La familia del investigador del arte zapoteco Miguel Ángel Audiffred Bustamante denunció públicamente la existencia de una presunta red de despojo inmobiliario en Bahías de Huatulco, en la Costa de Oaxaca. En conferencia de prensa en la capital del estado, su hija Cecilia Audiffred y sus abogados responsabilizaron a dos vecinos y a la presidenta de un condominio del despojo de una propiedad en el residencial Conejos, y exigieron a la Fiscalía estatal investigar el caso, que incluiría amenazas y un presunto intento de secuestro.
Regiones de Oaxaca
20 de julio de 2026
La denuncia pública
Este miércoles 15 de julio, en conferencia de prensa realizada en la ciudad de Oaxaca, Cecilia Audiffred y su equipo legal denunciaron lo que describen como un esquema de despojo, hostigamiento y violencia contra su padre, propietario desde 2004 de dos inmuebles en el exclusivo fraccionamiento Conejos, en la zona hotelera de Bahías de Huatulco. Según la denunciante, la casa, ubicada en una zona de alta plusvalía, fue desmantelada hasta quedar inhabitable.
De acuerdo con la familia, en el presunto despojo estaría involucrada la inmobiliaria Hummingbird, presuntamente propiedad de uno o ambos de los señalados, que antes de apropiarse de la vivienda también habría ofertado de manera ilegal un terreno del padre en la misma zona. La Tinta Oaxaca no ha podido verificar de forma independiente la propiedad de dicha inmobiliaria ni las operaciones descritas, que forman parte de la denuncia de la parte afectada.
Los señalados
La familia Audiffred responsabilizó de estos hechos a sus vecinos Diego Barcelata Lagunes y Ernesto Cooper Forte, así como a la presidenta del condominio, a quienes señala como presuntos autores del despojo. Las imputaciones fueron hechas de manera pública por los denunciantes y, hasta el momento, ninguna autoridad ha determinado responsabilidades penales en contra de las personas mencionadas.
El caso se suma a las carpetas de investigación abiertas por el despojo de la propiedad en el residencial Conejos y por el presunto intento de secuestro que, de acuerdo con la denuncia, la propia Cecilia Audiffred vivió en julio de 2025.
Un conflicto que escaló
Según el relato de la familia, la situación de vulnerabilidad del investigador, agravada tras el deterioro de su salud y la separación de su pareja, habría sido aprovechada por un vecino que presuntamente buscó que le cediera el inmueble a cambio de una suma mínima, con presión constante. Al no concretarse la cesión, comenzó una etapa de hostigamiento que, de acuerdo con la denuncia, incluyó la destrucción de palapas dentro del predio y la presunta promoción en redes sociales de la venta del terreno.
Los denunciantes afirman haber presentado al menos cinco denuncias penales por acoso. El conflicto habría escalado el 29 de mayo de 2025, cuando, según la familia, un joven llegó de noche al domicilio y amenazó de muerte a Cecilia Audiffred, exigiéndole abandonar la vivienda con el argumento de que «ya estaba vendida». La afectada dijo haber registrado el rostro del agresor con cámaras de seguridad y presentado la denuncia ante la Fiscalía de Bahías de Huatulco. En julio de 2025, de acuerdo con su testimonio, fue sacada de su casa y abandonada cerca del río Copalita, hecho que la fiscalía habría clasificado como intento de secuestro debido a que los responsables no exigieron dinero por su liberación.
Carpetas desaparecidas y exigencia a la Fiscalía
Cecilia Audiffred denunció además la desaparición de tres carpetas de investigación abiertas en Huatulco en 2023 por intento de despojo y amenazas, por lo que exigió a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) indagar a funcionarios de la fiscalía regional. La familia pidió la intervención directa del fiscal general, Bernardo Rodríguez Alamilla, para esclarecer si detrás de los despojos opera una estructura delictiva coordinada con posibles nexos institucionales.
La postura del gobierno estatal
Tras la difusión del caso, el titular de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal del gobierno de Oaxaca, Geovany Vásquez Sagrero, señaló que el despojo de propiedades es un delito prioritario para la administración estatal por el daño social que genera. El funcionario invitó a las personas afectadas a acercarse para cruzar información con el Instituto de Catastro y el Instituto de la Función Registral, y revisar el historial registral de las propiedades. Aclaró que, de existir una carpeta de investigación iniciada, corresponde a la Fiscalía reunir los elementos del caso.
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Nota: las afirmaciones contenidas en esta nota corresponden a denuncias de la parte afectada y no han sido acreditadas ante un juez. Las personas señaladas se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario, conforme al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.