recopilado más de 90 reportes documentados y que presentará inicialmente 30 expedientes ante las autoridades correspondientes, con el objetivo, dijo, de que se dé seguimiento público a los casos y avancen las investigaciones.
Los relatos, difundidos en video y recogidos por medios locales, coinciden en un patrón: aseguramientos bajo el argumento de que las unidades tenían reporte de robo o estaban ligadas a delitos de alto impacto, seguidos de trabas para recuperarlas pese a contar con documentación de propiedad. Uno de los afectados aseguró que fue detenido y acusado de que su camioneta había participado en «robo, secuestro y delitos de alto impacto»; otro sostuvo que durante la revisión se habría alterado el número de serie de su vehículo, que después el REPUVE reportó sin novedad. Varios denunciantes describieron presuntas exigencias de dinero: uno afirmó que le pidieron 20 mil pesos para liberar a un detenido y otro relató que le solicitaron 40 mil pesos y terminó pagando 20 mil «por miedo» a ser encarcelado.
Algunos testimonios sostienen además que vehículos asegurados por las autoridades habrían reaparecido siendo utilizados por personal oficial, uno de los aspectos que más indignación ha generado y que conecta con el señalamiento original del taxi. Las acusaciones no han sido acreditadas judicialmente y continúan en distintas etapas de investigación. Los afectados exigen la recuperación de sus unidades, el avance de sus carpetas y el esclarecimiento de los hechos, mientras el caso abre un debate sobre los mecanismos de control interno y rendición de cuentas en las corporaciones de seguridad y procuración de justicia del estado.
Las denuncias ciudadanas también han comenzado a señalar que el esquema de depositarías no habría beneficiado únicamente a autoridades municipales. De acuerdo con los testimonios recopilados por los denunciantes y difundidos públicamente, existen señalamientos de que vehículos recuperados o asegurados también habrían sido asignados en depositaría a personas servidoras públicas adscritas a distintas instituciones del estado, incluyendo órganos autónomos —entre ellos la propia Fiscalía General del Estado—, dependencias del Poder Ejecutivo, así como otros poderes, específicamente el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Entre las unidades mencionadas por los denunciantes figuran camionetas, automóviles y vehículos utilitarios deportivos (SUV) de diversas marcas, como Volkswagen y Jeep, entre otras. Hasta el momento, estas afirmaciones forman parte de denuncias ciudadanas y no han sido confirmadas oficialmente por las autoridades, por lo que su legalidad y circunstancias particulares continúan sujetas a investigación.
La contradicción con 2024
El reconocimiento del gobernador contrasta con la manera en que la propia Fiscalía trató el manejo de las depositarías hace menos de dos años. En agosto de 2024, la institución separó de sus cargos a cinco integrantes de su personal, adscritos a la Coordinación de robo de vehículos, por su probable involucramiento en actos de corrupción. De acuerdo con la información difundida entonces por la dependencia, las investigaciones internas revelaron que se solicitaba dinero para agilizar trámites y que las unidades se entregaban en depositaría como mecanismo para condicionar a las víctimas.
«No vamos a permitir este tipo de conductas, las cuales afectan de manera negativa a las víctimas, además socavan la confianza en la institución», declaró en aquel momento el fiscal Rodríguez Alamilla, quien aseguró que las medidas buscaban garantizar la no repetición. Sin embargo, en mayo de este año el propio fiscal confirmó dos nuevas carpetas de investigación por presuntos actos de corrupción en la venta de vehículos robados, una de ellas orientada a determinar la posible participación de funcionarios públicos.
La admisión de que las entregas de vehículos asegurados eran una práctica gestionada desde el Ejecutivo estatal y avalada por la titularidad de la Fiscalía plantea así una pregunta que las autoridades no han respondido ¿bajo qué criterio se determinó en 2024 que el personal cesado actuó por cuenta propia, si el uso de unidades en depositaría fuera del resguardo oficial formaba parte de una práctica institucional reconocida hoy públicamente? El esclarecimiento de esa frontera, entre las conductas atribuidas a servidores públicos individuales y las decisiones avaladas desde la cúpula, es, hasta ahora, una deuda pendiente de ambas instituciones.
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Nota legal: Las personas mencionadas o referidas en esta publicación gozan de la presunción de inocencia reconocida en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que deben ser consideradas inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria firme en su contra. Los señalamientos referidos se encuentran bajo investigación.